Ataques más o menos sutiles a la justicia por parte del poder político siempre ha habido, pero no de la forma «sistemática y generalizada» en la que están produciendo desde hace dos años. La deslegitimación del Poder Judicial forma parte ya de una estrategia política que compromete al propio Estado de derecho. Así lo expresa la asociación judicial Francisco de Vitoria en un informe que ha remitido al Parlamento Europeo y en el que pone de manifiesto la «preocupante realidad» que suponen los «constantes» ataques a la independencia judicial.
En los últimos tiempos estas críticas se han intensificado «y, lo que es más grave, se han desvinculado de decisiones judiciales concretas para extenderse al conjunto de los jueces, cuya imparcialidad y compromiso con los valores democráticos se ponen abiertamente en cuestión», señala el texto remitido a Bruselas. A juicio de esta asociación, la segunda en número de afiliados, el argumentario que se desarrolla en esa estrategia de deslegitimación «pretende someter a influencia y control la independencia judicial». «No se pretende la sana crítica de las sentencias y resoluciones judiciales por sus fundamentos jurídicos, sino el ataque hacia la credibilidad del poder judicial en todo aquello que no interese. Se trata de un sutil mecanismo de privación de la ‘auctoritas’, elaborado desde partidos políticos, movimientos de ruptura con el Estado constitucional de derecho y otros grupos de intereses afines, destinado a evitar que la actuación independiente y sometida a la ley de la Justicia sea desfavorable a sus propósitos», alerta.
Entre los aspectos que, a su juicio, menoscaban esa independencia judicial está el propio sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial o al nombramiento de cargos judiciales con amplios márgenes de discrecionalidad. El hecho de que los políticos participen en la elección del CGPJ ayuda a sustentar el argumento de esa supuesta falta de legitimidad democrática de los jueces y también influye negativamente en la percepción de los ciudadanos sobre la independencia judicial. «Se resalta que los jueces carecen de legitimidad democrática y que solo mediante su designación parlamentaria se suple ese déficit democrático».
En opinión de la asociación Francisco de Vitoria, a esa estrategia de deslegitimación también han contribuido las puertas giratorias, que posibilitan «el tránsito ininterrumpido» desde cargos judiciales a puestos en el poder legislativo o ejecutivo. Lejos de poner obstáculos, «sucesivas reformas legales han ido rebajando los obstáculos para que los jueces pasen a ocupar cargos políticos y viceversa».
Si antes se utilizaba la supuesta ideología del juez (en función de quien le propuso para el cargo)para desacreditar una resolución judicial, la asociación advierte de que en los últimos tiempos se ha dado un paso más, y en ese relato deslegitimador se acusa a los jueces de ponerse «al servicio de la oposición política al gobierno» ejerciendo una «oposición activa a la mayoría parlamentaria que impide desarrollar un programa político».
Además, se recurre también al argumento falaz de un sistema elitista de acceso a la judicatura que provoca la endogamia y la falta de pluralidad ideológica en la profesión. En este sentido ya se habla abiertamente de la necesidad de «democratizar» la carrera y se critica el acceso por oposiciones. «Se presenta a los jueces como profesionales desconectados de la realidad, proyectando estereotipos que caricaturizan a los miembros de la judicatura para que sean percibidos como personas que actúan conforme a patrones sociales desfasados o abiertamente reaccionarios». Ejemplo de ello es cuando Podemos alude a la «cueva de señoros» de la Justicia o cuando se tacha de fascistas a jueces y policías en el Congreso. Francisco de Vitoria recuerda que la carrera judicial española cuenta con una mayoría de mujeres (54,8% de jueces en activo) y una edad media de 51,6 años.
Al lado del poder económico
Una última línea de discurso que persigue socavar la legitimidad del Poder Judicial, dice AJFV, se basa en establecer «vínculos entre los jueces y los núcleos de poder económico y/o político asociados a la corrupción, haciendo ver que las decisiones judiciales son adoptadas con la finalidad de librar a personas que incurren en conductas reprochables de las consecuencias legalmente previstas para actos de tal naturaleza».
Para los jueces, esta estrategia de deslegitimación del poder judicial «encierra una serie de riesgos relevantes» para el correcto funcionamiento del Estado de Derecho, como que se produzca «una interferencia de los poderes políticos en el proceso de selección de jueces y magistrados» o que los jueces pudieran verse influidos en sus decisiones por presiones externas. «Si los políticos son capaces de convencer a los ciudadanos de que existe una actitud obstruccionista por parte de los tribunales al desarrollo del programa de gobierno respaldado mayoritariamente por el parlamento, sede de la soberanía, se corre el riesgo de que esos mismos políticos puedan tratar de movilizar a esos ciudadanos preventivamente, con el fin de influir en alguna medida en ciertas decisiones que puedan tener relevancia en el plano político», señala el informe.
