El plan ejecutado por el Gobierno para intentar controlar los flujos de desinformación supone un importante riesgo para derechos fundamentales y para las garantías profesionales de los periodistas, tal y como han advertido diferentes asociaciones y colectivos consultados por EL MUNDO. «El principal peligro es que ese comité sea utilizado con fines políticos, dada su dependencia gubernamental», advierte Nemesio Rodríguez, presidente de la Fape (Federación de Asociaciones de Periodistas de España).
El Consejo de Seguridad Nacional aprobó el miércoles el nuevo procedimiento contra la desinformación impulsado por el Gobierno y que el BOE publicó este jueves. El Ejecutivo ha creado una Comisión Permanente para este fin que será coordinada por la Secretaría de Estado de Comunicación. Las riendas las llevarán Iván Redondo, jefe del gabinete de la Presidencia del Gobierno, y Miguel Ángel Oliver, secretario de Estado de Comunicación.
«Ponemos serios reparos a las herramientas anunciadas para esa lucha contra la desinformación porque deja en manos del Gobierno de la Nación una función que debería gozar de independencia frente a los poderes públicos», apunta el presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), Juan Caño. Y añade: «El riesgo obvio es que un organismo del tipo que se propone funcione más como censor que como garante de la verdad».
Tanto la Fape como la APM coinciden en que «la desinformación supone una clara amenaza a los derechos constitucionales a la libertad de expresión y a la información» y ambas asociaciones se muestran favorables a las iniciativas encaminadas a luchar contra este problema. Sin embargo, consideran que el plan por el que se ha decidido el Gobierno esconde importantes peligros. «Los derechos fundamentales de la libertad de expresión y la libertad de información pueden quedar coartados y sometidos a un control de los poderes públicos«, apunta Caño. «No es tarea de ningún comité decidir qué es y qué no es información. Esta es una tarea exclusiva de los periodistas y de los medios», añade Rodríguez, quien advierte: «Estaremos vigilantes y denunciaremos todo intento de limitar tales derechos».
Caño subraya que «la libertad de prensa, consagrada en la Constitución española, es una condición inexcusable para la supervivencia de cualquier sistema democrático» y considera que «la mejor ley de prensa es la que no existe». En su opinión, «la excesiva regulación supone una merma de libertad». El presidente de la APM recuerda que «la legislación ya tiene establecidos los cauces adecuados para ejercer el derecho de rectificación ante los medios cuando sea necesario».
Nemesio Rodríguez apunta admite que «la lucha contra la desinformación es una tarea que incumbe no sólo a los periodistas, sino también a los gobiernos, instituciones, plataformas digitales y ciudadanos en general», pero al mismo tiempo afirma que la creación de este comité ideado por el Gobierno de Pedro Sánchez «sólo tendría sentido si va dirigido a afrontar, en estrecha cooperación con la Unión Europea, las campañas de desinformación que procedan de terceros países y que pongan en peligro, por ejemplo, la seguridad o la salud de los ciudadanos».
También en la Federación de Sindicatos de Periodistas(FeSP) ven algunas dudas en el plan del Gobierno porque «puede haber quien caiga en la tentación de querer controlar la información, con la excusa de combatir la desinformación, y eso sería totalmente rechazable», según alerta Agustín Yanel, secretario general de la FeSP.
Yanel subraya que «adoptar medidas contra la desinformación es positivo» y añade que «de momento hay que ser prudentes y esperar a ver cómo se concreta en la práctica el procedimiento de actuación que ha aprobado el Consejo de Seguridad Nacional». En este sentido, destaca que en el plan aprobado «prevé la participación de los medios de comunicación, plataformas digitales, ONG y el mundo académico como parte esencial para combatir la desinformación». En este sentido subraya que el camino tiene que ser «que los medios colaboren para erradicar las informaciones falsas, no controlarlos». Y para ello ve imprescindible la participación de la sociedad civil en los nuevos organismos.
«Hay que esperar para ver cómo se concreta en la práctica. Pero el derecho a la información y la libertad de expresión están garantizados en la Constitución y en convenios y tratados internacionales, y no pueden ser restringidos excepto por una decisión judicial en los casos que establece la ley», apunta Yanel, quien añade: «El riesgo existirá si alguien de quienes formarán parte de esa estructura pretendiera controlar la información. Espero que nadie lo intente, porque sería como intentar poner puertas al campo».
