La ministra de Educación, Isabel Celaá, se propone reformar la carrera docente -la asignatura pendiente del sistema educativo español- para elevar la calidad de la enseñanza. Para ello quiere «evaluar el desempeño» de los profesores, «revisar» la formación universitaria que reciben los aspirantes y ofrecer un año de prácticas tuteladas antes de que los nuevos docentes se pongan a dar clase.
Celaá trabaja en el diseño de «un proceso de inducción», que es una especie de MIR descafeinado, porque, entre otras cosas, no contempla unas pruebas de ámbito nacional iguales para todas las autonomías ni es gestionado por el Estado, como el MIR de los médicos. La ministra, eso sí, busca «mejorar la formación práctica de los futuros profesores» y para ello trabaja, en colaboración con los gobiernos autonómicos, en un cambio de la formación inicial y permanente, el acceso a la profesión y el desarrollo de la carrera docente.
De todo esto ha hablado este jueves en el Congreso, durante su primera comparecencia de la legislatura ante la Comisión de Educación, en la que ha desgranado las medidas que va a cometer en su Ministerio. Para empezar, va a derogar la Lomce y cambiarla por la Lomloe, que «va a ser el primer proyecto de ley de este Gobierno». En esta norma, que es una vuelta a la LOE de 2006 en muchos aspectos, se recogerá el compromiso de presentar, en el plazo de un año a partir de su entrada en vigor, una propuesta normativa que regule todo lo relacionado con los profesores.
La novedad más importante de este punto es que quiere poner un año de prácticas tuteladas por un mentor en centros educativos. Actualmente ya se realizan estas estancias, pero duran unos pocos meses y no tienen mucho reconocimiento por parte de las instituciones. El sistema deja mucho que desear y no está orientado a la excelencia, según reconocen las propias universidades. Informes como Talis revelan algunos de estos déficits.
La propuesta está en una fase muy inicial y plantea muchas dudas. El portavoz de Educación del PP en el Congreso, Óscar Clavell, ha preguntado: «¿Cuándo y quién va a hacer ese año de prácticas? ¿Va a estar remunerado?» En este partido se temen que estas prácticas sean sólo para los docentes de la pública y consideran que el plan, si no es con un MIR docente ortodoxo, «no cambiará la esencia del sistema».
REVISIÓN DE LA OPOSICIÓN
Celaá también quiere evaluar el desempeño de los profesores cuando ya están dando clase. Esto se realizará, ha dicho, en una segunda fase, y va a presentar distintas propuestas para su debate, consciente de que ésta es la medida qué más recelos despierta entre los profesores. Además, a los profesores en ejercicio sólo se les evalúa para convertirse en directores o salir al exterior, aunque previamente han sido examinados en las oposiciones para entrar en la carrera. De forma paralela, hará una «revisión» del proceso de acceso a la función pública docente, aunque no ha concretado si se limitará a cambiar los temarios o habrá un cambio más profundo.
Como contrapeso, ofrece permisos retribuidos a los docentes para hacer estancias profesionales en centros europeos. Esta práctica, frecuente en la universidad, no está tan generalizada en colegios e institutos.
También ha anunciado que cambiará la formación universitaria que reciben los futuros docentes. Es un secreto a voces que esta formación se ha quedado obsoleta. «El máster de Secundaria se aprueba casi con sólo asistir», explican fuentes educativas. Celaá ha anunciado que han comenzado a revisar la formación inicial de los docentes, tanto los grados de Educación Infantil y Primaria como el máster de Secundaria, «para garantizar las competencias que requiere enseñar en una escuela inclusiva». «Es preciso llevar a cabo una actualización del nuevo perfil de competencias y especialidades docentes que se requieren para el siglo XXI», ha recalcado.
¿VUELVE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA?
Durante su comparecencia, Celaá también ha anunciado otros cambios educativos. Cambiará los currículos para que estén más basados en competencias y sean «menos memorísticos»; pondrá una asignatura de Valores Cívicos y Éticos que tendrán que cursar todos los alumnos (y en la que muchos ven una nueva Educación para la Ciudadanía); universalizará la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, centrándose en ayudar primero a las familias en riesgo de exclusión social; modernizará la FP con dos leyes ad hoc; e incidirá en la formación en un pensamiento crítico para abordar los problemas de las nuevas tecnologías.
Asimismo, propone una reforma del sistema de becas donde las ayudas se paguen antes, no haya una cuantía variable como impuso José Ignacio Wert y baste una nota de un 5 tanto para los universitarios como para los alumnos de Bachillerato y FP para acceder a todas las ayudas.
El PP ya había bajado la nota exigida de un 5,5 a un 5 hace un par de años, pero sólo para los alumnos universitarios del primer año y para acceder a la matrícula gratuita, no al resto de la beca. Celaá quiere que, de forma «gradual», se baje la nota hasta el 5 para las demás ayudas.
La ministra no ha dicho nada de la convivencia escolar y también ha evitado al principio los temas espinosos, como el adoctrinamiento, el uso del castellano o la Religión, y, citando a Santa Teresa de Jesús, ha pedido «contar también con un importante sector de la concertada que comparte el compromiso con la función social de la educación», pero no ha escondido que «la educación pública es el eje vertebrador del sistema educativo».
Pero, al final, estas cuestiones, así como el pin parental, han monopolizado las preguntas de los distintos partidos y han puesto de manifiesto la división en dos bloques de la sala. A un lado PP, Cs y Vox; al otro, PSOE, Unidas Podemos y los nacionalistas (que han puesto como «líneas rojas» el «respeto» a la lengua y a las competencias propias). Los diputados de este lado hacían grandes aspavientos ante las palabras de los diputados del partido de Santiago Abascal, que han acusado a la ministra de tener «pretensiones totalitarias y sectarias» y «ejercer un adoctrinamiento de construcción cultural» por «manipular las conciencias de los niños con sus ideas progres».
Mari Luz Martínez Seijo, portavoz de Educación del PSOE en el Congreso, ha llamado a estos diputados «preconstitucionales» y les ha reprochado que «quieran acabar con el Estado de las Autonomías o con la educación».
Entre tanta acusación, se ha echado en falta un debate en profundidad sobre la nueva ley educativa, que va a aprobarse sin pasar por el Consejo de Estado, tal y como le reprocharon a Celaá el diputado del PP y la portavoz de Educación de Ciudadanos, Marta Martín.
