Los socios parlamentarios del Gobierno y de investidura de Pedro Sánchez y la oposición han denunciado este martes la situación de «profunda descoordinación institucional» en la que se encuentra el país después de decaer el estado de alarma sin que el Ejecutivo aprobara un plan alternativo como le han estado pidiendo en el Congreso en las últimas semanas. Los portavoces de PNV, Más País, Compromís, ERC y Bildu, aliados de PSOE y Unidas Podemos (UP), han mostrado su «indignación» y «decepción» con el Gobierno, al que consideran el «principal» responsable del «caos» y la «confusión».
El líder de Más País, Íñigo Errejón, acusa al Gobierno de «lavarse las manos» y pide un estado de alarma para poder organizar una desescalada y promover un marco jurídico alternativo. «Hoy los españoles no saben a qué normas atenerse, las comunidades autónomas no saben qué normas van a regir en sus territorios, el Gobierno le pasa la patata caliente primero a las CC.AA. y después se la pasa a la Justicia, que está diciendo una cosa en un territorio y la contraria en otro», ha reprochado Errejón, durante una rueda de prensa antes de la Junta de Portavoces en la Cámara Baja.
«Es el resultado de una profunda descoordinación institucional que genera caos e incertidumbre para la ciudadanía, y tenemos que decir que el principal responsable es el Gobierno nacional», ha continuado. Eso sí, Errejón ha subrayado que el PP no debe criticar esta situación porque han intentado usar el virus «para desgastar al Gobierno» sin apoyar todas las medidas contra la pandemia. Así lo ha soltado: «El PP no tiene legitimidad para criticar la situación actual porque los lunes decía que el estado de alarma era malo, los jueves, que lo echaba de menos y los viernes, había vuelto a cambiar de opinión».
En la misma línea se ha pronunciado el portavoz de Compromís, Joan Baldoví. « No me gusta decir que teníamos razón, pero hemos llegado a donde decíamos», ha espetado. También ha puesto de ejemplo el «caos» en las decisiones judiciales de cada tribunal y, en consecuencia, ha dicho, eso solo produce «confusión», «indignación» y «decepción» con un «Gobierno que lo podía haber arreglado» y «un PP que ahora reclama lo que antes no reclamaba». «La actitud de los dos grandes partidos está siendo muy mejorable», ha criticado Baldoví.
Desde ERC, su portavoz, Gabriel Rufián, ha acusado directamente al Gobierno central de anunciar el fin de la alarma sin «horizonte» ni nuevas medidas y restricciones para evitar que eso le «penalizara» al PSOE en las elecciones madrileñas del pasado 4 de mayo. ERC habla así de electoralismo. Rufián ha insistido además en que configurar una alternativa jurídica es un «compromiso» del Gobierno con diferentes grupos parlamentarios, entre ellos con el Grupo Republicano al que pertenece, pero también con Ciudadanos. «Es un incumplimiento más», ha apostillado Rufián.
Imágenes de las aglomeraciones
En las ruedas de prensa anteriores y posteriores a la Junta de Portavoces h an estado muy presentes las imágenes de aglomeraciones y macrobotellones en las grandes ciudades después del final del toque de queda. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha recordado que su grupo sí era partidario de una modificación como la que planteaba el PP -aunque con modificaciones-, pero ha señalado que ya «es tarde» y que es necesario disponer de un «paraguas jurídico». «Lo lógico habría sido prorrogar el estado de alarma dos meses más», ha subrayado, aunque ha dejado claro que ello no tenía por qué significar que se mantuviese el toque de queda ni el cierre perimetral en todas las comunidades autónomas. «Lo que ya es inevitable -ha añadido- es el caos jurídico».
Sin ser tan explícita en su respaldo a un estado de alarma, la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha tachado de «irresponsabilidad compartida» la actual situación ante la «inacción», ha dicho, tanto de la administración central como de las autonómicas. «No responsabilicemos a la ciudadanía de lo que está ocurriendo», ha agregado.
A lo largo de la mañana, fuentes socialistas se han encogido de hombros cuando en privado se les ha preguntado por las críticas de los socios. La portavoz del PSOE en la cámara, Adriana Lastra, se ha limitado a apuntar que era un instrumento jurídico «excepcional» que fue un acierto y que decaiga «es una buena noticia porque lo peor ya ha pasado». Lastra ha insistido también en que el ordenamiento jurídico tiene «mecanismos suficientes y adecuados a la fase en la que nos encontramos para hacer frente a la pandemia», asi cómo «menos lesivos con los derechos fundamentales». También ha criticado que el PP no apoyó el último decreto del estado de alarma.
Ferran Bel, del PDECat, ha cargado contra el Gobierno por no haber liderado «ninguna propuesta» y de haber delegado en manos de las comunidades autónomas las restricciones sin tener la certidumbre de si serán avaladas o no por los tribunales. Igual que Esteban, Bel ha afirmado: «Nos podría parecer solución alternativa la del PP, pero no en este momento. Podrían pasar semanas [hasta que se tramite y se apruebe]».
Quien sí se ha mostrado completamente contraria al estado de alarma o a un plan alternativo que conlleve restricciones ha sido Mireia Vehí. diputada de la CUP. «La pandemia es sanitaria y económica, pero no es un problema de orden público. Las medidas de control de la población no tienen ningún sentido», ha dicho.
