La Navidad pone a prueba la cogobernanza del covid a las puertas de la vacunación

En la primera ola, el Gobierno optó por un mando único. En la desescalada y la segunda ola, la apuesta ha sido delegar el grueso de la gestión en las autonomías, y así será también en Navidad. España se adentra en unas fiestas atípicas marcadas por la pandemia en las que el contacto social deberá ser menor que otros años. Pero las próximas semanas se presentan también como una prueba de fuego para esa cogobernanza que ha instaurado Moncloa incluso a través del estado de alarma vigente. Los cambios en las restricciones efectuados en los últimos días y el comienzo de la ansiada vacunación amenazan con tensar las costuras de ese gobierno compartido que se antoja esencial.

Este miércoles, arrancó oficialmente el plan de Navidad, impulsado por Sanidad y enmendado hace una semana por el empeoramiento de la pandemia. Con su entrada en efecto, comenzaba también un cierre perimetral de todas las comunidades que en principio solo se podía burlar si se acudía a pasar las fiestas con un familiar o allegado, aunque algunas regiones han limitado aún más esta posibilidad. Dicho de otro modo, este miércoles, fue el primero de unos días en que miles de españoles se desplazan por el territorio nacional para acudir a reuniones sociales, y lo harán con distintos niveles de restricciones en cada territorio y diferentes documentos justificantes que presentar.

En la jornada de este 23 de diciembre, las principales estaciones de tren ya comenzaron a agitarse y se formaron largas colas como consecuencia del incremento sustancial de la movilidad. En ciudades como Madrid, se dieron también los primeros atascos en sus salidas, como previsiblemente sucederá en las próximas fechas en la capital y en otras grandes urbes del país, que verán un importante flujo de viajeros que vienen y van para pasar las fiestas con sus seres queridos. Tanto en estaciones como en carreteras, se fijaron controles por parte de las fuerzas de seguridad para comprobar la justificación del viaje, si bien las excepciones en la mayoría de comunidades permiten la entrada de gran parte de los viajeros. Solo en la capital se han desplegado 7.000 agentes de Guardia Civil y Policía Nacional.

El deterioro de la situación sanitaria ha provocado que las autoridades se vieran obligadas a dar un frenazo a la estrategia fijada a comienzos de mes, cuando un escenario mucho más favorable les llevó a que ni siquiera se incluyera una cláusula para modificar al alza las restricciones si el ritmo de contagios volvía a crecer. Con los cambios aprobados en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) del pasado 16 de diciembre, Sanidad y las CCAA fijaron que serían estas quienes tendrían la potestad para aumentar las limitaciones, provocando así que los ciudadanos se enfrenten a normas que varían según la región.

Aunque el plan de Navidad recogía cuestiones como el número máximo de personas que podrían reunirse en los días más señalados y el toque de queda a fijar, ha sido el punto de la movilidad interregional el que más polvareda ha causado por su incidencia en los planes de los ciudadanos. La Comunidad Valenciana ha sido la más drástica al definir su postura, optando por cerrar la región a familiares y allegados, mientras que Aragón y Extremadura han hecho lo propio, pero únicamente con los segundos. Además, hasta seis regiones reclaman un documento que deberá ser rellenado por los españoles para entrar y salir de ellas: La Rioja, Navarra, País Vasco, la Comunidad de Madrid, Cataluña y la propia Aragón.

A pesar de que algunas comunidades han decidido ampliar las restricciones, lo cierto es que la subida de los niveles de movilidad parece inevitable en un contexto en que la mejor forma de impedir la propagación del virus es evitar el contacto social. «La evolución ascendente de la pandemia se produce al inicio de las fiestas de Navidad, que es un periodo en el que se incrementan la movilidad y los contactos. Y por tanto preocupa», aseguró en rueda de prensa este miércoles el titular del ramo, Salvador Illa. La situación crítica que afronta el país en los próximos días se antoja, así, como un examen a esa llamada cogobernanza de competencias delegadas por la que ha optado el Ejecutivo central en lugar de otras vías como la del mando único. Una prueba que vendrá acompañada, además, de la puesta en marcha de la estrategia de vacunación.

Este es, precisamente, otro de los episodios que se prevé sirvan para testar la coordinación entre administraciones. Los plazos de aprobación del fármaco han querido que sea en plena Navidad cuando se comiencen a administrar dosis, un proceso que se iniciará el próximo domingo 27 de diciembre en todas las comunidades «de forma equitativa». El propio ministro reconoció este miércoles que requiere un esfuerzo «ingente» por parte de las administraciones, que recibirán unos 4,6 millones de dosis en 12 semanas. No supo precisar, sin embargo, cuántas personas se iban a aplicar la vacuna el primer día, aunque sí explicó que en torno a 2,3 millones de personas podrán ser vacunadas en la primera fase, que abarca hasta marzo, más o menos lo estipulado inicialmente.

La llegada de las vacunas fue motivo de encontronazo este miércoles entre la Comunidad de Madrid y el ministerio. El vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, cuestionó que no conocieran los datos necesarios para poder distribuir unas dosis que llegarían cuatro días más tarde, con Nochebuena y el día de Navidad en medio. «No sabemos cuándo llegan las vacunas ni cuántas dosis nos corresponden», aseguró en su perfil de Twitter. Horas más tarde, el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Escudero, precisó en rueda de prensa que se les había informado de que la CAM dispondrá de 1.200 de estos fármacos de Pfizer el próximo domingo y otras 48.750 dosis un día después. El mismo ministro enfatizó, en una comparecencia al mismo tiempo, que las comunidades conocían ya las dosis que iban a recibir.

El político catalán ha sido también foco de las críticas de la presidenta de la CAM, Isabel Díaz Ayuso, este miércoles, por no permitir a las farmacias la realización de test de antígenos, un reclamo que llevan realizando desde hace semanas y que ha vuelto a trasladar este miércoles: «Muchas familias ya podrían cenar esta Navidad habiéndose hecho un test de antígenos, pero seguimos esperando a Sanidad».

Precisamente ha sido con el Ejecutivo de la Puerta del Sol con el que se han producido mayores tensiones desde el inicio de la pandemia, tanto en la etapa de la desescalada bajo el paraguas de Sanidad como en los meses de verano y otoño, alcanzando su punto álgido con la declaración del estado de alarma regional el 9 de octubre para imponer la aplicación de unas restricciones a las que Madrid se resistía. Desde la oposición, especialmente el PP, se ha cargado contra Pedro Sánchez por dejar en manos de las autonomías las decisiones duras de la epidemia en los últimos meses. El líder popular, Pablo Casado, acusó en la última sesión de control al presidente de «parapetarse» tras las CCAA.

La evolución

La mala noticia es que la evolución de la pandemia es mala desde hace dos semanas. La buena noticia es que las cosas están empeorando de manera más lenta que en octubre. Tras el puente de la Constitución, los casos diarios notificados por Sanidad subieron hasta superar los 9.000 (utilizando una media de siete días para suavizar los picos), pero una semana después, aunque siguen subiendo, no han superado los 10.000. El empeoramiento está siendo lento. Y desigual entre comunidades.

La que peor está ahora es Baleares, con una incidencia acumulada de 455,61 casos, de lejos su peor dato desde el inicio de la pandemia. Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Cataluña y Castilla-La Mancha superan los 300. Melilla es la otra región por encima de los 250, el umbral de riesgo muy alto. España lo superó este martes tras tres semanas por debajo. La previsión del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) es que la situación siga empeorando hasta mediados o finales de enero, lo que puede devolver a las UCI, que aún no se han recuperado de la segunda ola (la ocupación a nivel nacional por casos de covid-19 está en el 20%), a una importante saturación.