La gestión de una crisis de salud pública se puede hacer muy bien –como demostró José Martínez Olmos, el ministro de Sanidad en la sombra durante el gobierno de Zapatero–, bien, regular, mal y como lo está haciendo el Ministerio de Sanidad con el coronavirus: de forma calamitosa.
A estas alturas, el cúmulo de despropósitos es tal, que en cualquier país serio habrían rodado cabezas. Aquí no. El asesor científico, Fernando Simón, por ejemplo, sigue dando a diario con cara circunspecta el parte de una guerra en la que dijo que apenas habría unos pocos casos. Simón debería haber dimitido por esto y por aceptar la asistencia a la manifestación feminista del 8-M pese a los avisos que llegaban del peligro de infección masiva.
Por si fuera poco, da el parte con datos desfasados: el día que dice que en las UVIS de Madrid hay 450 ingresados, en realidad hay 600, como le podría decir cualquier intensivista de la capital. Y así todo. Kafkianas son también las predicciones de Moncloa sobre el número de afectados. Los 10.000 casos pronosticados por Sánchez para dentro de una semana se declararon a los tres días. Casi tanto como la decisión adoptada al principio de la crisis de centralizar la compra de materiales en el Ingesa, un cementerio de elefantes. Materiales, por cierto, que se retienen a las autonomías con hospitales desbordados como Madrid, en un país que pasó de la algarada aplaudida por el Gobierno al confinamiento en apenas unos días.
