La nueva legislación educativa, también conocida como ley Celaá, ya ha pasado todos los trámites –al ser aprobada este miércoles sin introducir nuevas modificaciones en el Senado– y entrará en vigor en sí que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Una situación que preocupa y mucho a la escuela concertada de Aragón, que el pasado fin de semana se volvió a movilizar para pedir la paralización del proceso.
La marcha, que se repitió en todas las comunidades autónomas (a excepción del País Vasco), no ha dado los resultados deseados, lo que según confirmó el presidente de Escuelas Católicas en Aragón, José Luis Sampériz, «no es agradable»» Para Concepción Ibáñez, presidenta de la Federación Cristiana de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (Fecaparagón) es un día «triste», porque está naciendo una ley «que no recoge el sentir de todos los ciudadanos». «No ha habido consenso», recalcó.
Una de las principales quejas es que elimina la «demanda social», por lo que aseguran que se podrían ir eliminando poco a poco clases concertadas en los centros educativos. También señalan la ambigüedad existente respecto a la educación especial, ya que se recalca que en diez años todos los colegios ordinarios deberán estar preparados para atender a estos alumnos. Dejando así en el aire cómo continuarán estas enseñanza. «Esta ley no está sustentada en los principios de igualdad y pluralidad», lamentó Ibáñez, al tiempo que incidió en que todavía queda esperanza en el Parlamento Europeo, que admitió a trámite una denunciada presentada por la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (Concapa); como en el Tribunal Constitucional.
Apeló, en todo caso, a que las movilizaciones llevadas a cabo «no han caído en saco roto». «Hemos conseguido que la sociedad conozca cómo se está tramitando la ley y esperemos que esta llamada de atención también sirva a los partidos políticos ya que necesitamos un Pacto de Estado», subrayó Ibáñez.
Este texto normativo impulsado por el Gobierno de PSOEy Unidas Podemos es el octavo desde el inicio de la democracia y deroga la legislación aprobada por el PPen 2013. La Lomloe salió ayer adelante sin contar con el apoyo de PP, Cs, Vox, PCRy PAR. El partido aragonés explicó que su negativa se debe «más a cuestiones de forma que de fondo o de contenido»». El senador Clemente Sánchez-Garnica criticó el «atropellado» proceso de tramitación de la ley Celaá en la Cámara Alta, lo que, en su opinión, ha imposibilitado «un examen sosegado de la misma».
