El Gobierno, durante la última legislatura y con Pedro Sánchez en La Moncloa, utilizó de manera ilegal el secreto oficial para ocultar información a la ciudadanía. Si el Ejecutivo quiere velar un dato, debe servirse de la Ley de Secretos Oficiales, que data del año 1968, y que detalla los requisitos para llevar adelante el procedimiento. El factor clave del trámite es que el Consejo de Ministros rubrique un acuerdo por cada expediente que Presidencia quiera ocultar. Entre enero de 2018 y noviembre de 2019, el gabinete de Sánchez nunca cumplió con este precepto, aunque sí que se negó a facilitar información esgrimiendo que era «secreto oficial» en, al menos, ocho ocasiones.
Este diario ya denunció que Sánchez escondió los detalles del coste de sus viajes en el Falcon a Latinoamérica, Estados Unidos o a Castellón. Sin embargo, la nueva revelación vuelve a cuestionar el compromiso del presidente con el ejercicio de la transparencia institucional, ya que Moncloa también ocultó de manera irregular y sistemática los datos sobre los acompañantes del presidente en su gira latinoamericana o el uso del helicóptero que ha hecho el propio Sánchez durante gran parte del último mandato. En total, Moncloa se ha servido al menos en ocho ocasiones del secreto de Estado como excusa para negar, de forma discrecional, información a los ciudadanos que les corresponde.
«Consultados los archivos del Secretariado del Gobierno, el Consejo de Ministros no ha acordado la clasificación de ninguna información en la categoría de secreto entre el 1 de enero de 2018 y el 25 de noviembre de 2019». De esta manera confirma el propio Ministerio de Presidencia que el Ejecutivo soterró información deliberadamente a los ciudadanos y sin el respaldo documental necesario.
La norma, de origen franquista, especifica que serán susceptibles de clasificación «los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado». No obstante, para clasificar una información, la ley también establece que debe existir un acuerdo del Consejo de Ministros en cada caso con el que el Ejecutivo justifique los motivos por los que la información debe ser encubierta.
A tenor de esta definición, el Consejo de Transparencia cuestiona que el Gobierno oculte los datos, por ejemplo, de las personas que acompañaron al presidente en su gira por Latinoamérica, y afea al Ejecutivo que no adjunte ningún documento motivado que sustente ocultar dicha información. Moncloa, para justificarse, apela a que la ley de Secretos Oficiales se aplica de manera automática en los supuestos citados anteriormente.
Sin justificar
Que Presidencia admita que no existe documento que acredite que el Consejo de Ministros haya declarado secreta alguna información en la pasada legislatura refuerza las denuncias de Transparencia, que en repetidas ocasiones ha censurado al Ejecutivo que clasificara expedientes solicitados por los ciudadanos sin ningún sustento más allá de su voluntad. En una resolución en la que el Consejo de Transparencia exige al Gobierno que facilite el nombre de los acompañantes del presidente en su viaje a Cuba, por ejemplo, el organismo se pronuncia en los siguientes términos: «No se aporta ni normativa concreta ni acto de clasificación expreso que permita fundamentar que el listado de pasajeros que viajen junto a autoridades transportadas por el Grupo 45 de la Fuerza Aérea española sea una materia de naturaleza clasificada o que haya sido objeto de un acto expreso de clasificación. Esta ausencia de justificación y la relevancia pública del conocimiento de la información solicitada como instrumento de rendición de cuentas, tal y como antes se ha destacado, lleva a concluir a este Consejo de Transparencia, que no procede la aplicación de ningún límite al acceso a este información».
El Consejo insiste, en sus toques de atención al Gobierno, que para considerar ciertos expedientes como información reservada, el Consejo de Ministros tendría que, citando la ley de Secretos Oficiales, motivar en cada caso las razones concretas para velar la información. Este trámite, sin embargo, sería un arma de doble filo para el Ejecutivo. Esto se debe a que dichos acuerdos son susceptibles de enfrentarse a un recurso contencioso-administrativo si algún ciudadano o institución considera que no cumple con los preceptos legales, algo que podría provocar una situación en la que los tribunales condenaran al Gobierno a facilitar una información que había escondido previamente.
Un punto en común
Todos los casos en los que el Gobierno emplea de manera irregular el secreto oficial tienen algo en común: están relacionados con los viajes del presidente del Gobierno y el uso que hizo de medios públicos en sus desplazamientos, una cuestión que está en el punto de mira desde que, en agosto de 2018 Sánchez se desplazara en avión a Castellón para asistir a un festival de música con la excusa de una reunión oficial previa.
El celo de Moncloa por ocultar todo lo relacionado con los desplazamientos del presidente contrasta con los propósitos pregonados por Sánchez en materia de Transparencia. «Debemos combatir la desafección política ciudadana con ejercicios claros de transparencia», subrayó, en su discurso de investidura, el presidente del Gobierno. El mismo que, cada vez que se encuentra con una cuestión incómoda, opta por esconder información a la sociedad.
