El informe del Citizen Lab de la Universidad de Toronto señala que los teléfonos móviles de 51 independentistas fueron infectados con el programa espía Pegasusentre 2017 y 2020. En 37 de ellos han conseguido datar el momento con cierto grado de exactitud: uno Jordi Sànchez, el que fuera presidente de la Asamblea Nacional Catalana, habría tenido lugar en 2017, durante el desafío soberanista con el Gobierno de Mariano Rajoy; los 35 restantes son posteriores a junio de 2018, tras la investidura de Pedro Sánchez, y se centran alrededor del juicio y sentencia del ‘procés’ –octubre de 2019– y más allá.
Fuentes de Inteligencia consultadas por ABC reconocen que el CNI estaba detrás del espionaje a los líderes
independentistas y que «algunas cosas no se hicieron bien». «Se está intentando arreglar», añaden, y describen la situación como una «gran crisis». En los últimos años de la etapa de Félix Sanz Roldán, director del CNI entre 2009 y 2019, hubo cierto «descontrol en algunos asuntos». Fue sustituido por la actual directora, Paz Esteban, una veterana del centro.
Fuentes conocedoras de los hechos, aseveran que ha habido cierto «abuso» de los ‘software’ de intervención de las comunicaciones y que se han reducido las peticiones al magistrado del Tribunal Supremo: «Ya no estamos tanto en la calle, no hay que ir a un despacho a colocar un micrófono, porque desde hace años es más efectivo intervenir el teléfono móvil». Otro conocedor del trabajo de Inteligencia sostiene que «es habitual echar un vistazo al objetivo, asomarse, y si ves algo, pues vas a por el juez para obtenerlo». Las fuentes recabadas, que han exigido el anonimato por razones obvias, aseguran que «el juez no puede autorizar más de 60 pinchazos de forma indiscriminada, incluyendo abogados y familiares». Por otro lado, un funcionario de Interior con fluida relación con los servicios de Inteligencia duda de que se hiciera con un número tan elevado de objetivos: «Cada móvil que infectas es una licencia de Pegasus que tienes que pagar, y eso es muy caro, hablamos de millones de euros» (en México pagaron 27 millones de euros por 500 infecciones). En cuanto al control judicial, añade que este ‘software’ israelí no se compra para intervenciones controladas por un magistrado: «Es muy invasivo, te permite apoderarte del móvil por completo, mucho más que pinchar las llamadas, pues puedes encender la cámara o el micrófono sin que el afectado se percate».
El CNI ha utilizado el sistema Pegasus y otros programas en operaciones internacionales, interviniendo teléfonos móviles de ciudadanos extranjeros fuera de España, por ejemplo en operaciones de contraterrorismo internacional en las que no es necesaria la autorización del juez del Tribunal Supremo. Entre los independentistas presuntamente espiados hay abogados o familiares, algo con un encaje en el marco legal difícilmente justificable.
«Más malos que los malos»
Un exagente de la Inteligencia española habla sin tapujos para ABC: «Los servicios secretos están para hacer cosas secretas, porque para todo lo demás ya están la Policía y la Guardia Civil. Y para tener éxito tenemos que ser más malos que los malos. Nosotros, por ejemplo, entramos en una embajada sin autorización judicial ninguna porque había que conseguir unos papeles». Lo justifica por la necesidad de un bien mayor: «Siempre ha habido intervenciones telefónicas poco escrupulosas porque vas al máximo».
El Centro Nacional es, según sus atribuciones oficiales, el organismo «responsable de facilitar al presidente y al Gobierno de la Nación las informaciones, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones». No cabe duda de que la deriva independentista en Cataluña era algo que el CNI debía investigar. Está en su ADN. No solo eso, sino que el Gobierno lo incluyó como uno de los asuntos prioritarios, pero el CNI está obligado a guardar silencio absoluto.
La intervención de las comunicaciones por parte de los servicios de inteligencia la regula la Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo, del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia. Determina el nombramiento de un magistrado del Tribunal Supremo «específicamente encargado del control judicial de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia».
El secretario de Estado director del CNI ha de solicitar al magistrado autorización para las acciones que afecten a la «inviolabilidad del domicilio» (colocar micrófonos, por ejemplo) y al secreto de las comunicaciones. El juez dispone de 72 horas para conceder o denegar la autorización, aunque este periodo puede reducirse a solo 24 horas «por motivos de urgencia debidamente justificados». Si el magistrado lo autoriza, el acceso al domicilio por parte de los espías se permite por sólo 24 horas, y las intervenciones de las comunicaciones, tres meses, «ambos casos prorrogables por sucesivos periodos iguales en caso de necesidad».
Margarita Robles, ministra de Defensa y máxima responsable del control político del Centro Nacional de Inteligencia, dijo que tanto el Gobierno como el CNI actúan «con arreglo a la ley vigente». Si las querellas anunciadas por los independentistas prosperan y un juez solicita información al Centro Nacional de Inteligencia, se pondrán al servicio de la justicia, aseguran en Defensa. Aun así, si un juez solicita datos sobre asunto al CNI, esta institución puede ampararse en la ley de Secretos Oficiales para no informar. «Así ocurrirá», sostienen fuentes de la inteligencia, que apuntan a una «solución política» del caso Pegasus, una «contraprestación» a los independentistas. En ese marco, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se reunió el domingo en Barcelona con la consejera de Presidencia de la Generalitat de Cataluña. No reconoció la responsabilidad del Gobierno en el caso Pegasus, pero la dio por hecho. Ofreció abrir el CNI a ERC y Junts Per Catalunya para «esclarecer los hechos», realizar un «control interno» del CNI, «desclasificar» documentos y constituir en breve la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso.
La actuación del Gobierno de Pedro Sánchez ha creado un hondo malestar en el CNI, donde algunos de sus miembros se sienten «abandonados y desprotegidos».
No atribuye responsabilidad
El informe elaborado por el laboratorio de la Universidad de Toronto (Canadá) Citizen Lab –controlado por el entorno de Carles Puigdemont a través de Elies Campo, uno de sus autores– no atribuyó directamente la responsabilidad al CNI pero también la dio por hecha: «No atribuimos de manera concluyente el ataque a un gobierno específico, pero una amplia evidencia circunstancial apunta al Gobierno español.
España mantiene un robusto aparato de seguridad e inteligencia en gran medida en función de la experiencia del país con el terrorismo y el crimen organizado. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) actúa como organismo de Inteligencia tanto nacional como internacional».
