Sin duda una de las imágenes de la semana ha sido el circunspecto aplauso de Pablo Iglesias en el banco azul del Congreso de los Diputados tras el discurso de Felipe VI en la solemne sesión de apertura de la XIV Legislatura el pasado lunes. Si bien no puede hablarse de una ovación entusiasta, lo cierto es que el gesto de Iglesias sirvió de contrapunto a la actitud claramente contestataria de la práctica totalidad de los diputados no socialistas que han confirmado a Pedro Sánchez en La Moncloa. Y es que del mismo modo que los cardiólogos someten a sus pacientes a exigentes «stress tests» haciéndoles correr hasta la extenuación para comprobar el estado de sus corazones, la entrada en el Gobierno -por primera vez desde la Transición- de ministros que se han destacado por su furor antimonárquico como Garzón y Montero supone una nueva prueba de fuego para la Corona, institución ya de por sí acostumbrada a navegar sin cartulario por aguas procelosas. ¿Está el entramado constitucional lo suficientemente asentado y fortalecido como para hacer frente al reto?
La presentación de la memoria anual del Consejo de Estado en Madrid este viernes ofrecía una oportunidad idónea para preguntar a las principales mentes jurídicas del Estado sobre este particular. El testimonio al respecto del Consejero permanente Alberto Aza es especialmente relevante ya que fue Jefe de la Casa de S. M. el Rey durante 9 años entre 2002 y 2011. «Soy optimista al respecto. ¿Qué era más difícil, construir todo el sistema o mantenerlo ahora? En los años de la Transición teníamos un partido comunista que era marxista leninista y un partido socialista que era marxista leninista… ¿es más complicada la situación ahora?», explica el actual responsable de la sección quinta del Consejo, la que tramita los expedientes relacionados con Hacienda, Administraciones Públicas, Economía y Competitividad. Aza relativiza la importancia de que haya diputados que protesten: «¿Qué importancia tiene? Son los mismos de siempre», afirma. Para este ex jefe de la Casa nuestro sistema constitucional está dotado de canales de debate y respuesta estables que minimizarán los efectos del presente reto.
A pocos metros de donde Aza explica su parecer a LA RAZÓN se encuentra uno de los dos padres de la Constitución que quedan vivos, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, departiendo amigablemente con otro histórico de la política española, Landelino Lavilla, protagonista de la Transición, diputado, senador, ministro de Justicia y presidente del Congreso durante el 23 F en 1981. «El sistema tiene que tener la fuerza necesaria para hacer frente a un Gobierno incluso más republicano», afirma. Miguel Herrero coincide con Lavilla en la solidez del armazón del Estado : «He de reconocer que desde que vi los aplausos el pasado lunes y no tengo ninguna preocupación. Nuestro Estado no solo tiene fuerza para resistir las presiones sino también energía para integrar».
El ex Ministro de Asuntos Exteriores José Manuel García Margallo tampoco tiene dudas al respecto: «Estoy convencido de que los partidos antimonárquicos que han entrado en el Gobierno, a medida que vean el valor del Rey para la proyección internacional y la solidez de las instituciones, irán cambiando paulatinamente de opinión sobre la Monarquía». Durante los años que estuvo al frente de la diplomacia española, Margallo constató que no hay nadie con una pasión por España comparable a Don Felipe. «Tanto él como su padre han demostrado que, como buenos navegantes que son, saben gobernar la nave de la Corona en una mar tan alborotado como el que hemos tenido», asegura en conversación telefónica. Para el ex ministro los miembros comunistas en el Ejecutivo se darán cuenta del activo para la proyección de España del Rey y como saben lo fundamental que esto es para el bienestar de millones de ciudadanos cree que no se producirán tensiones. «No creo que haya peligro de ningún tipo», asegura.
Alejado ya de la política, Juan Carlos Girauta, no ha perdido la contundencia en su análisis crítico de las primeras decisiones tomadas al respecto de la Jefatura del Estado por parte de Sánchez tras las últimas generales. «El problema es más grave de lo que parece no solo por el hecho de que Podemos es claramente antimonárquico (no solo republicano) sino porque ese antimonarquismo esta dentro de un programa mucho mas preocupante que es el de acabar con el régimen del 78. Ellos hablan de proceso de constituyente, no de reforma de la Constitución y han sido muy claros: quieren acabar con la Corona». En cualquier caso para el ex dirigente de Ciudadanos lo que es preocupante es que el presidente del Gobierno y el PSOE están dando muestras de que quieren reducir a su mínima expresión la Jefatura del Estado. En este señala que el último gesto ha sido no asistir a la recepción al cuerpo diplomático. A esto se une no haber comunicado personalmente al Rey la composición del Gobierno. Además, la más conspicua en opinión de Girauta fue sustituir las funciones del Jefe del Estado en la única competencia que la Constitución le adscribe en los despachos con los representantes de los partidos políticos: el Rey les recibió pero quedó ensombrecido por la recepción con contenido político que organizó Sánchez cuando aún no había recibido el encargo de Felipe VI. «A eso le podemos añadir enviar a Cuba al Rey y hacer público su pacto a 24 horas de las Elecciones. Lo grave es que el presidente del Gobierno se sume a una forma activa de ninguneo del Rey. Que unos pocos ministros de los 22 Gobierno sean antimonárquicos quedaría neutralizado si el PSOE fuera un partido leal».
Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona, llama la atención en su análisis sobre el hecho de que no solo se trata de Podemos sino también de ERC y Bildu. Sin embargo, «desde un punto de vista frío y analítico esto no afecta a la marcha del Estado y no debe ser un contrasentido. Nuestro sistema democrática no es una democracia militante sino que admite que partidos que pretenden cambiar partes sustanciales de nuestra Constitución». Por lo tanto, para este jurista la situación actual no supone una «contradicción» aunque sí es «una dificultad para gobernar de forma ordinaria». Un factor fundamental es que todos los diputados han prometido la Constitución y en el caso de los ministros también se han comprometido a hacer cumplir la Carta Magna «con lealtad al Rey». En definitiva: «No deja de ser una dificultad y un desgaste para el sistema constitucional pero no es una contradicción. Si quieren cambiar la forma de Gobierno de Monarquía a República acatarán previsiblemente los métodos de reforma de la Constitución establecidos».
