- Nuestro modelo sanitario y educativo, ¿puede atender las necesidades de todos los refugiados ucranianos que llegan a España?
Las normas que hemos aprobado en España para responder a esta emergencia son, desde luego, de las más generosas, las más extensas a la hora de acoger a todos los desplazados de la guerra de Ucrania. A diferencia de otros países, aquí se cubren las necesidades de todos los afectados por la guerra por igual, con independencia de que, realmente, estuvieran en Ucrania cuando estalló el conflicto o de que vivieran ya en nuestro país. El Gobierno de España ha confirmado un compromiso a la altura del que está demostrando la sociedad española y la solidez de ese compromiso de país es la mejor garantía de que no se generarán tensiones.
- ¿Cuál es la cifra final de acogida que estiman?
Probablemente estemos hablando de que ya están en España unos 110.000-120.000 refugiados. Las llegadas se están desacelerando en los últimos días, pero todo dependerá de la evolución de la guerra, por lo que ahora mismo es muy difícil hacer predicciones. Y, al margen de los refugiados ucranianos que lleguen a nuestro país, nos hemos comprometido con una iniciativa de desplazamiento organizado desde Moldavia. Este contingente podría estar en torno a las 2.000 personas y también serán acogidas en España.
- ¿Qué impacto han valorado que tendrá en nuestro sistema educativo y sanitario?
Puede haber algún problema logístico puntual, pero el viernes tuve una reunión con los consejeros autonómicos y me transmitieron que no está habiendo ningún tipo de dificultad. Ahora mismo, las personas que están llegando se están distribuyendo por todo el territorio nacional, lo que permite que la situación tenga menos impacto, por ejemplo, que la que provocó la llegada de cientos de menores a Ceuta. Entonces, el Ministerio de Educación fue capaz de organizar la escolarización y todo funcionó razonablemente bien. Por el momento, lo que nos transmiten los consejeros es que se ha escolarizado a más de 7.000 niños de una manera bastante rápida. Además, todas las comunidades autónomas saben que están sufragados los gastos en los que incurran en el ámbito de sus competencias de sanidad, educación y menores no acompañados. Y habrá, asimismo, fondos europeos para cubrir estos gastos.
- ¿Están detectando movimiento de redes de trata de mujeres o niños?
Somos un país con muy buenos protocolos y con trabajadores sociales que tienen una formación y una experiencia extraordinaria sobre cómo abordar este problema; hay que estar tranquilos porque esos protocolos están funcionando.
- ¿De dónde sacamos el dinero para revalorizar las pensiones con respecto a un IPC de casi dos dígitos?
La sostenibilidad de un sistema de pensiones se evalúa a largo plazo y un proceso de inflación coyuntural como éste no afecta en absoluto a la fotografía agregada, a no ser que pensáramos que esto va a durar muchísimo tiempo, que no va a ser así. Por este motivo, me sorprenden mucho algunas aproximaciones cortoplacistas sobre la sostenibilidad de las pensiones, ya que no cuadran con una evaluación rigurosa de medio y largo plazo. También me sorprende mucho ver cómo se mira sólo al lado de los gastos y no al de los ingresos del sistema de pensiones: en la Seguridad Social nunca hemos tenido unos niveles de ingresos por cotizaciones sociales como estos últimos años. La Seguridad Social recauda 11 puntos del PIB en cotizaciones sociales. Hace cuatro o cinco años estábamos en el 9,5% del PIB. Se trata de un incremento de 1,5 puntos del PIB y es que, cuando se crea empleo, cuando se mantienen rentas y salarios, la Seguridad Social genera ingresos suficientes. Por ello es importante evitar las aproximaciones simplistas que sólo generan alarma social.
- Pero la Seguridad Social cerró 2021 con unos números rojos del 0,9 por ciento del PIB. Y sin contar el gasto añadido de una inflación que está superando todas las previsiones.
En el año 2022 la revalorización de las pensiones se realizó teniendo en cuenta la inflación media de los últimos doce meses medida en noviembre del año 2021; en el 2023, será la inflación media de todo este año, medida en noviembre, y veremos cuál es. Cuando llegue el momento veremos cuál es el dato. Gracias a la buena evolución de los ingresos, el déficit de la Seguridad Social no hace más que reducirse: por ejemplo, el año pasado teníamos una previsión de un déficit de 1,2 puntos del PIB, y, sin embargo, el año cerró con un déficit del 0,9% del PIB, y la previsión para este año es bajar al 0,5%. No hay razones para pensar que no se vaya a cumplir este objetivo teniendo en cuenta la buena evolución de los ingresos en los tres primeros meses de 2022.
- A pesar de este marco de incertidumbre, ¿usted asume el compromiso de que la revalorización de las pensiones conforme al IPC está garantizada durante todo el tiempo que siga este Gobierno?
Absolutamente. La revalorización de las pensiones con el IPC responde a una recomendación del Pacto de Toledo que tiene el apoyo casi unánime de toda la Cámara y está así recogida en una ley que se aprobó en diciembre. Para que no fuera así, este Gobierno, o el que venga, tendría que modificar esta ley y necesitaría construir una mayoría alternativa para hacerlo. A los pensionistas hay que decirles que hemos dado un paso decisivo para que su poder adquisitivo esté garantizado de forma permanente. Deben estar tranquilos.
- Entonces, ¿no entenderá que sigan protestando?
Las protestas de la ciudadanía siempre hay que respetarlas, por supuesto, pero se trata de instituciones y colectivos que en absoluto son mayoritarios. Son grupos que defienden intereses legítimos, por supuesto, y así lo tomamos, pero hay que tener en cuenta que la recomendación de vincular las pensiones al IPC tuvo un apoyo muy amplio.
- ¿Cuándo aprobará la reforma para ampliar los años utilizados para calcular la pensión?
La adecuación del periodo de cómputo está prevista para este año y sigue una recomendación del Pacto de Toledo para hacer al sistema más equitativo, para evitar penalizar a aquellas personas cuyos últimos años de cotización no hayan sido los mejores de su vida laboral. Se puede hacer por distintas vías que aún estamos estudiando y que tenemos que ver con los agentes sociales; por ejemplo, una posibilidad podría ser excluir los peores años de cotización.
- Si beneficia siempre al pensionista, esto implica más gasto para el sistema, ¿no?
Es una medida que, desde el punto de vista de la sostenibilidad del sistema es neutral, ya que lo que persigue es una mayor equidad. El sistema de pensiones estaba pensado para carreras lineales, donde, según pasaban los años, ibas a mejor, por lo que te beneficiaba que tus últimos años fueran los que servían de referencia. Desgraciadamente, sobre todo desde la crisis financiera, con el aumento de la precariedad y las disfuncionalidades en el mercado de trabajo, este comportamiento ya no es tan habitual y nos encontramos con que para casi un 30% de los futuros pensionistas sus últimos años de cotización no son los mejores y que otros tienen lagunas e infracotizaciones durante parte de su carrera laboral. El Pacto de Toledo nos ha pedido que estudiemos todas estas situaciones y busquemos soluciones, pero no es fácil. Cuando lo tengamos listo, lo presentaremos.
- La crisis inflacionista, que ya sufríamos y se ha visto agravada por la invasión de Ucrania, está empobreciendo a la población española, según el Banco de España. ¿Le preocupa?
España tiene desde hace décadas un problema estructural de distribución de renta que viene de atrás y que es el resultado de un modelo de mercado laboral basado en la precariedad. Este problema de distribución de renta se está corrigiendo de manera estructural, con medidas como la subida del salario mínimo interprofesional porque es un mecanismo muy potente para la pre-redistribución de la renta. Los efectos que ha tenido se verán cuando calculemos métricas de redistribución de renta y de pobreza que incorporen todas las subidas que se han producido en los últimos años. También estamos mejorando la pensión mínima por encima de la pensión media. Y los datos de reducción de la precariedad laboral están siendo espectaculares en estos primeros meses del año, con las medidas introducidas en la reforma laboral. En su conjunto, todas estas medidas están mejorando el problema de distribución de renta del que hablaba.
- Pero estas subidas no compensan el incremento de los precios ni de la energía.
Si fueran persistentes en el tiempo, situación que no va a producirse, podría llegar a haber un problema de pérdida efectiva de renta. Pero no se va a dar esta situación, ya que el Gobierno está actuando donde tiene que actuar. Ante una situación como ésta hay que diseñar políticas públicas que mitiguen y neutralicen este efecto, especialmente sobre las personas más vulnerables, y que intenten que sea, además, un fenómeno temporal y transitorio. Y eso es lo que se está haciendo. En todo caso, como le digo, esta subida de los precios no es permanente en el tiempo, sino transitoria. A veces se crea la sensación de un empobrecimiento mayor que el real porque se tiende a pensar que es una situación indefinida o muy persistente, cuando no va a ser así.
- ¿Cuánto cree que durará?
El factor que ha disparado la inflación es la energía y esto durará pocos meses. En los últimos días empezamos a notar la caída del precio de los carburantes y confío en que en mayo se note ya la rebaja de la factura de la luz que provocará el desacoplamiento entre el precio del gas y el precio de la electricidad.
- ¿El escudo social es sostenible con las cifras de déficit y de deuda que acumula España y con una política europea de regreso a las reglas fiscales y de fin de los estímulos?
La sostenibilidad de las finanzas públicas se mide con lo que llamamos posición estructural o déficit estructural, y todo lo que son gastos transitorios no se computan. Las medidas que se están aprobando en las últimas semanas, al igual que sucedió durante la pandemia, son todas transitorias y, por tanto, no afectan al déficit estructural, excepto una: el compromiso de aumento del gasto en Defensa. Éste sí es un aumento permanente, pero estamos hablando de un tema de medio plazo.
- ¿Quiere decir que obligará a hacer recortes en otras partidas en los próximos Presupuestos?
El Gobierno tendrá que fijar un calendario que recoja cómo se va a ejecutar este incremento del gasto en Defensa.
- En este contexto, ¿estos Presupuestos, que ya están desfasados, son prorrogables?
Siempre hay que aspirar a hacer un nuevo Presupuesto cada año, por supuesto. Pero hay que ver las cosas en su contexto y todos los países europeos nos estamos manejando con Presupuestos que están teniendo que abordar situaciones imprevistas, como la pandemia y la guerra.
- ¿En cuánto cree que habrá que revisarse las previsiones de crecimiento?
La vicepresidenta económica ya ha anunciado cuándo se publicarán las próximas previsiones. En cualquier caso, en un momento de tanta incertidumbre como éste, lo más importante es hacer un seguimiento de la evolución diaria de todo tipo de indicadores económicos para ser rápidos tomando medidas si es necesario.
- ¿Prevé que haya que ampliar el acceso al ingreso mínimo vital?
Estamos hablando de un derecho subjetivo, lo que implica que deben solicitarlo todas aquellas personas que en un momento determinado bajen sus niveles de ingresos de renta respecto a un umbral, y lo obtendrán. En los últimos meses, además, estamos tratando activamente de identificar si hay potenciales beneficiarios del ingreso mínimo vital que no lo han pedido y hemos desplegado políticas proactivas para cubrir todos los espacios y llegar a personas que tienen derecho y no conocen la prestación. Por ejemplo, entidades como Cruz Roja o Cáritas pueden certificar situaciones especiales de vulnerabilidad y que su certificación sirva para solicitar el ingreso mínimo vital.
- ¿Qué debe hacer España para equilibrar sus cuentas? En algún momento habrá que devolver lo que se debe.
España tiene pendientes dos tareas que están en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en los componentes 28 y 29, que se dedican a la reforma fiscal y a la mejora de la eficiencia del gasto. En el ámbito del gasto, hay que gastar mejor y para ello es fundamental analizar la eficiencia del gasto público. Es una recomendación que la Comisión hizo a España años atrás sistemáticamente y ahora mismo es una prioridad del Gobierno. Para ello hemos reforzado la Autoridad de Responsabilidad Fiscal (Airef) y se ha creado una división adicional en la institución dedicada a la revisión del gasto público. Vamos a analizar con detenimiento sus recomendaciones en este sentido.
- ¿Y se ejecutarán? ¿Está anunciando algún tipo de ajuste de gasto público?
Yo fui responsable de esa institución (Airef) e hicimos evaluaciones en distintos ámbitos para comprobar que las ineficiencias existen y la posibilidad de realizar racionalizaciones está en algunas partidas que no son de las que habitualmente se habla más.
- ¿Pero este Gobierno prepara un ajuste de gasto público?
No, la evaluación de la eficiencia del gasto público debe ser un proceso continuo.
- ¿Y qué se entiende por tal?
El compromiso del Plan de Recuperación es establecer procedimientos, que no tienen todavía las administraciones públicas para la evaluación sistemática del gasto. El objetivo es que no haya que llegar a una situación como la que vivió el PP en 2015. Entonces, el Gobierno del PP bajó impuestos y Europa pidió realizar un ajuste del gasto. Esto sucedió en septiembre del 2016 y, como no había procedimientos de priorización de gasto público, improvisaron dividir el recorte por igual entre todos los ministerios, sin importar si había o no margen para hacer el ajuste. Ahora, para tomar decisiones, lo lógico es tener estudios que señalen dónde está el gasto ineficiente o si hay un beneficio fiscal que no cumple sus objetivos. Además, por el lado de los ingresos hay una comisión de expertos con recomendaciones que la ministra de Hacienda está evaluando.
- ¿Se refiere a subida de los impuestos?
Me refiero, por ejemplo, a que España es el país de Europa con más beneficios fiscales. Y los beneficios fiscales son renuncias a ingresos en favor de determinados ámbitos de la sociedad o de la economía. La pregunta es si esa renuncia está justificada por los objetivos que a priori se persiguen. Para repensar los beneficios fiscales existentes es necesario hacer una evaluación sistemática. Y le pongo un ejemplo que ya se ha abordado: las desgravaciones que había en los planes individuales de pensiones no cumplían su objetivo, que era incrementar ahorro a largo plazo. En los dos últimos años se ha reformado este beneficio fiscal para focalizarlo en los planes colectivos, que benefician el ahorro a largo plazo de trabajadores de rentas medias y bajas.
- ¿No es el momento de bajada de impuestos de ningún tipo?
Lo que hay que hacer es mejorar el sistema impositivo para hacerlo más equitativo y más eficaz.
