Choque entre el Gobierno y el principal partido de la oposición. El Ejecutivo de Pedro Sánchez rechaza la condición de limitar el estado de alarma a una duración de ocho semanas, como había exigido Pablo Casado, y solicitará mañana de forma oficial una extensión de seis meses, que se votará esta semana en el Congreso de los Diputados.
Por la mañana el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, aprovechaba su intervención en la clausura de la primera sesión del Congreso Nacional de la Empresa Familiar para fijar la postura de su formación política frente al estado de alarma de seis meses que pretende imponerPedro Sánchez. Casado ha pedido un límite de tiempo de ocho semanas y que se ponga en marcha el Plan B, una alternativa jurídica a la excepcionalidad constitucional.
«Para recabar el apoyo mayoritario de las Cortes, un respaldo que refleje una unidad y una dirección conjunta, solicitamos dos cuestiones: limitar el plazo de aplicación de esta excepcionalidad. No puede superar en ningún caso las ocho semanas».
La respuesta no ha tardado en llegar desde el Gobierno. Al término de la Conferencia de Presidentes Autónómicos, la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, ha manifestado el rechazo del Ejecutivo a estas condiciones. El Gobierno rechaza la condición de Pablo Casado para apoyar el estado de alarma, que consistía en limitar su duración total a solo ocho semanas para que este mecanismo no esté en vigor durante la campaña navideña. El Ejecutivo no acepta este planteamiento y mañana, en el Consejo de Ministros, solicitará formalmente una prórroga de seis meses de duración que lleve el estado de alarma hasta el 9 de mayo.
La ministra de Política Territorial ha defendido que el presidente Pedro Sánchez fue ayer claro respecto a la duración de seis meses porque «obedece a una serie de criterios científicos». Darias ha insistido en que «el plazo dependerá de la evolución de pandemia», pero no de una negociación previa que reduzca de entrada el plazo de seis meses. Darias se ha dirigido al presidente del PP para decirle que «debe abandonar sus condiciones» y ha apelado «al sentido común y al sentido científico».
La ministra Darias ha hecho un llamamiento al PP «para que no ponga condiciones», y que no se dedique a «poner palos en las ruedas». El Gobierno justifica que van a ser los presidentes autonómicos los que van a poder gestionar las medidas restrictivas. «Son las comunidades las que determinen la aplicación de las mismas», ha recordado Darias, que por eso ha pedido a Casado «que no ponga condiciones a las propias comunidades».
Por otro lado se encuentra el Plan B, que defiende el PP desde el mes de mayo, se basa sobre todo en la reforma de la ley 3/86 de medidas especiales en materia de salud pública, con el fin dar instrumentos legales a las comunidades que les permita luchar contra el coronavirus, sin necesidad de recurrir a la excepcionalidad del estado de alarma.
La alarma es una «excepcionalidad constitucional», que tiene que ser tasada en el tiempo y en su alcance, ha advertido Casado. «Siempre tiene que estar sujeto a un control parlamentario», que no puede ser suplido por la comparecencia de un ministro cada quince días en comisión. Además, Casado cree que puede haber algún aspecto que vaya contra la Constitución, si no se controla la restricción de los derechos fundamentales. Además, contraviene lo que ha recomendando la Comisión Europea, según ha apuntado.
Pese a que el Gobierno se comprometió en primavera a una reforma legislativa, desde el verano se han dado pasos atrás y ahora se rechaza. Darias ha vuelto a explicar que existe «la absoluta convicción de que la única herramienta es el estado de alarma» y que «cualquier restricción de esta índole» requiere de instrumento excepcional.
Casado habló con Sánchez ayer por la mañana y espera volver a hablar esta semana con él. La línea de comunicación entre Moncloa y Génova, por tanto, está abierta en este momento. Algo que ya supone un avance respecto a hace unos meses, pero que por el momento no parece que vaya a cristalizar en un entendimiento para esta crucial decisión.
El estado de alarma es «la constatación de un gran fracaso», ha señalado Casado, quien cree que había una agenda oculta en el Gobierno más allá de dar una visión de la realidad.Casado ha anunciado también que el PP votará mañana a favor del nuevo marco del sistema de pensiones, pactado en la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados.
