El Gobierno reacciona de inmediato frente al «pin parental» de Vox en Murcia, mientras guarda en un cajón los recursos a las resoluciones sobre la autodeterminación apoyadas por ERC en Cataluña
La relación del Gobierno de Pedro Sánchez con Cataluña y, por ende, con el independentismo ha estado ligada desde hace meses al interés electoral. La fase más ambiciosa de la distensión, llegando incluso a explorar la figura del «relator» como mediador en el diálogo, se produjo ante la necesidad de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado que garantizaran la continuidad del Ejecutivo alumbrado en la moción de censura.
Cuando el apoyo soberanista a las cuentas no se materializó, los socialistas volaron los puentes, anunciaron un adelanto electoral –el del 28-A– y recrudecieron la ofensiva judicial sobre el soberanismo, presentando incidentes de ejecución o conflictos positivos de competencias ante el Tribunal Constitucional (TC) para tumbar los acuerdos que la Mesa del Parlamento de Cataluña aprobaba contraviniendo la legalidad.
Estos recursos ante el TC han sido una constante durante los meses de campaña electoral, especialmente en la del 10-N, como exhibición de su autonomía respecto a los independentistas. Sin embargo, tras el 10-N y ahora que su supervivencia está ligada a los partidos soberanistas, estos recursos se han guardado en un cajón bajo el mantra de «desjudicializar la política». Una «desjudicialización» a la carta, que solo se aplica a los socios y no a los partidos de la oposición.
Apenas 24 horas ha tardado el Ejecutivo en poner en marcha la maquinaria para revocar el «pin parental», mientras que las resoluciones del Parlament sobre la autodeterminación llevan dos meses en barbecho. Prácticamente los mismos que llevan los socialistas en conversaciones con ERC para facilitar primero la investidura y en un futuro los Presupuestos. El Consejo de Ministros remitió ayer el requerimiento para que el Gobierno de Murcia «restablezca la legalidad» y retire el «pin parental» que permite vetar algunos de los contenidos obligatorios que forman parte del currículo educativo sobre educación sexual o de género. En caso de que no se atienda este requerimiento, se promoverá la vía judicial para enmendar cualquier menoscabo de los derechos de los menores. «Consideramos que el pin parental vulnera el derecho fundamental a ser educado de los menores y excede las propias competencias del centro educativo», destacó la ministra de Educación.
Isabel Celaá que ayer delegaba por primera vez las funciones de portavoz en María Jesús Montero volvió a ser protagonista por sus declaraciones, al sentenciar que «de ninguna manera podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres. Hablamos del interés y de los derechos constitucionales de los menores». En la misma línea la titular de Igualdad, Irene Montero, aseguró que «los hijos de padres y madres machistas u homófobos tienen derecho a una educación libre y feminista». En la misma línea, Montero anunció que ha pedido comparecer para tratar este tema dentro del Pacto de Estado de Igualdad.
La reacción inmediata contra el «pin parental» que Vox ha exigido imponer en la educación murciana a cambio de su apoyo para sacar adelante las cuentas regionales se produjo ya el propio jueves, contrasta, como se señalaba anteriormente, con el afán de «desjudicializar la política» en el ámbito catalán en el que hace meses que se «estudia» el recurso para las últimas medidas adoptadas por el Parlament de Cataluña contrarias a las resoluciones del Tribunal Constitucional. Se trata, en concreto, de una moción de la CUP del 28 de octubre que la Mesa admitió a trámite el pasado 5 de noviembre –cinco días antes de las elecciones– y que volvía a incidir en el derecho de autodeterminación, aspecto que ya fue declarado nulo en resoluciones previas del TC. El objetivo de dichos incidentes de ejecución era entonces «preservar la eficacia de las resoluciones del Tribunal Constitucional, protegiendo su función jurisdiccional».
La tardanza en actuar se atribuye desde el Gobierno a que se trata de «procedimientos largos», porque hay que buscar «documentación complementaria» para «darle cuerpo» al recurso. «Se está trabajando y el compromiso es firme. El Gobierno no va a permitir que el gobierno catalán se salte ninguna norma», señaló la portavoz. En todo caso, Montero quiso señalar que dicha «desjudicialización de la política» persigue que controversias políticas no se resuelvan desde la dinámica judicial, esto es, que «la política no se esconda detrás de las togas».
Y la rebelión de estas togas contra el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado, de la que no han querido avalar su «idoneidad» para el cargo, es una de las primeras polémicas que han tenido que sofocar desde Moncloa. Montero intentó ayer relativizar la polémica, asegurando que «lo importante son los informes tras la deliberación y el resultado final, ese informe, es que Delgado cumple los requisitos para ser Fiscal General del Estado». En todo caso, la portavoz quiso dejar claro el «respeto del Gobierno a la separación de poderes» y aprovechó para criticar a la oposición por abundar en estas diferencias dentro del Poder Judicial para «sacar tajada» y les advirtió de que le hacen «un flaco favor».
