Venezuela no se abandona como asunto relevante contra el Gobierno pero la oposición ha considerado que debe ampliar su temario ante el riesgo de que su acción no llegue a muchos ciudadanos. Esta ampliación del abanico les llevará a la economía, la inmigración, y Cataluña. Los asuntos identitarios y de defensa de la Constitución serán bandera del PP, Ciudadanos y Vox, cuyos frentes de desgaste al Gobierno son intercambiables. Se interpelará al Ejecutivo para que no haya “indultos encubiertos” a los condenados catalanes por delitos de sedición.
Tras la primera sesión de control al Gobierno de este miércoles la oposición ha hecho balance. Las relaciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez con el gobierno venezolano, la reunión entre el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta del gobierno de Nicolás Maduro, en el aeropuerto de Barajas, ocupó el grueso de la sesión. Los socialistas se aferraron a la corta agenda de temas de interés de la oposición para echarle en cara su descuido sobre las preocupaciones mas acuciantes de los españoles. Se ha tomado nota y en la semana parlamentaria que empieza el martes incluirán la economía, la inmigración, y Cataluña. Será el presidente del PP, Pablo Casado, el que abra ese capítulo: “¿Ha renunciado el Gobierno a reducir el desempleo que sufren más de tres millones de españoles?”. Esta será la pregunta de Casado que le sirve de base para declarar fracasado al ejecutivo socialista en su gestión anterior de año y medio y poner más que en duda que pueda remontar.
Preguntar por el paro, y extender un espeso manto de duda sobre las medidas que el Gobierno va a poner en marcha resulta más identificable que lanzar una diatriba general, como hizo Casado la semana pasada. Al final, su actuación pasó desapercibida y no fue referencia informativa ni politica, resaltan en fuentes socialistas. Esta semana todos los portavoces corregirán el tiro. “¿Quién dirige realmente la política del Gobierno?”, preguntará a Pedro Sánchez el líder de Vox, Santiago Abascal como pie para desarrollar su tesis sobre un Gobierno supeditado a los dictados de “comunistas, separatatistas, chavistas y filoetarras”.
Con parecido lenguaje se expresarán el PP y Ciudadanos. La negociación con el secesionismo catalán y la dependencia de ERC para sacar adelante los presupuestos del Estado perseguirán a Sánchez. “¿Va usted a velar por que las instituciones del Estado estén al servicio de todos los españoles?”, interpelará la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas.
La carrera por estar a la cabeza de la crítica acaba de empezar. Vox, con sus 52 diputados, tiene garantizada una gran capacidad de iniciativa. La situación de los políticos catalanes encarcelados por delito de sedición va a ser debatido de su mano con extensión, a través de una interpelación. El partido de Abascal reclamará al Ejecutivo que vigile que la Generalitat no use las competencias en materia de prisiones para otorgar “indultos encubiertos” a los líderes independentistas condenados por sedición.
Vox y la inmigración
Junto a Cataluña, Vox seguirá tratando de obtener beneficios de la cuestión migratoria. “¿Va a dejar el Gobierno de fomentar la inmigración ilegal?”, preguntará la diputada Teresa López. A ello tendrá que responder el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. En la lucha por la defensa de la identidad española y del respeto a la Constitución, Ciudadanos quiere saber cómo el Gobierno hará que se respeten los órganos constitucionales. Ahí cabe todo, pero siempre Cataluña presente, como lo estará en la proposición de Ley del PP. Se someterá a votación una propuesta para que el acatamiento a la Constitución sea claro y no haya lugar a dudas de la voluntad de acatarla.
El resquemor y la protesta le vienen al PP, a Vox y a Ciudadanos por las fórmulas de acatamiento que utilizaron los diputados independentistas catalanes tras las dos últimas elecciones. La defensa de España frente a algunas actuaciones de Marruecos la asumirá la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas: “¿Qué medidas va a tomar el Gobierno ante la delimitación efectuada por parte de Marruecos de su frontera marítima afectando a Canarias y al Sahara Occidental?”. Un asunto incómodo para el Gobierno.
