Las comunidades gobernadas por el PP no aplicarán el próximo año la polémica « ley Celaá». Según han confirmado fuentes del partido a ABC lo impedirán a través de mecanismos legales con el objetivo de «seguir garantizando la libre elección de las familias para elegir centro escolar, blindar a la concertada y a la especial, garantizar una educación de calidad impidiendo la promoción con suspensos y proteger el castellano», señalaron las mismas fuentes.
Las prisas del Gobierno por aprobar su proyecto de ley educativo en el Pleno del Senado el próximo día 23, tal como avanzó ABC, esconde varios motivos. Si la norma no sale adelante ese día, comenzarán las vacaciones parlamentarias de Navidad y el Gobierno perdería un tiempo precioso para el cumplimiento de sus objetivos. Entre ellos, la aplicación de los nuevos criterios contenidos en la Lomloe sobre admisión de alumnos y mantenimiento de conciertos educativos.
Por eso, las comunidades del PP usarán diferentes caminos legales para impedirlo. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid acaba de publicar la resolución de admisión de alumnos (el jueves por la tarde) cuando normalmente lo hace en enero o febrero. También la publicó la Región de Murcia. Por su parte, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo ya anunció, contrariamente a lo que plantea la Lomloe, que no otorgaría el título de Bachillerato con suspensas ni el de ESO con más de dos sin aprobar y que el castellano será vehicular. En resumen, cada comunidad recurrirá a diferentes caminos legales que les permitan sortear la polémica ley educativa.
¿Qué va a impedir Madrid y Murcia aprobando la resolución sobre admisión de alumnos? El proceso de admisión suele producirse a partir del mes de febrero de cada año. Si la Lomloe se aprobase en febrero de 2021 (lo que estaba inicialmente previsto), las novedades de la misma no tendrían efectos hasta el año 2022 (salvo algunas novedades pedagógicas que se aplicarían ya en el próximo curso). Si dicho proceso de admisión de alumnos se hiciera según lo estipula la «ley Celaá» se favorecería la «zonificación» y se daría vía libre a que las «comisiones u órganos de garantías de admisión» puedan «evitar» la supuesta «segregación», dirigiendo a los alumnos a centros que no desean sus padres, estableciendo porcentajes de alumnos inmigrantes o con menos recursos (siendo un concepto indeterminado y discrecional, en manos de las administraciones).
Otro camino para sortear la Lomloe es publicar antes de que esta se apruebe las resoluciones relativas a la modificación de conciertos, las cuales suelen publicarse en enero. Con ello, se impediría la reducción de unidades concertadas con alumnos para beneficiar a las aulas de la pública vacías para el próximo curso, tal como plantea la «ley Celaá».
Cuando la Lomloe aterrizó en el Senado, fuentes parlamentarias preveían que el plazo de tramitación se extendería dos meses, pero según han confirmado a ABC fuentes parlamentarias el debate de la ley en el Pleno de la Cámara Alta coincidirá con el debate de la ley de Presupuestos el próximo día 23. Es decir, que todo el proceso, en lugar de durar dos meses, se acortaría a algo menos de una semana.
¿Cómo? Las enmiendas, cuyo plazo de presentación termina el próximo día 15, se votarán el día 17 en Ponencia (grupo de trabajo que analiza y vota las enmiendas) y el 18 en Comisión de Educación. La oposición intentará evitar que la Lomloe se convierta definitivamente en ley en el Senado con la presentación de enmiendas que obliguen al texto a volver al Congreso.
