La mayoritaria Asociación de Fiscales ha dirigido una carta a la Comisión Europea en la que denuncia el intento de la reforma del Estatuto orgánico de la carrera por la puerta de atrás. Se trata de la enmienda que el Grupo Socialista camufló en el proyecto de reforma de la ley Consursal y que prevé ascender a la categoría de fiscal de sala (la máxima de la carrera) al fiscal general tras su cese. Se trata de una reforma a medida de Dolores Delgado, pues salvo el caso de su antecesora, María José Segarra, todos los fiscales generales que ha habido hasta el momento ostentaban esta primera categoría cuando fueron nombrados por el Gobierno.
En la carta, fechada el 12 de abril y dirigida al comisario de Justicia, Didier Reynders y a la vicepresidenta de la UE para Valores y Transparencia, Vera Jourvá, la AF traslada su «honda preocupación» por que el texto de esta enmienda desoiga las recomendaciones que el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) y la propia Comisión vienen haciendo a España sobre la necesidad de potenciar la independencia del Ministerio Fiscal, someter las relaciones entre este y el Gobierno a los principios de publicidad y transparencia y desligar el nombramiento del Fiscal General del Estado de «decisiones puramente partidistas».
La necesidad de reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal es una «realidad incontestable» en un modelo procesal en el que está previsto que el fiscal, y no el juez instructor, asuma la investigación de los delitos, dice la AF. Pero esa reforma, añade, debería ir acompañada de la «necesaria reflexión» e informes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal. Sin embargo, con esta enmienda camuflada, «se escamotearán dichos informes y da la sensación de que su finalidad última es la de premiar a la actual fiscal general del Estado al cese de su mandato, lo que comportaría una mayor politización de la institución«.
Menoscabo de la independencia
En este sentido, la asociación mayoritaria advierte a las instituciones europeas del riesgo que esta reforma supone para el Estado de Derecho y pide que se adopten las medidas que entienda oportunas para evitar el menoscabo de la independencia del Ministerio Fiscal y de su imparcialidad como pieza clave en todo sistema democrático«.
La carta alude a la justificación que el Grupo Socialista hace de esta reforma amparándose en las recomendaciones del Greco, que en la parte que se refiere a las comunicaciones entre el Gobierno y el Ministerio Fiscal. Si bien se prevé que se hagan por escrito con registro del documento concreto, «olvida» la necesidad de que las mismas sean públicas, «como medio indispensable para hacer efectiva la transparencia que debe presidir la relación entre el Gobierno de la Nación y una de sus más altas instituciones«. A ello se suma que la necesidad de registro »desaparecerá« cuando el fiscal general informe por escrito al Gobierno por su propia iniciativa o cuando este lo interese y siempre que no exista obstáculo legal, sobre la actuación del Ministerio Fiscal en aquellos» asuntos de especial trascendencia« en que intervenga y que por su naturaleza o relevancia debe conocer. Desaparece del texto la posibilidad de que el Fiscal General sea llamado al Consejo de Ministros, pero a cambio se abre una nueva posibilidad de injerencia mediante una fórmula de relación del Gobierno con el Fiscal General, a instancia de este último, «absolutamente opaca», opina la AF.
Opacidad
Con esta enmienda (que hasta los socios del Gobierno de Sánchez han dicho que no apoyarán), prosigue la asociación, «nos encontraríamos ante una fiscal general del Estado, propuesta por un Gobierno que preside la misma persona que la hizo ministra, con quien compartió lista y proyecto electoral, que podrá informar al Gobierno de los asuntos que entienda de especial relevancia sin que deba dejar constancia por escrito de los informes que dirija al Gobierno a tal fin, ni por supuesto dar a conocer públicamente, no ya la información compartida, sino el simple hecho de compartir información con el Gobierno, que obtendrá la recompensa de adquirir la condición de Fiscal de Sala cuando cese como fiscal general del Estado«.
