La Fiscalía ha pedido a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que confirme todas las condenas del caso de los ERE, el mayor fraude que se ha producido en España en la concesión de ayudas sociolaborales y que, de confirmarse, sitúa a las puertas de la cárcel al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán.
Según ha adelantado este miércoles El Español y ha confirmado ABC de fuentes del Ministerio Público, la Fiscalía respalda la sentencia de la Audiencia de Sevilla que condenó al también expresidente Manuel Chaves y a otros 17 cargos de la Junta, que estaba en manos del PSOE. Griñán fue condenado a 6 años de prisión y 15 de inhabilitación por malversación de fondos y prevaricación. Chaves lo fue por el segundo de los delitos a nueve años de inhabilitación. También irían a la cárcel si el Supremo finalmente confirma esa sentencia los exconsejeros Antonio Fernández, Francisco Vallejo, José Antonio Viera y Carmen Martínez Aguayo. Por su parte, Gaspar Zarrías y la exministra socialista Magdalena Álvarez solo fueron condenados, como Chaves, por inhabilitación (9 años).
Los fiscales del Tribunal Supremo consideran acreditada por una «abundante prueba documental y pericial» la «patente ilegalidad» del procedimiento utilizado por los condenados, un sistema que permitió «la distribución fraudulenta» de las ayudas a empresas y trabajadores «con el consiguiente quebranto para las arcas públicas».
«Los condenados, de forma consciente y deliberada, soslayaron el procedimiento adecuado para la concesión de las ayudas mediante una clasificación del crédito inadecuada en la elaboración de los presupuestos y en las modificaciones presupuestarias con la finalidad de otorgar las ayudas sin control externo alguno y sin la necesaria fiscalización interna».
Los fiscales Rafael Escobar y Fernando Prieto consideran que los cargos públicos «actuaron al margen de la legalidad administrativa, en demostración fehaciente de que eran conocedores de la ilegalidad del sistema que se había instaurado para el reparto indiscriminado de las ayudas». Recuerdan también que hicieron «caso omiso de las advertencias que al efecto les fueron remitidas por la Intervención de la Junta, manteniendo la opacidad y el secretismo para primar el beneficio particular frente al general» y convirtieron las subvenciones «en un desplazamiento patrimonial con fundamento en la mera liberalidad de la entidad concedente, con clara transgresión del fundamento del instituto subvencional», sostienen los fiscales.
