Puesta en marcha de sendas comisiones de coordinación de la coalición entre PSOE y Unidas Podemos, la Permanente y la Parlamentaria, en un momento complicado para el Ejecutivo que integran ambos partidos. El Gobierno se encuentra en plena tormenta interna tras empezar a aflorar las primeras disensiones en su seno. La punta del iceberg asomó ayer a cuenta de la política migratoria que tiene previsto emprender el Ministerio del Interior y las diferencias de fondo sobre la sentencia europea que avala las devoluciones en caliente y otras cuestiones que afectan a “los derechos humanos”. Los socialistas consiguieron contener el “malestar” de los morados, que les acusaron abiertamente de “contravenir” el acuerdo pactado y aceptaron posponer la controvertida Ley de Asilo de la que se había filtrado a los medios un borrador.
Cuando parecía que el temporal había amainado, esta mañana se ha puesto de relieve un nuevo choque en una materia muy sensible para Podemos y que afecta directamente a la cartera de Igualdad que ostenta Irene Montero. El nuevo encontronazo entre el PSOE y Unidas Podemos tiene que ver con la intención de Moncloa de reformar el Código Penal en lo que afecta a los delitos sexuales, singularmente en lo referente a la regulación del consentimiento de la mujer para que éste elemento sea clave y sólo “un sí puede ser considerado sí”. Desde el Ministerio de Igualdad señalan que esta reforma debe articularse a través de una ley propia: la futura Ley integral por la protección de la libertad sexual y contra las violencias sexuales. En el departamento de Irene Montero consideran que ésta debe ser la vía correcta para su materialización y que su aprobación debería ser “inminente”, en concreto, en el Consejo de Ministros inmediatamente anterior al 8 de marzo. Fuentes de este ministerio precisan que esta posición es un “acuerdo de gobierno” y, de hecho, así figura en el pacto programático que suscribieron socialistas y morados para alumbrar la coalición. En ese documentos, ambas partes se comprometieron a tramitar esta cuestión a través de una ley propia y no como una parte de la futura reforma del Código Penal. El apartado del acuerdo programático recoge el acuerdo para “blindar que sólo sí es sí” respecto de los delitos sexuales: “En cumplimiento de lo previsto en el Convenio de Estambul para combatir todas las formas de violencia que sufren las mujeres, se aprobará una Ley integral por la protección de la libertad sexual y contra las violencias sexuales, que garantice la sensibilización, prevención, detección, atención, protección y reparación”, señala ese acuerdo. Al margen de para cumplir con lo pactado, en Podemos defienden la necesidad de tramitar esta reforma a través de una ley específica con el objetivo de acelerarlo, ya que la reforma del Código Penal necesita de más tiempo.
Por su parte, el Gobierno cree que se trata de una polémica estéril porque cualquiera de estos asuntos deben vehicularse a través de la comisión de secretarios y subsecretarios que se reúne cada jueves en Moncloa y donde se tratan estas cuestiones. En concreto, desde la vicepresidenta primera que ostenta Carmen Calvo contaban con que esta regulación del consentimiento, para que “solo sí sea sí”, se incluyera dentro de la ambiciosa reforma del Código Penal en la que trabaja el Ministerio de Justicia y en la que también se abordarán otras cuestiones como la modulación de los delitos de rebelión y sedición que afectan a los líderes del “procés”. Moncloa necesita una amplia reforma que diluya el impacto de rebajar las penas por las que sentenciaron a los políticos presos.
“En los plazos previstos”, antes del 8-M
Finalizada la primera reunión del comité de coordinación, la Secretaría de Estado de Comunicación distribuyó un breve comunicado en el que aseguraba que la “ley de Libertad Sexual tiene un consenso total en el gobierno de coalición y es un proyecto legislativo ilusionante» y apuntaba que “estará listo en los plazos previstos”, esto es, en el Consejo de Ministros anterior al 8-M expuesto anteriormente, para enviar “un mensaje claro de compromiso del Gobierno con la igualdad” de cara al Día de la Mujer. De este textual algo ambiguo se interpreta que el Ejecutivo acaba por asumir las tesis de los morados, que querían presentar la ley en este lapso temporal. Antes de esta reunión de los equipos, se produjo otro entre Carmen Calvo y Pablo Iglesias para intentar calmar los ánimos.
