Lo más reseñable del primer pleno de la XIV legislatura es que la actividad legislativa ha vuelto al Congreso tras casi un año de anómala parálisis. Y esta quizá sea la mejor noticia para el Gobierno de coalición, que a pesar de tratarse de un pleno de trámite para convalidar el primer paquete de decretos sociales aprobados por el Consejo de Ministros (subida de las pensiones y del salario de los funcionarios, además de aprobar el reparto de comisiones ya pactado) los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos han defendido plácidamente estas iniciativas que han salido adelante sin oposición, más allá de que no lo harán como proyectos de ley permitiéndose así la tramitación de enmiendas. Los asuntos debatidos en la Cámara baja enfundaron a los grupos de la oposición en una camisa de fuerza, dejándolos sin capacidad para sacar toda su artillería.
No en vano, ninguno de los primeros espadas han subido a la tribuna de oradores, y quienes lo han hecho han debido limitarse a manifestar que sus abstenciones o votos favor no presuponían ningún tipo de adhesión a futuro (bloque de la investidura) o a advertir que al margen del sentido de su voto «nos tendrán enfrente» (bloque conservador). Perfil bajo. Más que un pleno con posiciones contrapuestas de los distintos grupos, se trató de un espejismo para el Gobierno alejado de lo que será el control de la oposición y su labor parlamentaria en minoría. El Pleno del Congreso ha convalidado así la actualización del 0,9 % las pensiones en 2020 con 289 votos a favor y 49 abstenciones y y la subida del 2% del salario de los empleados públicos para este año con 291 votos a favor y 52 abstenciones.
Sin estridencias y sin apenas salirse del guion establecido para sacar a escena los temas más arrojadizos contra el Gobierno, más allá de las referencias a Venezuela, al comunismo o a los ERE de Andalucía realizadas por Vox, el pleno de este martes no ha llegado a un ensayo general de lo que serán las sesiones en la Cámara baja en lo que reste de legislatura. Tanto es así que se sucedieron los deseos de suerte y acierto al Gobierno desde todos los grupos y la presidencia del Congreso apenas tuvo que pedir a los oradores que se ciñeran al tema de debate.
Los populares lanzaron mensajes constructivos como las apelaciones a recuperar los consensos en el seno del Pacto de Toledo, recordando que fueron sus actuales socios de Gobierno «quienes lo torpedearon», y apostaron por alejarse de la dialéctica más beligerante de Vox. Al igual que Ciudadanos, que reprochó el uso excesivo de decretos leyes, pidiendo limitarlos y apoyó junto al PP la subida de las pensiones y del sueldo de los funcionarios, mientras que la CUP y BNG se abstuvieron junto a Vox, aunque por motivos radicalmente diferentes. Solo el decreto en materia de prórroga tributaria y catastral el PP votó en contra y Ciudadanos se abstuvo con BNG, CUP y Bildu (aprobado por 189 votos a favor, 83 en contra y 72 abstenciones).
Los partidos minoritarios de perfil más progresista sí ensayaron su papel de oposición desde la izquierda, aun con el freno de mano puesto en comparación con sus intervenciones en la investidura. Desde Más País y Compromís a algunos de los firmantes del manifiesto contra monarquía. Se valoraron positivamente los decretos, pero considerándolos de insuficientes y empujando para que se fuese más allá, anunciando incluso movilizaciones en la calle si no se seguían produciendo avances en materia de pensiones o salario mínimo, como hicieron ERC y Bildu.
Desde el independentismo, ERC se centró en las cuestiones sociales, en los asuntos a debate, los posconvergentes insistieron en su estrategia rupturista y priorizaron una vez más las cuestiones territoriales y la CUP amagó con desligarse de JxCat al hacer más hincapié en lo material, en línea los republicanos. «Es una vergüenza que aún existan presos políticos y exiliados», arengaba el diputado de JxCat Ferran Bel consumiendo más tiempo en repetir arengas preelectorales que en justificar el sentido del voto de su grupo. También quiso dejar claro que no votar en contra de estos decretos era una anomalía y que para nada apuntaba a apoyos en el resto de la legislatura: «Ténganlo en cuenta». Mireia Vehí, de la CUP, justificó su abstención como una «abstención atenta» y hasta avanzó que «nos tendrán con la mano tendida» si los grupos parlamentarios que sustentan al Ejecutivo de coalición son «valientes» y apuestan por las familias populares antes que por la bolsa o el Ibex, dijo.
