El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez ha propuesto a Dolores Delgado, de 57 años, como nueva fiscal general del Estado en sustitución de María José Segarra, según han confirmado a este diario fuentes del Ejecutivo. Delgado, que fue nombrada por Sánchez ministra de Justicia tras la moción de censura contra Mariano Rajoy en junio de 2018, se ocupará, si es confirmada en el puesto, de dirigir el ministerio público. Tanto ella como su antecesora en esta institución pertenecen a la Unión Progresista de Fiscales (UPF).
La decisión de nombrar a una exministra como fiscal general, un puesto muy sensible, ha provocado inmediatamente las críticas de la oposición. Solo hay un antecedente de un ministro que pasa directamente a la Fiscalía General, el de Javier Moscoso en 1986, bajo el Gobierno de Felipe González. Delgado llegó al Gobierno como independiente -jueces y fiscales tienen vetado por ley afiliarse a partidos-, pero en los últimos meses ha consolidado su faceta política con duros enfrentamientos con la oposición y ha hecho campaña a favor del PSOE, además de ser elegida en las listas socialistas para el Congreso.
El nombramiento del fiscal general del Estado será sometido a informe no vinculante del Consejo General del Poder Judicial. Delgado deberá comparecer también ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. El candidato debe ser un “jurista español de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión” y el nombramiento corresponde al Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. Esto es, es una decisión del Ejecutivo que no necesita ser votada por las Cortes ni por tanto puede ser frenada por ninguna otra institución.
En España el fiscal general es nombrado siempre por el Ejecutivo, algo habitual en la mayoría de los países democráticos, pero tiene autonomía de acción desde ese momento y no debe obediencia al Ejecutivo. La Fiscalía es un órgano jerárquico, pero los fiscales tienen fórmulas para hacer respetar su autonomía y mostrar su disconformidad con una orden del fiscal general.
En el mundo político está instalada la idea de que el Gobierno controla a los fiscales, pero esto no es real, como se ha visto recientemente en el juicio del procés, donde la posición de la Fiscalía ha sido muy diferente a la que fijaba el Gobierno a través de la Abogacía del Estado. De hecho, el presidente Sánchez tuvo que corregir sus palabras en plena campaña electoral cuando dio a entender en una entrevista en Radio Nacional que la Fiscalía depende del Ejecutivo.
El ministerio fiscal, órgano integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, no depende ni orgánica ni funcionalmente del Gobierno. Aunque es cierto que el artículo 124.4 de la Constitución otorga al Ejecutivo el nombramiento del fiscal general del Estado y que el Gobierno puede pedirle a este que «promueva ante los Tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público», según el artículo 8 del estatuto orgánico del ministerio fiscal. Sin embargo, tanto la Constitución como ese estatuto orgánico establecen que los fiscales actúan “con plena objetividad e independencia” en defensa de la legalidad, y que en su actuación rigen “en todo caso” los “principios de legalidad e imparcialidad” con sujeción a la Constitución, a las leyes y demás normas que integran el ordenamiento jurídico. En el caso de las actuaciones solicitadas por el Gobierno al fiscal general, la ley establece que el máximo responsable del ministerio público decide en última instancia sobre su viabilidad o procedencia. Es decir, que el Gobierno no les da órdenes ni instrucciones a los fiscales.
A pesar de todo, todos los gobiernos intentan influir en las decisiones de la Fiscalía. De hecho en el Ejecutivo de Sánchez y en el PSOE había mucho malestar con Segarra porque consideraban que no había logrado que su criterio se respetara entre los fiscales y en ningún momento se había consolidado en el puesto. La elección de Delgado supone poner a una fiscal de larga trayectoria en un puesto clave. El Ejecutivo espera que esta vez sí logrará imponerse en la institución en un momento especialmente delicado por la crisis del procés.
La Fiscalía es un órgano de dependencia jerárquica en cuya cúspide está el fiscal general que, según la ley “podrá impartir a sus subordinados las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al ejercicio de las funciones, tanto de carácter general como referidas a asuntos específicos”. Los fiscales subordinados deberán “atenerse” a estas órdenes en sus dictámenes e informes escritos ante los tribunales, aunque la ley les da mecanismos de disentimiento, como la posibilidad de desenvolverse libremente en las intervenciones orales, de modo que quede clara su discrepancia. Si un fiscal recibe del fiscal general una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente, este fiscal puede hacerlo constar y pedir una reunión de la junta de fiscales de sala, que expresará su posición, tras la cual el fiscal general “resolverá” lo que estime oportuno.
El líder de la oposición, Pablo Casado (PP), ha dicho este lunes en el Fórum Europa de Madrid que la proposición de Delgado es un ataque a la separación de poderes, informa Juan Diego Quesada. “Uno de los más equivocados. ¿Qué dirían de nosotros si hubiéramos promovido a [Alberto] Ruiz-Gallardón como fiscal general? Perder el pudor a la hora de nombrar es algo que ataca la separación de poderes”, ha criticado Casado. En esta misma línea se ha expresado Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales (conservadora y mayoritaria), en declaraciones a Onda Cero: “Que un ministro de Justicia que formaba parte de un Gobierno de un partido determinado pase a ostentar el cargo máximo de la carrera fiscal no me parece adecuado”. Dexeus ha reconocido que la propuesta le ha causado “estupor” y ha afirmado que es “una manera muy clara de indicar” que el Gobierno quiere tener “sometida” a la Fiscalía. También ha criticado la decisión el diputado de Ciudadanos Marcos de Quinto: “No satisfecho con retorcer el brazo de la abogacía del estado, Sánchez se apodera de la independencia de la fiscalía del estado nombrando fiscal general a Dolores Delgado, su ex-ministra de justicia!!! Todo un escándalo: se inicia la ‘venezuelización’ de España”.
Nacida en Madrid en 1962, Delgado estuvo 25 años en la Audiencia Nacional antes de formar parte del primer Ejecutivo de Pedro Sánchez. En su etapa en este órgano, en el que ingresó en 1993, la exministra dedicó la mayor parte de su tiempo a la lucha contra el terrorismo. Antes de incorporarse al Gobierno que salió de la moción de censura era la fiscal coordinadora de la lucha contra el terrorismo yihadista. Sánchez informó el pasado viernes a Delgado de que no continuaría al frente de la cartera de Justicia. De hecho, este lunes el socialista Juan Carlos Campo, juez de carrera, tomará su relevo al frente del Ministerio.
Con Dolores Delgado al frente de Justicia, el Gobierno, con el apoyo de los tres poderes —ejecutivo, legislativo y judicial—, exhumó los huesos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos el pasado octubre. En el acto, al que tuvo que asistir en persona, dio fe como notaria mayor del reino. Salpicada por el caso Villarejo, Delgado se definió en su toma de posesión en julio de 2018 como una “fiscal de trinchera” y prometió ser una “ministra de trinchera”. Durante el año y medio de mandato apostó por la cooperación internacional y por el avance de la digitalización de la justicia.
