Tras varios años de retraso en la renovación de varios órganos constitucionales por la incapacidad de PSOE y PP para desbloquearlos, ambas formaciones han conseguido este jueves cerrar el pacto para el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos.
En lo que al TC se refiere, el tiempo transcurrido y las expectativas de que iba a tratarse de candidatos de reconocido prestigio, incuestionables, independientes y, a la vez, desvinculados de la política ha chocado frontalmente con la realidad: dos de los jueces propuestos, Ramón Sáez, por parte de la izquierda, y Concepción Espejel, por parte del PP, están muy significados políticamente; la tercera, Inmaculada Montalbán, es muy cercana al PSOE, y el único candidato que no ha sido una sorpresa respecto a los nombres que se manejaban es el catedrático Enrique Arnaldo, por parte de los populares. Tanto Sáez como Espejel proceden de la Audiencia Nacional; Montalbán del TSJ de Andalucía, y Arnaldo, letrado de las Cortes, de la Universidad Rey Juan Carlos. Los cuatro han sido vocales del Consejo General del Poder Judicial en distintas etapas del órgano de gobierno de los jueces.
Con este movimiento, en el que es evidente que si ha habido acuerdo es porque no ha habido vetos, PP y PSOE se garantizan el control de los dos bloques del órgano de garantías, algo que no estaba sucediendo en los últimos meses, cuando los votos cruzados, entre otros asuntos, con el estado de alarma, habían generado una tensión incómoda en el seno del Tribunal. El presidente, Juan José González Rivas, votó con el sector progresista como lo hizo también el conservador Andrés Ollero; y la progresista Encarnación Roca, con los conservadores, algo, que lejos que verse como un gesto de independencia, estaba suponiendo verdaderos quebraderos de cabeza al Ejecutivo y a los populares, como demuestra el hecho de que con motivo del estado de alarma la propia Carmen Calvo intentara presionar, entre otros, a Roca, vicepresidenta del tribunal.
Ramón Saéz no es un juez de perfil mediático, pero de vez en cuando algunos de sus polémicos votos particulares le han hecho saltar a los titulares de los medios. Según sus propios compañeros, «le pierde» la carga ideológica que pone en cada una de sus sentencias. Llegó a considerar libertad de expresión el acoso de un grupo de manifestantes a diputados catalanes para impedir su acceso a la Cámara autonómica, y su lealtad a los postulados del juez Baltasar Garzón le llevaron a apoyar la investigación de Garzón sobre las fosas y a oponerse a la recusación de José Ricardo de Prada para formar parte del tribunal de la caja B del PP.
La proximidad de Espejel al PP es tan evidente que la propia Fiscalía Anticorrupción emitió un informe para apartarla junto a Enrique López del tribunal que enjuiciaría el caso Gürtel en octubre de 2015. Al fin y al cabo, los populares la habían propuesto vocal del Consejo General del Poder Judicial. El Pleno de la Sala de lo Penal, el mismo que ha venido presidiendo desde 2017 por el apoyo de la mayoría conservadora, acordó apartarla. Se da la circunstancia de que el argumentario a favor de dejarla fuera del caso Gürtel fue expuesto aquel día en el plenario por quien ahora será su compañero en el Constitucional, Ramón Sáez. No sería la última vez que tuviera que apartarse de causas que afectaban a los populares. En su extensa carrera como magistrada de la Audiencia Nacional, ha presidido tribunales en juicios muy relevantes.El último que destaca fue la derivada del ‘procés’ que sentó por rebelión en el banquillo al mayor de los Mossos Josep Lluis Trapero.Finalmente absuelto, Espejel emitió un voto particular en el que argumentaba que su sentencia debió ser una condena por sedición.
Respecto a Inmaculada Montalbán, quien también fue vocal del CGPJ a propuesta del PSOE, su nombre estaba en las quinielas de las últimas renovaciones frustradas para repetir como vocal en el órgano de gobierno de los jueces. Cercana al PSOE, fue presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.
Enrique Arnaldo es el único de los candidatos que no es juez, es doctor en Derecho, letrado de la Cortes Generales desde 1986, catedrático de Derecho Constituciona y presidente de la sección constitucional y parlamentaria del Colegio Abogados de Madrid.
Los cuatro nuevos candidatos sustituirán de esta forma a tres magistrados salientes: el presidente y la vicepresidenta del TC, Juan José González Rivas y Encarnación Roca, respectivamente, y Andrés Ollero. La cuarta plaza corresponde a Fernando Valdés, quien lleva fuera del tribunal un año tras verse implicado en un caso de violencia de género.
La entrada de los cuatro nuevos magistrados no altera de momento el equilibrio de fuerzas en el Tribunal, que sigue teniendo una mayoría 7-5 a favor de los conservadores. Cuestión distinta será la próxima renovación prevista para junio de 2022, la del tercio que corresponde nombrar al Gobierno (dos magistrados) y Consejo General del Poder Judicial (otros dos). En este caso, al ser los dos magistrados que proponga el Ejecutivo de perfil progresista, junto con uno del Consejo (el otro sería conservador, como viene siendo habitual) el marcador del TC dará la vuelta y la mayoría corresponderá entonces a los progresistas. Pero para que se pueda proceder a la renovación de este tercio tiene que darse un presupuesto, y es, como adelantó ABC, que para esa fecha el órgano de gobierno de los jueces esté renovado porque si no es así, y sigue en funciones, el Consejo no podría llevar a cabo estos nombramientos (al impedírselo la ley que recortó sus atribuciones) y habría que esperar al nuevo CGPJ para poder renovar ese tercio.
La salida de González Rivas y de Roca deja vacantes ahora la presidencia y vicepresidencia de un tribunal que al menos hasta la próxima renovación volverán a recaer en un conservador y un progresista, respectivamente. Ambos serán elegidos por sus propios compañeros. Pero antes de que esto suceda los cuatro tendrán que comparecer en el Congreso y ser aprobado su nombramiento por el Pleno de la Cámara Baja.
