De las cinco asociaciones que defienden los derechos e intereses de los militares, cuatro –AUME, Asfaspro, ATME y UMT– abandonaron esta semana la última reunión del Consejo de Personal, que se había convocado en el Ministerio de Defensa. Reaccionaban así «a tres negativas ministeriales: no informar sobre el plan de mejora de retribuciones, la falta de incrementos salariales reales para el 2022 y que la ministra no quiere recibir a las asociaciones», explicaron en un comunicado.
La razón por la que los asociados están «muy cansados, muy dolidos y muy desamparados» y por lo que abandonaro el pleno, se remonta a una comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en octubre, donde descartó que en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) hubiera un incremento del salario de los militares.
«Desde hace años venimos diciendo que a las asociaciones se nos hace poco caso. Ahora mismo estábamos discutiendo el tema de las retribuciones y pedimos explicaciones sobre la decisión de la ministra de no subirlas en los PGE. Es una reivindicación de hace tiempo, pero en el último año la hemos intensificado al ver que otros colectivos, como Policía y Guardia Civil, iban consiguiendo avances y a nosotros se nos dejaba en la estacada. Es un desprecio», explica a ABC Jorge Bravo, secretario de Comunicación de AUME.
Después de mucho pelearlo, las asociaciones consiguieron que hubiera una comisión de retribuciones dentro del Consejo de Personal –que es una asamblea que preside la ministra Robles–, que se celebra cuatro veces al año. Ahí, las asociaciones tratan con el Ministerio de Defensa aspectos que afectan a la carrera profesional del personal de las FAS como, por ejemplo, las retribuciones o el régimen de vida.
«En lugar de discutir medidas, la comisión de retribuciones se ha convertido en una reunión donde el ministerio informa de lo que va a hacer, pero no hacen ni caso a lo que nosotros proponemos», cuenta Bravo. Coincide con él Marco Antonio Gómez Martín, presidente de ATME y vocal del Consejo de Personal, quien apunta que esta comisión ha terminado siendo «un filtro para que no se proponga lo que el ministerio no quiere»: «No puede ser que sistemáticamente paren nuestras propuestas. Queremos sumar, no ser oyentes. No somos una comparsa».
«Robles ha mentido»
Bravo dice que «Robles ha mentido» porque mientras ellos le piden reuniones para hablar sobre sus sueldos, hace unos días dio una entrevista a ‘La Razón’ en la que parecía desconocer este descontento. «Hablo con muchísimos militares y nunca he oído a nadie pedirme subir las retribuciones», afirmó la ministra. Lo que ella propone es un complemento de dedicación especial (CDE), que no lo cobra todo el mundo y que los que lo cobran no lo tienen todos los meses. «Nosotros queremos que sean aumentos que se consoliden, no un complemento que además decide cada jefe», explica Bravo.
«Debería pensar que es grave que cuatro de cinco asociaciones nos levantáramos y nos fuéramos», afirma Gómez. Aunque preside el consejo, la ministra «delega siempre» en la subsecretaria de Defensa, Amparo Valcarce. «Lo que más nos molesta es que cada vez que la sociedad necesita de sus militares, hemos dado un paso al frente sin pedir nada a cambio», apunta Gómez. Y añade: «Y lo seguiremos haciendo. Pero lo que no puede ser es que estemos en el volcán de La Palma, sacando muertos y desinfectando residencias en la pandemia, en Filomena, ahora en las inundaciones de Zaragoza… que estemos en absolutamente todo y que un soldado cobre unos 1.100 euros escasos». Según él, «es obligación de la ministra cambiar eso y velar por los militares: «Somos los funcionarios peor remunerados de toda la administración. Y, sin embargo, estamos 24 horas de servicio los 365 días al año. Somos el único colectivo que con un beso a la bandera estamos dispuestos a entregar nuestra propia vida en favor de nuestros ciudadanos».
