Casi 500 kilómetros de peaje pasarán a ser gratuitos el próximo miércoles. Se trata del tramo de la AP-7 entre Tarragona y Alicante y de la AP-4, que une Sevilla con Cádiz, que levantarán sus barreras después de 46 años de peajes. La concesión de ambas carreteras finaliza con la llegada del nuevo año y el Gobierno, al igual que hizo con la AP-1, ha decidido no renovar su concesión.
El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ya anunció al poco de llegar al cargo su intención de liberalizar estas autopistas de peaje. La primera carretera afectada por esta medida fue la AP-1, ahora le toca el turno a la AP-4 y a la AP-7 y en 2021 vencerá la concesión de la AP-2 y el tramo norte de la AP-7.
Lo que no está tan claro es cómo se mantendrán estas vías. El Gobierno tuvo que retrasar notablemente la adjudicación del contrato de mantenimiento de la AP-1, que no se firmó hasta diez meses después de su liberalización. Una demora que ahora se repite en la AP-4 y en la AP-7.
El Ministerio de Fomento licitó hace unos meses un contrato valorado en 153 millones para adjudicar estas tareas. Sin embargo, Abertis y los sindicatos han impugnado los pliegos, dejando este servicio en el aire apenas unos días antes de que ambas autopistas se liberalicen. Fuentes cercanas al proceso explican que el foco del enfrentamiento se encuentra en el número de trabajadores que se subrogarán cuando se levanten las barreras.
Según estas mismas fuentes, Fomento garantizó a los sindicatos y a Abertis, en manos de la italiana Atlantia y ACS que recolocaría a un número determinado de trabajadores. Teniendo en cuenta estos cálculos, la concesionaria lanzó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en la filial que gestiona actualmente ambas vías. Sin embargo, finalmente en los pliegos que sacó al mercado el Ministerio de Fomento el número de trabajadores subrogados era menor. Además, el Gobierno ha dejado fuera de este particular proceso a la concesionaria, que hasta el momento se había encargado del mantenimiento de estas carreteras.
Ante esta situación, la empresa ha decidido contraatacar e impugnar los pliegos, que ya no podrán ser adjudicados antes del 1 de enero, cuando se levantarán las barreras de la infraestructura. El Gobierno tendrá que recurrir a un contrato de emergencia para que ambas autopistas cuenten con servicios de mantenimiento, y no será al menos hasta mediados del primer trimestre cuando podrá adjudicar de forma definitiva este servicio.
La impugnación de este contrato representa una nueva batalla entre el Gobierno y Abertis, que ha perdido gran parte del negocio que tenía en España por la decisión del Ejecutivo de levantar las barreras de las autopistas de peaje.
