Nunca en más de 40 años de democracia el Consejo General del Poder Judicial se había visto obligado a recriminar tres veces a un mismo Gobierno sus injerencias en la labor de los Tribunales. Y menos aún, nunca el órgano de gobierno de los jueces tuvo que hacerlo en solo diez meses. Eso es lo que está ocurriendo ahora con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, con la judicatura sumida en un hartazgo inédito por las presiones, coacciones y amenazas que recibe sistemáticamente desde la misma mesa del Consejo de Ministros.
Cuando Pablo Iglesias se vanagloria ostensiblemente de su cargo de vicepresidente para afirmar que la derecha «sabe que por medios democráticos no van a hacer caer al Gobierno y juegan
todas sus cartas», no hace sino una velada acusación de prevaricación contra el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. Este juez, que hace solo dos semanas imputó a antiguos dirigentes del PP por su implicación en el caso Kitchen para regocijo de Podemos, acaba de elevar al Tribunal Supremo una exposición razonada en la que describe con detalle los motivos por los que Iglesias debería ser investigado por denuncia falsa, por destruir pruebas informáticas, y por revelación de secretos.
Inquietante sensación de purga
A renglón seguido, y con tono desafiante hacia todo el poder judicial, Iglesias retó directamente a los magistrados del Supremo afirmando que le resulta inimaginable ser imputado. En la judicatura empieza a cundir una inquietante sensación de purga organizada, y cuidadosamente diseñada en varios actos, para someter la independencia del poder judicial al arbitrio del poder ejecutivo y hacer implosionar la separación de poderes.
El primer comunicado oficial del Poder Judicial, redactado por su Comisión Permanente el pasado 15 de enero, reivindicaba la libertad y criterio de nuestros Tribunales después de que Iglesias retorciese el sentido real de un fallo de la justicia europea que el Gobierno interpretó favorable a Carles Puigdemont. La enmienda a la totalidad que hizo Iglesias de nuestro sistema de justicia sentó especialmente mal en la judicatura porque objetivamente no había sido «humillada», como denunció expresamente Iglesias. Aquel comunicado fue una primera advertencia de los jueces en defensa de su propia legitimidad frente a las injerencias externas.
El segundo comunicado, más duro aún, fue firmado el 23 de abril. En aquellas fechas Podemos cuestionó abiertamente nuestra democracia y arremetió contra el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por haber dictado una sentencia condenatoria contra Isabel Serra, portavoz de ese partido en la Asamblea, por agredir a unos policías durante una protesta callejera. Y el tercero, fechado el pasado 19 de agosto, respondía a nuevas críticas de Iglesias, esta vez al juez que investiga la presunta contabilidad B de Podemos, su financiación aparentemente ilegal, y los supuestos fraudes orgánicos del partido para manipular contratos en la adjudicación de obras en su sede de Madrid.
Imponer una nueva mayoría en el CGPJ
Nada es casual en la hoja de ruta del Gobierno. Y menos aún, su amenazante compromiso de reformar unilateralmente la ley orgánica del Poder Judicial para reformar a capricho la institución y proceder a la renovación de buena parte de sus cargos sin el consenso de 3/5 partes del Congreso que exige la Constitución. El Gobierno ultima malabarismos jurídicos para puentear la Carta Magna, aparcar al PP en la negociación y reunir con el separatismo la mayoría parlamentaria necesaria para domeñar al Consejo y al Tribunal Supremo. Hasta en dos ocasiones, noviembre de 2018 y julio de 2020, el PP se avino a pactar la renovación del CGPJ. Pero en ambas ocasiones, las discrepancias internas tanto en el PSOE como en el PP dinamitaron la operación. Por eso, culpar en exclusiva al PP del bloqueo institucional es, cuanto menos, una media verdad que deliberadamente deja en el olvido las ocasiones en que el PSOE, con el ahora ministro Juan Carlos Campo como cómplice de esa estrategia, vetó durante meses y meses renovaciones determinantes del propio Consejo y del TC.
«Nuevo periodo constituyente»
Entre los jueces, tanto de extracción conservadora como progresista, no se olvidará fácilmente la expresión utilizada por Campo cuando se refirió al «periodo constituyente» que aborda su Gobierno. Los ataques a la separación de poderes desde Moncloa ni siquiera necesitan la contundencia de la hemeroteca. El intento de control total de la Fiscalía a través de Dolores Delgado sin haber dado solución de continuidad a su salida como ministra de Justicia, la guerra civil abierta en el Ministerio Público, el sometimiento de la Abogacía del Estado a las órdenes de Moncloa y, en estos días, los ataques ridiculizantes al Tribunal Superior de Justicia de Madrid por haber puesto en evidencia al Gobierno de Pedro Sánchez en la lucha contra la pandemia han sido solo los antecedentes de una estigmatización directa del juez García Castellón.
Aparte quedan dos episodios relevantes: la indignación generada en la judicatura con la deliberada marginación del Rey en la entrega de despachos a los nuevos jueces en la Escuela Judicial de Barcelona –«se han pasado tres montañas», dijo Campo cuando esos jueces protestaron-; y la réplica del Consejo del Poder Judicial a esta ofensiva acordando cubrir seis plazas relevantes del Tribunal Supremo pese a que Moncloa había tratado de vetar esa votación. Son suficientes actos de acoso que acreditan una estrategia del Gobierno predeterminada: sojuzgar al poder judicial es la pata pendiente del trípode que necesita Sánchez para asumir el poder total del Estado.
