El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha cargado este viernes contra las nuevas medidas recogidas en el anteproyecto de ley que reduce en 1.000 millones de euros la retribución a las empresas productoras de energía por las instalaciones no emisoras de CO₂, los denominados beneficios caídos del cielo. A su juicio, “introduce cargas injustificadas sobre tecnologías no emisoras”. “Confiamos que sea reconducido a lo largo de la tramitación para buscar soluciones que garanticen la coherencia plena entre una política energética que apueste por la descarbonización y un marco normativo y regulatorio estable y fiable”, ha manifestado el ejecutivo en la junta general de accionistas de la compañía celebrada este viernes de forma telemática.
“Son muchos los factores que afectan al precio de la electricidad; pero, sin duda, el más significativo es el grado de impuestos, cargas y tasas que se le imponen y que en buena medida pagan los ciudadanos”, ha continuado Galán. No obstante, ha afirmado que acoge positivamente las recientes declaraciones del Gobierno en sede parlamentaria acerca de una posible reducción de los impuestos, cargos y tasas, que ya suponen cerca del 60% de la factura que pagan los usuarios. En concreto, el Gobierno apuesta por suspender el impuesto de generación, que pagan las eléctricas, y ha mencionado la posibilidad de rebajar el IVA de la electricidad del 21% al 10%.
“No olvidemos que el principal beneficiario de los altos precios de la electricidad, sobre todo en un escenario como el actual, con un elevado precio del CO₂, es la Hacienda Pública, que recibe no solo unos cuantiosos impuestos proporcionales al precio de la energía, sino también los ingresos por la venta de derechos de CO₂, que este año podrían alcanzar los 2.500 millones de euros”.
Ante ello, el ejecutivo de Salamanca ha destacado que “es imprescindible que el marco regulatorio preserve la seguridad jurídica y la confianza legítima de los inversores”. En ese sentido, ha asegurado que Iberdrola mantendrá una actitud dialogante y, al mismo tiempo, el compromiso con la defensa de sus intereses y los del resto de grupos de interés en protección del medio ambiente.
Ataques del presidente
Sánchez Galán, que cumple 20 años desde que entró como consejero delegado y en 2006 sustituyó a Íñigo de Oriol como presidente de Iberdrola, terminó su discurso sacando pecho por la transformación que ha tenido la empresa en este periodo y su papel en la transición energética “a pesar del escepticismo que alimentaron quienes pretendían que nada cambiara”. “Puedo decir con orgullo”, incidió, “que hoy nos hemos convertido en un líder energético global indiscutible. Quienes se escudaron entonces en debates ya superados podrán seguir atacándonos con otros pretextos, no lo consiguieron entonces y no lo conseguirán ahora”. El ejecutivo no citó ningún nombre.
Durante esos 20 años el principal conflicto que ha tenido Galán en su ejercicio como presidente de la energética fue el intento de ACS, la empresa que preside Florentino Pérez, de entrar en el consejo de administración de la empresa tras adquirir más del 10% del capital, a lo que el ejecutivo se opuso rotundamente. Este asunto derivó, incluso, en cuestiones jurídicas al aparecer supuestos espionajes del comisario José Manuel Villarejo a Pérez supuestamente encargados por Sánchez Galán, los cuales están en proceso de investigación.
Inversiones
Iberdrola afronta el proceso de electrificación desde una posición diversificada, que se verá reforzada en los próximos años con un plan de inversiones de 75.000 millones de euros hasta 2025 y que podrían duplicarse hasta los 150.000 millones en 2030. El objetivo es triplicar la capacidad renovable hasta situarla en 100.000 MW al final de la década, con al menos 12.000 MW eólicos marinos y reforzar las redes de transporte y distribución.
Durante 2020, la empresa realizó una inversión de 10.000 millones y este año llegarán a los 17.000 millones. Desde comienzos de 2020, realizó pedidos a sus proveedores por una cantidad de 18.000 millones, la mayor de su historia centenaria en tan corto espacio de tiempo. Estas inversiones y compras han permitido poner en servicio cerca de 4.500 MW y comenzar la construcción de otros 8.700 MW. Además, se han incorporado al grupo 6.000 nuevos profesionales y se ha hecho líder en financiación verde y sostenible, con más de 32.000 millones.
Durante el año, el grupo ha aumentado su presencia en Estados Unidos, con la adquisición de PNM Resources, la eléctrica de Nuevo México y Texas, y en Brasil, con la compra de Neoenergia Distribução Brasília. Asimismo, en Australia ha integrado la principal compañía de energías renovables del país, Infigen (ahora Iberdrola Australia), y ha adquirido nuevos desarrollos eólicos marinos en países como Suecia, Irlanda, Polonia, Japón y Taiwán.
Además, a lo largo del ejercicio, ha sellado alianzas estratégicas con empresas como Volkswagen, Renault o Mercedes en el sector automovilístico; Total, BP o Mitsubishi Power, en el energético; Mapfre, en el financiero y con multitud de compañías industriales para impulsar el hidrógeno verde, las energías renovables y la eficiencia energética.
El beneficio operativo bruto se situó por encima de los 10.000 millones y el beneficio neto ascendió a 3.611 millones, incrementándose un 4,2%, o un 10% si se ajusta el impacto de la covid-19. El consejo de administración ha decidido proponer a la Junta General un dividendo complementario de 0,252 euros por acción, que se pagará en julio. Sumado al dividendo a cuenta, ello supone una remuneración total de 0,42 euros por acción, con un aumento del 5% frente al año anterior. La firma prevé incrementar este año el dividendo hasta los 0,44 euros por acción, lo que supone superar el suelo fijado para el año 2022.
