De pronto este 25 febrero, el Boletín Oficial del Estado, letra pequeña de la Historia de España, quinto evangelio de la pandemia, publica en presunta transcripción del Reglamento del Código Mercantil que «transcurrido un culo desde la fecha del cierre del ejercicio social sin que se haya practicado el depósito de cuentas anuales…». «Un culo», donde debería poner «un año». O que en las oposiciones para investigador del Ministerio de Ciencia y Tecnología, número del 24 de diciembre de 2020, va a ser imprescindible empollarse el tema «Bronces de óxido metálicos (Tesis de Dani)». Daría por pensar que el tal Dani ya tiene plaza a su nombre. Pero cuando preguntas en La Moncloa a qué clase de hazmerreír, despiste o sabotaje se abandona de cuando en cuando el periódico de España por antonomasia, nadie parece saber muy bien por dónde salir.
«Todos los textos publicados en el BOE responden escrupulosamente al documento original enviado por el emisor». Se insertan «en los mismos términos en que se hallen redactados y autorizados», contesta por escrito la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (AEBOE), que con 319 trabajadores, 94 de ellos funcionarios –bastante más plantilla que un periódico de Madrid de Primera División–, se despoja de toda responsabilidad asegurando carecer «de competencias de revisión sobre lo que los órganos emisores envían». Esto es, si hay errores, son de «los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial» o los autonómicos y locales.
Conclusión: lo de la Tesis de Dani venía ya en el documento de origen y lo del «transcurrido un culo», pues también. A saber: «Los programas de reconocimiento óptico de caracteres de uso habitual por los emisores de la Administración para escanear documentos –dicen– tienen fallos de reconocimiento en las palabras ‘año’ y ‘artí-culo’ (sic) en los casos en que estas palabras no aparecen perfectamente impresas en el texto original escaneado». Farragosa explicación. Aparte de enigmática, puesto que en la normativa de referencia, el Reglamento mercantil, el término correcto es «año», nada de «arti-culo» y en el boletín acaba figurando lo dicho, «culo». La justificación no cuadra, pero no cabe mayor aclaración porque se niegan a poner a ningún experto al teléfono. Marca de este Gobierno de tan poca transparencia para tanta coalición.
La razón de la AEBOE la da el Ministerio de la Presidencia, el de Carmen Calvo, que por gracia de un Real Decreto de 2008 tiene las competencias en la ordenación y control de los contenidos de esta edición omnipotente, que el 14 de marzo de 2020 valió por sí misma para mandar a 47 millones de españoles a encerrarse en casa sin rechistar. Y así 98 días. Todos de puertas para adentro, como los del Ángel Exterminador de Luis Buñuel. Por cierto, devorando los 53 números ordinarios del BOE más 17 extraordinarios alumbrados en ese periodo de alarma, desbordantes de instrucciones, advertencias, prohibiciones y su levantamiento o vuelta a empezar. En las fechas de 28, 29 y 30 de marzo hubo 25 millones de accesos a la web del BOE, devenida en biblia suprema de la supervivencia. Y este 23 de abril te encuentras con que el mismo boletín de efectos divinos, aunque cada vez más plagado de defectos y disparates, sale con otra pieza de antología, ajustando cuentas navajeras con el partido que gobernaba antes.
El PP, iniciador de «un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades», se dice en el preámbulo de una ley que modifica el Código Penal. Una agresión chusca. Y además suscrita sin más remedio por el Rey, al que Pedro Sánchez vuelve a poner al servicio de su particular voladura. Aunque ese es otro cantar.
Del prestigio al sonrojo
Aquí, como en todo moderno Estado de Derecho, el BOE se ha leído de rodillas. En las mesas de los funcionarios, en las de los juristas, en empresas a la caza o no de concursos públicos, cómo no en las de los periodistas, antaño entregados a esa oración matinal –palabra de Hegel– de descifrar las páginas grises del papel prensa oficial. Desde 2009, de la edición online, que al menos que se sepa, una periodista en España, la codirectora de la Fundación Civio Eva Belmonte, exprime religiosamente, número tras número, hace casi nueve años. Calculando, un millón largo de páginas.
Su conocimiento del boletín es enciclopédico y su criterio va a misa (léase la web elboenuestrodecadadia.wordpress.com). De ahí que cuando sostiene que el párrafo arrojado contra el PP es «el summum de la burrada» reproducida en el diario oficial, no quede otra que decir amén. «Es de lo más feo que he visto en un texto público en mucho tiempo. No recuerdo en democracia un ataque a un partido concreto de esta manera», sostiene. Para hallar un precedente, sugiere remontarse «a las primeras normas que aprobó el franquismo, que descalificaban lo que se había hecho en la República y lo anulaban». Aunque aquello, recalca, corresponde a otro orden, otro régimen, «a un contexto posguerra civil y a una dictadura».
«Los preámbulos, las exposiciones de motivos de las leyes, tienen que servir para ayudar a entenderlas y comprender por qué se toma esa decisión y no otra, aunque desde hace muchísimo tiempo, tanto el PP como el PSOE, los están utilizando para hacerse un poco de propaganda», ilustra Belmonte. Que no obstante, advierte de que se está pasando por alto que la ofensa aparece en un texto que procede del Congreso. «No es un Real Decreto Ley que mandó el Gobierno, sino una ley que ha sido votada».
De nada valió que el diputado popular Miguel Jerez denunciara durante la ponencia estar ante una «técnica legislativa repugnante», delatora de «mala fe», «el odio y la ira más visceral». La enmienda a la totalidad que defendió no obtuvo apoyo. Pablo Casado ha anunciado que llevará las «ofensas» al Tribunal Constitucional y el Grupo Popular ha instado a la Cámara Baja a que adopte medidas para que garanticen que la parte expositiva de las normas obedezca a lo que manda el Reglamento, describir «objeto y finalidad, «antecedentes», y no se deslice hacia el «sonrojo» y lo «bochornoso». «El debate parlamentario resiste estas cosas, el BOE no», sentenció el PP.
Pero ahí ha quedado para siempre. Reflexiona la experta sobre qué pensará quien dentro de veinte años quiera despejar dudas y se tope con las líneas de la infamia. «No tendría por qué ver eso, las leyes no son algo temporal del partido de turno». Muy por el contrario, pertenecen a todos todo el tiempo. Y el artefacto mágico que lo hace posible es el Boletín Oficial del Estado. «Es un mecanismo de publicación, un instrumento para decir que una ley está en vigor y a partir de ahí obliga a autoridades, a ciudadanos y, por supuesto a los tribunales». Lo explica Marta Lorente, catedrática de Historia del Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid y autora de ‘La Voz del Estado’, donde muestra que esa función que hoy se da por descontada –la Constitución consagra en el artículo 9.3 la publicidad de las normas– «en términos nacionales» se activó hace apenas 132 años, cuando así se dispuso en el Código Civil de 1889. En Francia ya operaba desde la Revolución, un siglo atrás.
«Fue un desastre, da idea de las pocas ganas que ha tenido este país de cumplir las leyes», lamenta. La realidad es que, mientras que en el país vecino estaba regulado desde 1790 incluso qué día entraban en vigor las leyes en cada provincia en función de lo que tardaba el texto en llegar a caballo a cada uno de ellos, en España la normativa se daba por difundida dándole lectura de viva voz en la plaza del pueblo.
Más tarde se hizo por su inserción en cualquiera de los dispersos y múltiples boletines provinciales, que en el siglo XIX continuaban muchas veces aún en manos de empresas privadas que quebraban. «Los tribunales, siquiera el Tribunal Supremo, y audiencias no tenían las leyes… se las tenían que pedir a los abogados. Pero es que, además, los funcionarios no se sentían obligados a cumplir la norma hasta que no se la mandaban a su dirección y daban acuse de recibo», ilustra la catedrática, que señala este como uno de los problemas «que explican la debilidad en la construcción del Estado liberal en España».
Dos en guerra
La andadura del BOE ha sido azarosa, cambiante no siempre al compás de su tiempo y sobre todo larga. Considerado el más antiguo del mundo solo por detrás del ‘Post-och Inrikes Tidningar’ –fundado en 1645 por Cristina de Suecia–, es heredero de la ‘Gazeta de Madrid’, que salió a la calle en 1661 como un proyecto de edición privado que informaba de actos de gobierno o decisiones reales, pero también reproducía ensayos, poemas o artículos de opinión. Sería Carlos III quien la incorporaría a la Corona en el año 1762 previo pago de 700.000 reales, con lo que pasó a ser periódico oficial de la Monarquía española.
Con la nomenclatura actual, el Boletín Oficial del Estado es hijo directo de la Guerra Civil y de Francisco Franco, que lo estrenó con ese nombre el 2 de octubre de 1936, al día siguiente de su toma de posesión como «Jefe de Gobierno del Estado Español», según consta en el estudio ‘El BOE hace Historia’ de Francisco Javier Bobillo. «Crear un ‘Nuevo Estado’ era el propósito declarado (…), no estaba del todo claro en qué consistía dicho objetivo, pero le correspondía un nuevo diario oficial», subraya el autor.
El BOE nació en Burgos, donde el bando nacional había instalado su capital y desde el 25 de julio anterior dado órdenes a través de un Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España (BOJDNE), del que se hicieron 33 números. Casi tres décadas después, en febrero de 1961, el propio BOE reivindicaría como su «antecesor directo» ‘Gaceta de Madrid’, con la que realmente había coexistido durante toda la contienda, puesto que el Gobierno republicano la mantuvo en rotativas hasta el final bajo la cabecera ‘Gaceta de la República’.
Peores cosas le ha ocurrido al papel oficial que ser dos a la vez en la España rota de la guerra. Por ejemplo, que acabara arrastrado al fango de la corrupción tardofelipista al nivel de los casos AVE, Ibercorp, Guerra o Roldán a cuenta de los 775 millones de pesetas –4,3 millones de euros– que fueron sisados entre 1989 y 1991 de la compra de las bobinas. Es la cifra que dieron por robada los jueces, que sin embargo no encontraron a quien culpar del desfalco en una sentencia absolutoria que se emitió en 2001, año y medio después de la muerte de la principal acusada, ex directora general del Boletín, Carmen Salanueva.
Eran otros tiempos. En 1973, del BOE se tiraban unos 70.000 ejemplares y podía comprarse en los quioscos. En el último ejercicio antes de su conversión total a digital, 2008, las suscripciones eran poco más de 10.000 y costaban 233,43 euros al año. Hoy solo se imprimen cuatro boletines, en papel especial y a efectos de conservación patrimonial. El Ministerio de Presidencia guarda dos y otros dos el Archivo General de la Administración del Estado.
En esta última era de elecciones que, particularmente desde 2016, se repiten y se superponen sin fin, el BOE ha experimentado un revival. Recuérdese este abril en el que la convocatoria a las urnas mañana, 4 de mayo, en la Comunidad de Madrid se mantuvo en hitchcockiano suspenso hasta verse plasmada en el Boletín, –un día antes en el autonómico, BOCM– lo que dejó definitivamente fuera de juego mociones de censura registradas in extremis y fontanerías reglamentarias de última hora.
Quizás como pocas veces antes, la voz del BOE resuena hoy vibrante. Y de la expectación, porque esto ya no hay quien se lo pierda –la web tiene 4,5 millones de entradas al día–, proviene sin duda el foco sobre sus escandalosos fallos. En la Agencia de los 319 empleados esquivan: todo lo reciben en «formato electrónico» y se limitan a un proceso «de maquetación y estructuración para que puedan publicarse con los estilos y formatos propios del diario». De oficio, si acaso, corregir erratas. Por lo demás, que arregle el emisor y arriba la rectificación del pasado 18 de marzo, página 31.270: «’Nombre’, donde dice: ‘ Digo’, debe decir: ‘Diego’». Literal.
