El Gobierno mantiene su rumbo en el conflicto de Ucrania, pero lo hace con una fragilidad interna considerable. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, compareció anoche en el Congreso de los Diputados para explicar la posición del Ejecutivo y detallar los puntos de acuerdo que se alcanzaron la víspera en la reunión de sus homólogos europeos en Bruselas. El jefe de la diplomacia española se encontró un Congreso atomizado, sin posibilidad de que puedan alcanzarse puntos de entendimiento.
Los socios habituales del Gobierno se mostraron muy críticos con su posición cuestionando «la dependencia de la OTAN», algo que denunció ERC, o el mensaje «incongruente» que criticó Bildu. Por contra, la oposición representada por PP y Vox se centró en reclamar una mayor rendición de cuentas en el parlamento y en la exigencia de explicaciones respecto hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno si el conflicto bélico se hace inevitable.
El PP insistió en que apoyará en esto al Ejecutivo, pero afeó que no sea el presidente, Pedro Sánchez, el que ofrezca explicaciones en primera persona y que persista en no llamar al líder de la oposición, Pablo Casado.
La crítica de los socios habituales del Gobierno no altera la postura marcada desde La Moncloa, que consiste en implicarse sin ambages en la respuesta que den la OTAN y la Unión Europea. El ministro Albares se refirió a la crisis en Ucrania como «una cuestión grave que afecta a la seguridad de Europa, pero también a la legalidad internacional». Y defendió que España está «preparada para cualquier eventualidad».
Albares explicó que cualquier negociación debe partir de la premisa del «respeto a la soberanía e integridad territorial de Ucrania». El responsable de la diplomacia española señaló que la concentración de 100.000 efectivos además de material militar ofensivo como tanques que ha movilizado Rusia cerca de la frontera de Ucrania suponen «un despliegue que no se justifica por motivos defensivos».
«Amenaza para la paz»
La conclusión de los socios europeos es que Rusia realiza una serie de peticiones que no son asumibles. La primera de ellas es garantizar que Ucrania y ningún otro país de la antigua Unión Soviética pueda pasar a formar parte de la OTAN. Además de la retirada de todos los efectivos de la Alianza en países que se integraron en 1997, como Polonia y los bálticos. «Un despliegue militar del todo inusual y unas demandas que se dirigen a aislar de Occidente a Ucrania, bloquear la ampliación de la OTAN y consolidar un bloque militar en los territorios de la antigua Unión Soviética», resumió Albares, que definió la posición rusa como «inaceptable y una amenaza para la paz». Defendiendo que cualquier diálogo «solo puede partir desde la base de que Ucrania es soberana», algo que Rusia «viene vulnerando desde 2014», y que tiene autonomía para decidir su política exterior.
Albares informó de que por el momento las fronteras siguen abiertas y que las conexiones áreas funcionan con normalidad. El ministro aseguró que se está en contacto con la colectividad española en Ucrania pero que «por ahora» no se contempla «ninguna operación de evacuación». Dio a conocer que en el país hay actualmente 534 españoles, 240 de los cuales están en Kiev, mientras que otros 54 residen en zonas fronterizas «especialmente sensibles», además de once que están en las regiones separatistas de Donestk y Lugansk.
El ministro defendió que el despliegue de las tropas españolas cuenta con las autorizaciones parlamentarias porque ya estaba previsto «más allá de algún adelanto puntual», destacando que se producen en territorios de la OTAN y en aguas internacionales. Se refería al despliegue de tropas en Letonia, como la próxima participación de cazas en misión de policía aérea en Bulgaria, el envío del buque «Meteoro» y el adelanto de la salida de la fragata «Blas de Lezo».
Albares expuso que la respuesta ante las acciones de Rusia se estructura en cuatro principios: diplomacia, desescalada, distensión y también disuasión. «La posición de España coincide con la de todos nuestros socios europeos y de la OTAN», dijo el ministro, que insistió en que de entrada «apostamos por el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos». Pero a continuación defendió que ese diálogo debe ir acompañado de un nivel de disuasión suficiente como para que Moscú desista de una intervención militar contra Kiev. Hacer sentir al Kremlin que una acción en esta dirección «tendrá un coste masivo», apuntando a la política de sanciones en primer lugar al referirse a «medios distintos a los militares». En su réplica al PP quiso dejar claro que «nadie está planteando en este momento ningún envío de tropas a Ucrania» y que «no vamos a dar pistas sobre esas sanciones».
UP se distancia
Fue este planteamiento el que disgustó profundamente a los habituales socios del Ejecutivo, afeando que los mensajes de diálogo que proyecta el Ejecutivo caen en saco roto si automáticamente pasan a centrarse en las medidas disuasorias. Desde Bildu, por ejemplo, cuestionaron el proyecto de ampliación de la OTAN en Ucrania: «Parece lógico que se pongan un poco nerviosos», dijo Jon Iñarritu en referencia a Rusia. El BNG, por su parte, cuestionó también esa expansión de la OTAN y demandó una posición de neutralidad: «Se están equivocando al jugar a ser el partido de la guerra».
Lo más esperado de la comisión era la posición de Unidas Podemos. Antón Gómez Reino dejó claras las diferencias profundas que existen entre los socios. Aunque optó por rebajar la tensión con el PSOE. Así, al igual que otros partidos de la izquierda independentista, Unidas Podemos planteó como problema el proyecto de expansión de la OTAN porque «se ha ido expandiendo rodeando a una potencia que parece querer despertar», dijo en referencia a Moscú. Los socios del Gobierno equiparan el papel de Rusia y EE.UU. por «utilizar la guerra civil en Ucrania» para mejorar su posición geopolítica. «Cabe preguntarse cuáles son nuestros intereses en este conflicto», dijo, reclamando «una posición propia». Planteaba que la respuesta no se limite a acompañar a Estados Unidos «por inercia» en una cuestión que puede tener consecuencias bélicas o como mínimo, económicas. Los socios de coalición reclamaron al ministro que sus cuatro ejes de actuación sean complementados con un plan de desmilitarización y desnuclearización de determinadas zonas de Europa. Entroncaba aquí con las propuestas de formaciones como Bildu que defendieron establecer «una zona neutral y no militarizada en el entorno ruso».
Fueron, por contra, PNV y Ciudadanos las formaciones que se mostraron más amables con el Ejecutivo, aunque Aitor Esteban también reclamó mayor compromiso con el parlamento y los de Inés Arrimadas expresaron su preocupación por la posición de Unidas Podemos dentro del Gobierno. Los liberales impulsaron una declaración de apoyo al Gobierno que no salió adelante porque, entre otros, no fue apoyada por Unidas Podemos.
El clima en el hemiciclo se crispó en tanto que el PP hizo hincapié durante su exposición en el formato de la comparecencia y la ausencia de Sánchez dando explicaciones. Y en el hecho de que la víspera, el presidente de Estados Unidos no le incluyese en una videoconferencia con líderes europeos. Albares justificó que la reunión telemática se limitó a llamar a los miembros europeos del G-7, a Polonia por ocupar la presidencia este año de la OSCE y a los presidentes de la Comisión y del Consejo Europeo.
