Si bien las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE refrendan la decisión del presidente del Gobierno de no prorrogar el estado de alarma, en su mayoría las autonomías lideradas por el Partido Popular critican la situación “de indefensión” que ello provoca y cargan contra Pedro Sánchez, al considerar que “no tiene un plan para España” de recuperación ante el coronavirus. Y es que, el presidente del Ejecutivo prometió un “plan b” tras el estado de alarma, sin embargo, como avanzó este diario, en Moncloa no se prevé tramitar una legislación adicional en el corto plazo.
Desde la Comunidad de Madrid se critica que, se pasa la patata caliente a las comunidades. “Volvemos a encontrarnos ahora con la responsabilidad a espaldas de las comunidades”, lamenta Isabel Díaz Ayuso. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno cree que Moncloa “no ha sido capaz de poner en marcha una legislación específica ni ha permitido a las comunidades establecer una legislación que aporte seguridad”. En el caso de Cantabria, gobernada por el PRC, no ve mal la intención del Ejecutivo pero hubiese preferido que se lo comunicaran antes, una posición que comparte el lendakari Íñigo Urkullu.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid
«El Gobierno de España no tiene un plan para España»
«Tendrá que ser el Gobierno el que decida qué escenario quiere para España, porque el Gobierno de España no tiene un plan para España, que es lo que venimos sufriendo más de un año. Y tenemos otro problema: no ha habido una ley de pandemias a la que el presidente y la vicepresidenta se comprometieron el año pasado. Nos dijeron que para verano del año pasado habría una legislación que nos podría abrir, señalar el camino, a las demás comunidades y no han hecho nada. Y volvemos a encontrarnos ahora con la responsabilidad a espaldas de las comunidades. Nosotros pediremos, mientras haya pandemia, que la Justicia avale las medidas que estábamos tomando».
Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía
«El Gobierno de Sánchez no ha hecho los deberes»
«Desde hace más de un año vivimos momentos de incertidumbre constante, incertidumbre que va a ir en aumento con la finalización del estado de alarma. El Gobierno de la nación no ha sido capaz de poner en marcha una legislación específica ni ha permitido a las comunidades establecer una legislación que aporte seguridad y que frene la inseguridad a la que nos enfrentamos una vez llegue el fin del estado de alarma. Atravesamos una cuarta ola y la incidencia está en aumento. El Gobierno de España no ha hecho los deberes y no ha desarrollado una normativa que nos permita tener más competencias y cobertura legal. Esto no puede quedar en una situación de inseguridad jurídica».
Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León
«Una vez más, el Ejecutivo se echa a un lado»
«Necesitamos una legislación ordinaria que no sea el excepcional estado de alarma y que nos permita actuar de forma ágil y segura si la incidencia es elevada. Es una medida que llevamos reclamando casi un año. El Gobierno de España no ha tomado ninguna medida para dotar de herramientas jurídicas a las comunidades. Una vez más el Ejecutivo de se echa a un lado en la gestión de la pandemia y deja el futuro de la gestión en manos de la suerte. Anuncia el fin del estado alarma sin tener un «plan B» de actuación para luchar contra el virus y sin saber cuál será la incidencia de la pandemia en esa fecha. Es urgente que el presidente Sánchez convoque ya una Conferencia de Presidentes».
Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia
«Estamos ante una situación de incertidumbre»
«No le oculto nuestra preocupación porque estamos a las puertas de una situación de incertidumbre una vez anunciada la finalización del estado de alarma y, por lo tanto, la no existencia de cobertura legal para tomar decisiones que afectan a la movilidad, a derechos fundamentales y a actitudes ciudadanas. Tras un año de pandemia, el Gobierno sigue sin poner en marcha una legislación específica. Las comunidades llevamos mucho tiempo pidiendo una legislación específica, pero estamos como hace un año, sin ninguna legislación, salvo el estado de alarma. El Gobierno no establece una legislación ni deja a las comunidades que establezcan su propia legislación».
Fernando López Miras, presidente de la región de Murcia
«Es precipitado y alejado del criterio sanitario»
«Anunciar el fin del estado de alarma cuando aún tenemos que hacer frente a una cuarta ola parece precipitado y alejado de cualquier criterio técnico y sanitario, sobre todo cuando no hay «plan B» en el ámbito jurídico. Le demando al presidente Sánchez que trabaje para que, llegado el momento, no nos veamos sin herramientas para combatir al virus. Desde hace seis meses, las comunidades hemos tenido que poner en marcha medidas sin coordinación con el Gobierno. Ahora volvemos a una enorme inseguridad y nos quedamos sin respaldo jurídico para tomar decisiones. Estos anuncios sin consulta y sin cogobernanza no hacen más que generar incertidumbre entre la población».
Adrián Barbón, presidente de Asturias
«Necesitamos certeza para aplicar medidas»
Desde el Gobierno asturiano se muestran optimistas en poder seguir aplicando «medidas contundente» una vez que decaiga el estado de alarma. Si bien el presidente autonómico no se ha manifestado al respecto, la portavoz del Consejo de Gobierno Melania Álvarez apuesta por continuar con el modelo de restricciones vigentes –esto es por concejos– porque, a su juicio, «han demostrado su validez y eficacia». Sin embargo, la portavoz reconoce que tras el fin del paraguas del estado de alarma, existen «dudas jurídicas» pendientes de aclarar. Es por ello que defiende que las «comunidades deben tener certezas jurídicas para aplicar las medidas necesarias para controlar la pandemia».
Íñigo Urkullu, lendakari de País Vasco
«Se ha hecho sin contrastarlo con las comunidades»
«Aunque es un deseo compartido por la sociedad en su conjunto, es una situación que debe cumplir unas condiciones hoy impredecibles, como la evolución y el proceso de la pandemia y la vacunación. El anuncio se ha hecho sin contrastarlo con las comunidades, responsables de la atención sanitaria y en primera línea de lucha contra el virus. Por tanto, ante el anuncio realizado por Sánchez, podemos decir que ojalá sea posible. ¡Ojalá que el periodo desde el 9 de mayo hasta la anunciada inmunidad del 70% de la población para finales de agosto sea un periodo en el que esté garantizado el suministro de vacunas y sigamos cumpliendo con las medidas preventivas a nivel individual y colectivo!».
Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria
«Habría sido un detalle que nos lo hubiese dicho antes»
«El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el posible levantamiento del estado de alarma a partir del 9 de mayo no me parece mal, aunque habría sido un detalle por su parte comunicarlo previamente a los presidentes autonómicos. De hecho, creo que debe convocar cuanto antes una Conferencia de Presidentes para analizar conjuntamente las consecuencias de esa decisión y adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad jurídica en la actuación de las comunidades. Son las autonomías las que tienen y tendrán que seguir aplicando restricciones en función de la evolución de la pandemia y es necesario garantizar que esas medidas se llevan a cabo con la base legal suficiente».
Juan Jesús Vivas, presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta
«Hay que abordar el ámbito jurídico del fin de la alarma»
«Espero que en las próximas reuniones del Consejo Interterritorial se aborde el ámbito jurídico de la cuestión. Desde el punto de vista sanitario, es necesario que las autonomías puedan disponer de recursos que permitan reaccionar de manera adecuada ante el incremento de la incidencia que se pudiera producir una vez que decaiga el estado de alarma. En Ceuta vivimos un momento alarmante, por lo que consideramos imprescindible que quede clara la capacidad de respuesta jurídica de las administraciones territoriales a partir del 9 de mayo. Hay que poner encima de la mesa un horizonte claro para saber cómo actuar a partir de esa fecha y no se debe perder el ámbito de la acción coordinada».
Eduardo de Castro, presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla
«Nos deja en una situación de indefensión»
«La situación en la que nos deja a las comunidades es un poco de indefensión. El estado de alarma obedece a la limitación de derechos fundamentales y las comunidades no pueden regularlos. Eso solo se puede regular por Ley Orgánica, excepto si hay estado de alarma. Si no es así, nos quedamos sin una herramienta jurídica. Hace falta una herramienta jurídica, llámese estado de alarma, que es muy excepcional, o, como ha dicho el Consejo de Estado, buscar herramientas jurídicas. Lo que está claro es que tenemos que tener mecanismos para evitar que haya rebrotes. Lo prudente seria tener alguna herramienta para hacer las restricciones que hagan falta o no frenamos esto».
