La educación concertada ha sido señalada por el Gobierno desde que se conoció el proyecto de ley educativo, la Lomloe, más conocida como «ley Celaá» que se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria. Por si esto fuera poco, la Comisión para la reconstrucción social y económica en el contexto de la pandemia fue usada por el Gobierno para atacar a la concertada.
En el grupo de trabajo de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados de dicha comisión el apartado dedicado a educación deja claras las intenciones del PSOE y Unidas Podemos respecto a la concertada. «La totalidad del incremento de la inversión irá destinada a la educación pública de gestión directa». El segundo apartado señala que «las administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública al objeto de poder cubrir todas las necesidades de escolarización existentes».
En un programa organizado por «El País», la ministra de Educación, Isabel Celaá contestó preguntas a alumnos, profesores y expertos y dijo que la concertada «está perfectamente contemplada, perfectamente respetada y perfectamente acreditada» en su nueva ley. Al mismo tiempo, sin embargo, señaló que «para que avance la educación no sirve dar más al que más tiene».
La concertada ha gozado de una falsa fama de que es clasista y para ricos, de que solo concentra alumando con mejor situación socioeconómica, que no tiene alumnado inmigrante o de bajos recursos. Sin embargo, según el informe «Las cifras de la educación en España. Estadísticas e indicadores» de 2019 (con datos del curso 16-17) del Ministerio de Educación, en los centros españoles hay un total de 687.774 alumnos extranjeros. De ellos, 549.907 están en centros públicos y 101.640 (casi el 15%) en concertados. Por etapas, en la ESO, Formación Profesional y Bachillerato se concentran en la concertada un 18,9, 17,3 y 10,9 por ciento de población extranjera, respectivamente. En esta última cifra se suma también el Bachillerato privado ya que este suele estar integrado dentro de colegios concertados en niveles inferiores.
Por ejemplo, el colegio Padre Piquer, en el barrio de La Ventilla (Madrid), gestionado por los Jesuitas, hay un 60 por ciento de población inmigrante. En sus aulas de ESO, Bachillerato y FP conviven españoles, latinoamericanos, marroquíes, filipinos o blangladesíes. «Las familias trabajadoras del barrio vienen aquí buscando un buen colegio, tenemos un proyecto educativo basado en valores que a las familias les gusta, aparte de que abordamos bien la diversidad y somos innovadores desde el punto de vista digital. También, lógicamente, lo escogen porque no cobramos y estamos en la zona donde viven», señala Luis Alberto Rodríguez de Rivera, director del centro. «Podrán decir lo que quieran pero la concertada no es clasista; al igual que la pública, atiende a la población que tiene cerca», añade.
Una labor con el alumnado y toda la comunidad se hace en el colegio Virgen de la Chanca, en uno de los barrios más pobres de Almería (Pescadería – La Chanca). La titularidad es de la Congregación de la Compañía de María (Marianistas). Al no existir instalaciones deportivas abiertas y gratuitas para los vecinos, el colegio ofrece sus patios, que están abiertos todos los días del año.
En el colegio, que cuenta con 116 niños gitanos y 50 árabes, se hace un enorme trabajo por la convivencia y no segregación a través del «reconocimiento de los valores, normas y costumbres propios de las diferentes culturas presentes en la comunidad», cuenta la congregación que intenta que el buen clima y el respeto se traslade fuera del horario escolar. «La participación de las familias en el centro cada vez es mayor. La familia árabe “ha enseñado” a la familia gitana a colaborar con el centro en diversas actividades: salidas, charlas formativas, fiestas, reuniones… Sabemos que tenemos dificultades por las diferentes culturas, pero dentro del centro hemos conseguido un buen clima de trabajo, de respeto a la persona».
