Al presidente del Gobierno se le complican las cosas. Necesita con urgencia los 140.000 millones que deben venir desde Europa para afrontar la recesión más profunda desde la Guerra Civil, pero no logra arrancar un acuerdo social en dos de las reformas claves para Bruselas: pensiones y mercado de trabajo. La llegada de los millones está condicionada a hacer los deberes que impone Europa y es más que recomendable que los cambios estructurales exigidos se presenten con el sello del acuerdo de empresarios y sindicatos. Porque es una forma de garantizar su eficacia y porque, además, se busca evitar un rechazo social a las mismas que años más tarde obligue a desmontarlas, como de hecho está ocurriendo con algunas de las normas impuestas durante la crisis financiera.
La reforma estrella para Europa es la de pensiones. El sistema arrastra un déficit millonario que presiona y condiciona los números rojos del Estado y una deuda desbocada. Sanearlo es clave para afrontar la recuperación y así lo exigen los dirigentes comunitarios. Pero los avances en este caso son hoy nulos después de que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, enviara por sorpresa un ‘borrador de acuerdo’ a empresarios y sindicatos en el que plantea un nuevo sistema de cotización de los autónomos con 13 tramos de cotización que oscilan entre 90 euros y 1.220 euros, y que empezaría a aplicarse en 2023. Con esta propuesta el ministro ha enfurecido al colectivo, al que no informó de sus planes, a pesar de haberse comprometido a hacerlo. Lorenzo Amor, presidente de ATA, ya ha avisado de que no aceptarán una horquilla que se salga de los 50 euros de cotización mínima y los 660 euros de máxima.
Ni las formas ni el fondo del gestor de las pensiones convencen a los agentes sociales. Escrivá ya ha puesto sobre la mesa de negociación varios documentos para reformar las pensiones, y ha matizado y dado marcha atrás en varias medidas, como la intención inicial de que los pensionistas no volvieran a ganar poder adquisitivo. Pero, en cambio, mantiene otras que chirrían tanto a la patronal como a las centrales, como el castigo a las prejubilaciones o prohibir la jubilación forzosa para los trabajadores con menos de 68 años en la negociación colectiva que CEOE no está por la labor de apoyar.
En las mesas en las que se abordan cambios en el mercado de trabajo la posibilidad de lograr un consenso es también escasa en estos momentos. Lejos de las medidas de mayor flexibilidad que reclaman para nuestro mercado las autoridades comunitarias, las propuestas que llegan a los agentes sociales desde el Ministerio de Trabajo perseveran en otorgar un mayor poder de negociación a los convenios sectoriales a costa de los de empresa y limitar el poder de los empresarios para recortar los sueldos de sus plantillas. También plantea recuperar la ultraactividad de los convenios, una de los principales cambios que incluyó la reforma laboral de Rajoy en 2012.
Todas son medidas con las que no comulga la patronal, a diferencia de los sindicatos, más cercanos a estos planteamientos de Yolanda Díaz. Desde Bruselas se insiste en que esta reforma no se toque y se ha pedido al Ejecutivo que se vuelque en un plan para recortar el paro juvenil, por encima del 40%, y en medidas para acabar con la dualidad del mercado de trabajo, lo que pasa por reformar las modalidades de contratación.
La presión que impone el calendario se deja ver también en el giro que ha dado el discurso de varios miembros del Ejecutivo. De asegurar tajantes que las ayudas europeas no llevaban implícita condicionalidad alguna, se ha pasado a ‘recordar’ a los agentes sociales la importancia de su firma para que el país pueda recibir el maná europeo. Fuentes del diálogo social confirman que este es uno de los argumentos que el Ejecutivo ha comenzado a utilizar tanto en la mesa de negociación de la reforma laboral como en la del sistema de pensiones.
«Hay que cumplir»
El cambio en el discurso público de la vicepresidenta y ministra de Trabajo es palpable. Probablemente fue uno de los miembros del Gobierno que con más insistencia reiteró estos meses atrás que la llegada de los fondos no implicaba condicionalidad alguna para el país. Esta semana, sin embargo, al explicar el detalle del Plan de recuperación enviado por su ministerio, la ministra no dudó en dejar claro a los agentes sociales que había que cumplir con los plazos marcados para poner en marcha las reformas porque de ello depende «el futuro de nuestro país».
Trabajo quiere tener lista la primera parte de la reforma del mercado laboral antes de que acabe el año y Díaz fue clara con respecto a los tiempos: «Los plazos en Derecho no se discuten, se cumplen», dijo. «El componente 23 es archiconocido por quienes se reúnen en la planta cuarta de este Ministerio (dijo en referencia a los agentes sociales). Aunque nunca doy plazos por si no se cumplen, en este caso nos jugamos nuestro país. Y creo que las cifras de precariedad no se pueden extender más. También soy consciente de que son reformas que nunca se han abordado en España y eso me entristece. Daba igual el Gobierno que estuviera, siempre eran los mismos números. Pero nosotros vamos a cumplir», advirtió.
También Escrivá se mostró explícito esta semana: «Hay que cumplir con los plazos del plan», señaló. Lo cierto es que el expresidente de la Airef cuenta con algo más de margen de cara a obtener un acuerdo social pues la mayor parte de las reformas en pensiones enviadas a Europa como contraparte a la recepción de los fondos comunitarios se ejecutarán a partir de 2022.
El equilibrio que busca mantener el Ejecutivo es, no obstante, difícil de mantener en el tiempo. El Plan de reformas ha sido señalado por no descender al detalle ni marcarse objetivos medibles. De hecho, ha tenido que ser enmendado al poco tiempo de hacerse público. El cambio más reciente ha sido la supresión de la desgravación por declaración conjunta, que horas después de ser enviada a Bruselas fue calificado de «errata» por la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, para intentar frenar las críticas al fin de una bonificación de la que se benefician actualmente 4,2 millones de personas y 2,1 millones de hogares, especialmente mujeres divorciadas y pensionistas.
