Lo sucedido con el voto del diputado popular Alberto Casero supone uno de los ataques más graves que puede sufrir el sistema democrático, como es el desprecio a la libertad de representación política, recogido en nuestra Carta Magna como un derecho fundamental. Hay que incidir en ello porque no nos hallamos ante una cuestión de orden moral, que también, sino ante el injustificable hecho de que la presidenta de la Cámara, Meritxel Batet, haya violentado los usos democráticos con flagrante olvido de su principal deber, que no es otro que el de garantizar la protección de los derechos de todos los parlamentarios, con independencia de su adscripción partidaria.
Por el contrario, Batet escogió anteponer su condición de militante socialista, consciente de la trascendencia que tenía para el Ejecutivo el resultado de una votación que se sabía muy ajustada. No es fácil hallar otro ejemplo más palmario de la degradación que están sufriendo nuestras instituciones bajo un Gobierno en precario, dependiente del apoyo parlamentario de unas formaciones declaradamente contrarias a nuestro ordenamiento constitucional. Y no hay excusa posible que atempere lo ocurrido, puesto que la Mesa del Congreso fue informada en tiempo y forma de que el voto telemático del diputado en cuestión no se correspondía, por las razones que fueran, con su decisión. Simplemente, y en contra de la letra y el espíritu de los reglamentos de la Cámara, que exigen la verificación personal del sentido del voto telemático, se pervirtió la voluntad del diputado. Con un factor añadido, que la presidenta del Congreso se negó a reunir a la Mesa como es preceptivo.
Ahora, y como viene siendo habitual desde que gobierna la coalición del PSOE y Unidas Podemos, tendrán que ser los tribunales de Justicia quienes dictaminen la actuación de Batet y determinen la legalidad de la votación. En este sentido, existen precedentes en el Tribunal Constitucional que, en principio, avalan la posición del Partido Popular, lo que nos llevaría al cuestionamiento de la propia vigencia de la ley de reforma laboral aprobada tan irregularmente, lo que significa, llanamente, la imposición al conjunto de la población de una norma que no ha contado con la voluntad de la mayoría parlamentaria.
Pero, en cualquier caso, debería preocupar a la opinión pública la deriva excesivamente partidista que están tomando algunas instituciones fundamentales del Estado, que pervierten el equilibrio constitucional. No es sólo una cuestión de formas, lo que ya es de por sí reprobable, sino del cuestionamiento de la legitimidad institucional. Porque no todo vale en democracia para sacar adelante un proyecto político. Mucho menos si, como en el presente caso, quienes deben velar por el respeto a los derechos fundamentales se comportan como hinchas del Gobierno.
