El ‘pendrive’ que Pablo Iglesias ocultó durante al menos cinco meses y devolvió luego “parcialmente quemado” a su legítima propietaria, su compañera de partido Dina Bousselham, almacenaba una fotografía de ambos e imágenes de tres tarjetas de crédito del líder de Podemos. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, el magistrado Manuel García-Castellón, sostiene que el actual vicepresidente segundo del Gobierno destruyó intencionadamente la memoria para que Bousselham no volviera a tener acceso a sus archivos. Además de las tarjetas y la imagen de ambos, también había “fotos íntimas” y pantallazos de conversaciones de Telegram en las que había participado el propio Iglesias.
La investigación sobre el USB, que guardaba datos de un móvil supuestamente sustraído a Bousselham en noviembre de 2015, ha dejado al secretario general de Podemos al borde de una doble imputación en el Tribunal Supremo por los presuntos delitos de revelación de secretos y daños informáticos, como adelantó este diario. El juez García-Castellón ha concluido que Iglesias recibió una copia de la memoria el 20 de enero de 2016, pero no se la entregó a Bousselham, antigua asesora suya en el Parlamento Europeo, al menos hasta junio o julio de ese año.
El magistrado acaba de pedir a la propietaria de los datos que deje de compartir defensa con el político y designe un letrado independiente, ante la sospecha de que está maniobrando para evitar que una causa que arrancó en diciembre de 2018 como un supuesto espionaje del comisario Villarejo a Podemos termine dirigiéndose “contra el señor Iglesias”. Los motivos por los que Iglesias inutilizó presuntamente la tarjeta antes de devolvérsela a Bousselham aún no están claros, aunque el juez cree que lo hizo para asegurarse de que nadie más pudiera consultar otra vez su contenido.
Según han confirmado a El Confidencial fuentes próximas al caso, entre la información alojada en la memoria había fotografías de tres tarjetas de crédito del banco ING a nombre del fundador de Podemos. Tres de las cuatro imágenes son capturas del anverso de sendas tarjetas en las que se aprecia claramente que su titular es Pablo Iglesias Turrión o Pablo Manuel Iglesias Tur[rión]. La cuarta fotografía pertenece al reverso de una de ellas y lleva la firma del socio de Gobierno de Pedro Sánchez. Este diario ha tenido acceso a los archivos (ver imagen superior).
Las tarjetas no habían caducado
Una de las tarjetas, la terminada en 9025 y con fecha de caducidad 07/18, es española. Las otras dos, que acaban con las numeraciones 5001 (caducidad 09/19) y 0256 (09/19), fueron abiertas en Bélgica. El sentido de la primera se desconoce. Las dos últimas habrían sido solicitadas por Iglesias para hacer uso del dinero que empezó a cobrar de Bruselas en mayo de 2014, tras lograr un escaño en las elecciones al Parlamento Europeo de ese año.
Bousselham fue precisamente la asesora de Iglesias en la Cámara continental hasta que este dejó su asiento en octubre de 2015 para centrarse en la política española. Sin embargo, fuentes de Podemos admiten que esa vinculación laboral no sería suficiente para explicar por qué la empleada del partido tenía las tarjetas de crédito de su jefe en su teléfono móvil. Aseguran que no es habitual que los asesores de Podemos tengan los datos de los medios de pago personales de los máximos responsables de la formación. Lo normal es utilizar los corporativos. Los archivos revelan, además, que en el momento en que el dirigente devolvió la memoria informática “parcialmente quemada” a Bousselham, las tarjetas de crédito todavía no habían caducado. Este diario ha contactado con Podemos para recabar su versión de los hechos, pero no ha recibido respuesta.
La buena sintonía entre Iglesias y Bousselham
El USB investigado en la Audiencia Nacional también contenía una fotografía de ambos que no había trascendido hasta ahora y a la que también ha tenido acceso El Confidencial. Se trata de un simple posado en el interior de alguna estancia donde aparecen los dos sonriendo a la cámara. Denota la buena sintonía que había entre ellos en los primeros meses de historia de Podemos. Iglesias tiene su brazo tras la espalda de su entonces asesora y la agarra del hombro. A su vez, la mano de esta se encuentra ligeramente por encima de la cintura del político.
Además de estos archivos, la investigación dirigida durante más de un año y medio por el juez García-Castellón ha desvelado que el ‘pendrive’ guardaba documentos internos del partido, conversaciones de algunos de sus dirigentes en un chat privado de Telegram y “fotos íntimas” de Bousselham, según reconoció Iglesias en sede judicial cuando declaró en calidad de perjudicado el 27 de marzo de 2019.
Aquella comparecencia del secretario general de Podemos se produjo apenas cuatro días después de concluir su baja de paternidad. El partido usó la declaración como pistoletazo de salida de su campaña para las generales de un mes después, el 28-A. Iglesias se presentó como víctima de una operación orquestada por el comisario Villarejo y convirtió la guerra sucia de las cloacas en el eje de su discurso para aquellos comicios.
Iglesias pierde la condición de víctima
El caso ha dado un vuelco en las últimas semanas por las supuestas contradicciones en que ha incurrido Iglesias a lo largo del procedimiento, hasta el punto de que el juez ha decidido retirarle la condición de víctima y plantear abiertamente la posibilidad de que sea investigado por el Supremo. “Llama la atención comprobar que el Sr. Iglesias mantuvo la tarjeta en su poder, sin poner, como mínimo, este hecho en conocimiento de la titular de la tarjeta (…), y observar el contenido de la tarjeta, teniendo en cuenta el carácter particularmente degradante y vejatorio que el hecho tenía para Dina Bousselham, su compañera de partido, en la medida que la tarjeta almacenaba fotografías, documentos y otros archivos de su esfera más íntima”, señaló el juez García-Castellón en un auto dictado la semana pasada.
El magistrado subraya que Iglesias se guardó el ‘pendrive’ al menos cinco meses, pero desliza la posibilidad de que en realidad lo retuviera más tiempo porque, a su juicio, las diligencias efectuadas apuntan a que hay “razones fundadas para entender que [la devolución] no debió ser antes de 2017”. Bousselham envió ese año el soporte al extranjero para tratar de recuperar sus datos.
Con todo, el juez pone el acento en el estado en que se encontraba el soporte informático cuando el vicepresidente del Gobierno se lo entregó a su dueña. En un auto del 25 de mayo, García-Castellón recuperó un informe forense de la Policía para recordar que la tarjeta de memoria “presenta daños físicos (está parcialmente quemada)”. “Pablo Iglesias Turrión devolvió dañada a Dina Bousselham su tarjeta de memoria”, señaló el juez en un auto posterior del 18 de junio. “No se insistirá sobre esta cuestión, ampliamente tratada en el auto de 25 de mayo de 2020, y no cuestionada en el recurso de reforma presentado por el Sr. Iglesias”, zanjó el magistrado. Fuentes próximas a Iglesias niegan, sin embargo, que eso sea cierto. Mantienen que devolvió los datos a Bousselham en perfecto estado y que cualquier daño en la tarjeta debió producirse después de ese acto.
El juez niega que Iglesias quede «exculpado» y resalta «el equilibrio imposible» de Dina
Nueva defensa para Bousselham
La última decisión del magistrado ha sido pedirle a Bousselham que deje de tener como abogada a Marta Flor, letrada del partido y representante también de Iglesias en esta misma causa, al considerar que esa circunstancia demuestra “una inequívoca falta de voluntad por esclarecer los hechos”. Desde hace solo unas semanas, Bousselham dirige un medio de comunicación digital respaldado financieramente por Podemos y promocionado públicamente por sus dirigentes. Además, su marido está a sueldo de la formación en Bruselas.
La Fiscalía Anticorrupción ha salido al rescate de Iglesias proponiendo al juez que permita a la propietaria del USB perdonar a su antiguo jefe para zanjar así el procedimiento. Pero García-Castellón considera que las pesquisas perfilan una posible responsabilidad penal del político. Ningún vicepresidente del Gobierno en activo ha sido investigado nunca por un tribunal.
