El PP ofrece a Pedro Sánchez un nuevo «pacto de Estado global» para despolitizar la Justicia

El PP va a ofrecer al PSOE y al resto de partidos del Congreso «un gran pacto de Estado global por la despolitización de la Justicia», según ha podido saber EL MUNDO. Tras la polémica por el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado y la presión que está haciendo el Gobierno para renovar la cúpula del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los populares quieren retomar la iniciativa y escenificar que es Pedro Sánchez el que está poniendo en riesgo la imparcialidad de la Justicia, y no la oposición.

La idea central del acuerdo que plantea Génova es «que todos los procedimientos de renovación» de los órganos de control de jueces y fiscales «sean independentes del poder político». Es decir, «la despolitización de la Justicia, y no la desjudicialización de la política». «No hacemos una oposición de trincheras y bronca como busca el PSOE. Si dicen que no, ellos serán los que bloquean» el Poder Judicial, justifican.

Del decálogo de medidas que incluye ese «pacto global» descuellan una reforma del sistema de elección de los vocales del CGPJ, una nueva ley para evitar que los políticos puedan ser fiscales generales del Estado, una reforma electoral para que los prófugos por delitos de rebelión o sedición no puedan ser candidatos en ningún comicio y una modificación del Código Penal para que los jueces tengan «más herramientas para actuar contra quienes quieran dar un golpe contra la legalidad». Por ejemplo, en casos de rebelión impropia, o de referendos ilegales.

El pacto incluye más medidas para reforzar el papel de los jueces y fiscales, dotándolos de la «apariencia de imparcialidad» que exige el Tribunal de Derechos Humanos de la UE y que, a juicio del PP, no tiene en ningún caso Dolores Delgado. Entre ellas, se incluirá una propuesta para cambiar la euroorden y agilizar el sistema de extradición para acusados de delitos de rebelión, sedición, o referéndum ilegal.

De todos esos asuntos, el de mayor calado es el de la renovación del Poder Judicial, cuyo mandato caducó en diciembre de 2018. «No podemos hablar de la renovación de órganos constitucionales mientras el PSOE se dedica a abrir embajadas de Cataluña en el exterior, a no hacer cumplir las resoluciones de la Junta Electoral Central sobre Quim Torra, a no perseguir a Carles Puigdemont, o a no estar de acuerdo con que los fugados sean inelegibles en las elecciones», explican las fuentes.

«Nosotros estamos dispuestos a sentarnos a hablar, en el marco de un pacto de Estado global», añaden. En todo caso, en esa tesitura lo que haría el PP es plantearle a Sánchez su plan de reforma del CGPJ. «No sabemos cuál es el modelo del PSOE. Estamos dispuestos a escucharlo. Ahora mismo el modelo que han demostrado tener es el de nombrar a su ministra fiscal general. ¿Nos vamos a encontrar a otros ex ministros en los órganos constitucionales?», lamenta uno de los dirigentes de Génova consultados.

Ocurre que Vox se ha mostrado favorable a participar en las negociaciones de renovación del CGPJ con el modelo actual, lo que dejaría al PP sin votos suficientes para frenarla. «Si Vox, Podemos y PSOE quieren pactar el CGPJ, que lo hagan. Nosotros no lo haremos, y lo denunciaremos después», apuntan en el entorno de Casado.

Los populares advierten a Sánchez de que no negociarán «aisladamente» ninguna de estas propuestas, sino «todo a la vez»… o nada. «Sin garantizar que todos los órganos del judiciales son independientes no podremos seguir por ese camino».

En ese punto, la condición sine qua non del PP es «que el fiscal general sea independiente, y no un político». «Ésa debe ser la primera piedra sobre la que se asiente el pacto». Para ello, el Grupo Parlamentario Popular va a presentar una proposición de ley que impida que los cargos electos o políticos puedan aspirar a la Fiscalía General del Estado si no han transcurrido cuatro años desde que abandonaron la política. «No podemos aceptar que Delgado siga ahí», enfatizan en Génova.

Por otro lado, y ante los ataques que sufren los jueces en Cataluña por actuar contra los independentistas, el PP también propone un plus salarial de 500 euros al mes, como complemento específico de destino, a la manera de los togados que ejercen en País Vasco.

Por último, el equipo de Casado va a insistir en «el cierre de las embajadas catalanas, que van en contra de los intereses nacionales». Hay que recordar que el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos ha permitido la apertura de tres: en Argentina, México y Túnez. Esto, a juicio de los populares, supone «un pago de Sánchez a los independentistas por su investidura». De ahí que Casado planee llevar el asunto a los tribunales si el Ejecutivo no da marcha atrás.