Mañana de estreno en La Moncloa. La rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ha servido para visualizar el relevo en la Portavocía del Gobierno y su carácter de coalición. En la mesa han comparecido, por última vez un viernes, la otrora portavoz y ministra de Educación, Isabel Celaá, junto a las “dos Montero”, su sucesora y ministra de Hacienda y la titular de Igualdad. “En este Gobierno no hay ni ministros del PSOE ni ministros de Podemos, hay un único gobierno de coalición”, ha señalado la portavoz. María Jesús Montero ha intentado relativizar el fuerte rechazo que ha generado en el Consejo General del Poder Judicial el aval a la ex ministra de Justicia Dolores Delgado como nueva Fiscal General del Estado, sin querer entrar a valorar su idoneidad deliberadamente. Montero ha querido dar por superada la polémica asegurando que “lo importante son los informes tras la deliberación y el resultado final, ese informe, es que Delgado cumple los requisitos para ser Fiscal General del Estado”. En todo caso, la portavoz ha querido dejar claro el “respeto del Gobierno a la separación de poderes” y ha aprovechado para criticar a la oposición por abundar en estas diferencias dentro del Poder Judicial para “sacar tajada” y les ha advertido que le hacen “un flaco favor”.
En todo caso, desde el Ejecutivo dotan de máxima prioridad la renovación de órganos judiciales como el Consejo General del Poder Judicial o la composición del Tribunal Constitucional y por ello, se ha anunciado que el Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se pondrá en contacto a la mayor brevedad con el Partido Popular para intentar buscar un consenso en esta cuestión. No obstante, Montero ha cargado contra Pablo Casado por minutos antes de que se reuniera ayer el CGPJ “pretender dictar” lo que tenían que decir y ejercer su mayoría para “bloquear” la renovación de estos órganos. En este sentido, el Ejecutivo “llama a la responsabilidad» del principal partido de la oposición.
¿Desjudicialización de la política? No para el “pin parental”
Moncloa ha anunciado también que esta mañana ha envidado el requerimiento para que el Gobierno de Murcia “restablezca la legalidad” y retire el “pin parental” que permite vetar algunos de los contenidos obligatorios que forman parte del currículo educativo sobre educación sexual o de género. En caso de que no se atienda este requerimiento, se promoverá la vía judicial para enmendar cualquier menoscabo de los derechos de los menores. “Consideramos que el pin parental vulnera el derecho fundamental a ser educado de los menores y excede las propios competencias del centro educativo”, ha dicho la ministra de Educación, Isabel Celaá.
Esta actuación en 24 horas contrasta con el afán de “desjudicializar la política” en el ámbito catalán en el que hace meses que se “estudia” el recurso para las últimas medidas adoptadas por el Parlament de Cataluña contrarias a las resoluciones del Tribunal Constitucional. Una tardanza que desde el Gobierno se atribuye a que se trata de “procedimientos largos”, porque hay que buscar “documentación complementaria” para “darle cuerpo” al recurso. En todo caso, la portavoz del Gobierno ha querido señalar que la desjudicialización de la política persigue que controversias políticas no se resuelvan desde la dinámica judicial, esto es, que “la política no se esconda detrás de las togas”.
