El Partido Popular de Madrid mostró músculo el domingo pasado, cuando se unió a 35 movilizaciones diferentes en toda la región para protestar contra la «ley Celaá»y defender la libertad educativa.
Hacía tiempo que en Génova no veían al PP madrileño con esa capacidad de movilización de las bases, y no tardaron en felicitar a su secretaria general, Ana Camins, a la que atribuyen la «resurrección» del partido en esta región. Camins, en realidad, sigue la estrategia marcada por Pablo Casado, su mentor y principal valedor para que en un futuro no tan lejano pueda ser la nueva presidenta del PP madrileño, aunque aún no lo quieran reconocer en público. El presidente de los populares ha pedido a todo el partido que se vuelque en las calles para estar cerca de los ciudadanos y ponerse al frente de sus protestas, ante un Gobierno «inmerso en sus líos, que ha dado la espalda a la mayoría», según fuentes del PP.
Casado y su secretario general, Teodoro García Egea, quieren un PP pegado a la gente, «cuando Sánchez los ha abandonado». Cerca de la gente, pero también de la sociedad civil, con la que el líder de la oposición está manteniendo encuentros continuos, ahora sobre todo en Cataluña ante la cercanía de las elecciones autonómicas.
Este domingo pasado, Casado fue el único líder nacional que participó en las movilizaciones callejeras (en vehículos, por las restricciones a las que obliga la pandemia) en Madrid, junto a Isabel Díaz Ayuso, José Luis Martínez-Almeida y Ana Camins, como ya hicieron a finales de noviembre, en la anterior protesta.
La ofensiva contra la «ley Celaá» es estratégica para el PP, ante el descontento general que produce en el mundo educativo, sobre todo en la enseñanza concertada y en la educación especial. Es un «nicho» de votantes que el PP no está dispuesto a ceder, y que quiere representar poniéndose al frente de sus movilizaciones. Los populares pusieron en marcha una campaña de recogida de firmas, se reunieron con sectores educativos, anunciaron un recurso ante el Tribunal Constitucional y también la derogación de la ley, cuando gobiernen.
Otros dirigentes del PP se manifestaron en todas las capitales de provincia de España, salvo en el País Vasco. El mensaje de que los populares «recuperan» la calle y toman la bandera de las protestas es decisivo en este momento en Génova, para aumentar su base electoral y afianzarse como la alternativa visible de Sánchez.
Con los inmigrantes
El PP ha querido ponerse al frente de las críticas al Gobierno, en la calle y en las redes sociales, en otros asuntos sociales como la inmigración. Casado viajó el 21 de noviembre a Canarias para conocer de primera mano la situación por la llegada masiva de inmigrantes en pateras. El Gobierno impidió al líder de la oposición acceder a la zona cero, el muelle de Arguineguín, en una imagen que le valió al PP más que diez discursos. Casado, además, logró marcar su terreno y distanciarse de la posición de Vox.
Los populares han sido especialmente activos también en las protestas contra la «okupación» ilegal. Su ofensiva ha sido parlamentaria, pero también callejera. En septiembre, Casado fue hasta Badalona, donde ahora gobierna Xavier García Albiol (PP), para recordar que en lo que se llevaba de año se habían producido 3.700 ocupaciones ilegales, lo que triplicaba el dato de 2005. Presentó, además, la ley integral contra la «okupación». Hace diez días, volvió a Badalona para visitar la nave ocupada donde ocurrió el incendio, que se cobró tres víctimas mortales. Casado mostró su «solidaridad» hacia las familias de las víctimas y agradeció la labor de los cuerpos de seguridad y los servicios que intervinieron. Advirtió de que «hay que remar juntos para que esto no se vuelva a repetir».
Casado quiere que se visualice la agenda social del PP «para que los españoles comprueben que hay otra forma diferente de gobernar». Sus reuniones con los sectores más afectados por la crisis sanitaria y económica, que son los mismos que se sienten más abandonados por el Gobierno, van en esa dirección. Ahí están los autónomos y su travesía en el desierto de la pandemia y los numerosos guiños a los hosteleros. También ha querido abanderar la rebelión de los alcaldes contra la asfixia financiera local.
La proximidad del PP a la sociedad civil, para poner voz a sus demandas, se extiende a sectores como el de la investigación. Ayer, Casado visitó el Instituto Catalán de Investigación científica, en Tarragona, desde donde pidió un pacto de Estado para destinar el 2 por ciento del PIB a la investigación.
