El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha respaldado, por 15 votos frente a seis, un informe al anteproyecto de Ley de Memoria Democrática del Gobierno en el que trasladan que la expresión de apoyo al franquismo, la apología del franquismo, entra dentro de la libertad ideológica y de expresión siempre que no suponga un menosprecio o humillación a las víctimas.
Entienden los vocales que, por lo tanto, no se puede disolver la Fundación Nacional Francisco Franco o cualquier otra que ensalce la figura del dictador en base al delito de «apología del franquismo», como se pretende a través de la ley impulsada por la vicepresidenta Carmen Calvo, porque se atentaría contra la libertad ideológica.
El Pleno del órgano de gobierno de los jueces ha debatido este lunes el borrador del informe que elaboraron los vocales del Consejo Roser Bach y Wenceslao Olea en el que llegaron a tales conclusiones y lo han aprobado sin modificaciones.
«La apología del franquismo, sin el requisito adicional de menosprecio o humillación de las víctimas, supone la expresión de ideas respecto de un régimen político contrario a los valores democráticos proclamados en nuestra Constitución, pero, como dice el Tribunal Constitucional, ‘al resguardo de la libertad de opinión cabe cualquiera, por equivocada o peligrosa que pueda parecer al lector, incluso las que ataquen al propio sistema democrático. La Constitución -se ha dicho- protege también a quienes la niegan’ (STC 176/1995, de 11 de diciembre FJ 2)», se lee en el borrador que han apoyado los consejeros.
«Se debe añadir a lo expuesto que haber incluido, tanto en la disposición adicional quinta como en la disposición adicional sexta, con la relevancia expuesta, ‘la apología del franquismo’ invade claramente el derecho a la libertad ideológica consagrada en la Constitución que, como se ha declarado reiteradamente, no impone un modelo de democracia militante y que tales ideas o creencias, en la medida que no comporten «incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas del Golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, por su condición de tales, no pueden servir para la extinción de una fundación o asociación», continúa el texto del informe.
Votos concurrentes y discordantes
Los bloques conservador y progresista del órgano han vuelto a unirse para respaldar el texto, crítico con el anteproyecto de ley del Gobierno socialista. Los vocales que votaron en contra de la redacción de la ponencia fueron José Antonio Ballestero, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, José María Macías, Juan Martínez Moya y Concepción Sáez, que están situados tanto en el bloque considerado conservador como en el progresista, en el caso de la última.
Dos de los consejeros que han votado en contra del texto, José María y José Antonio Ballestero, lo hacen porque consideran que no está justificada la redacción de una ley como la citada puesto que hay otros mecanismos legales para restablecer el honor de las víctimas y porque ven una asimetría en el tratamiento de quienes fueron víctimas en una guerra civil, según trasladan a El Independiente.
Macías y Ballestero formularon un voto particular discrepante con el texto. Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández y Juan Martínez Moya también presentaron el suyo en contra y Concepción Sáez, otro más.
Anunciaron voto particular concurrente, con alegaciones a favor de la ley, por un lado el vocal progresista Álvaro Cuesta, al que se han adherido Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda, y por otro lado Enrique Lucas, al que se ha adherido Vicente Guilarte.
