La intención del Gobierno de armonizar la tributación autonómica de cara a la futura reforma de la financiación está provocando revuelo en los despachos, que están recibiendo un aluvión de consultas para adelantar donaciones y evitar así el impacto de una subida fiscal en comunidades con una menor presión fiscal autonómica, como Madrid. Así lo describen a ABC fuentes jurídicas que relatan que despachos madrileños han aumentado su carga de trabajo para atender a clientes que estudian anticiparse a una hipotética armonización impositiva, beneficiándose de las bonificaciones que ahora existen en comunidades como Madrid.
Precisamente, en un momento en el que el PSOE está negociando los apoyos a la investidura de Pedro Sánchez, Más País y el propio presidente socialista de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, han pedido a Sánchez que la reforma de la financiación sea su primera medida. Desde el Gobierno solo se contempla que se acometerá antes de que acabe la legislatura. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recordó hace unas semanas antes de las elecciones su intención de «armonizar» impuestos como el de Sucesiones y Patrimonio, lo que elevaría los tributos en regiones como Madrid. Y criticó el «efecto capital» de la comunidad gobernada por Isabel Díaz Ayuso con sus «rebajas de impuestos», aclarando que el Ejecutivo defiende «una armonización no una homogeneización».
«Si se adelantan donaciones en Madrid antes de que haya un suelo de tributación, sí sería beneficioso para el contribuyente», asevera el secretario general del Registro de Economistas y Asesores Fiscales (Reaf), Luis del Amo.
Pese a que es difícil que la reforma de la financiación autonómica se apruebe con prontitud, ante la dificultad política de articular un pacto que sentará a barones y partidos políticos en pleno 1-O, fiscalistas apuntan que grandes fortunas pero también particulares con una riqueza más modesta han comenzado a preguntar cómo anticipar operaciones para evitar una futura subida de Donaciones. La titular de Hacienda ya fue una de las mayores críticas con Madrid durante su etapa como consejera del ramo de la Junta de Andalucía, llegando a tildar al comportamiento de bajar impuestos de la región como «dumping fiscal» frente a otras regiones infrafinanciadas por el actual modelo.
El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones es un impuesto cedido a las comunidades autónomas, que lo recaudan y albergan capacidad normativa sobre el mismo. Según ilustra el Panorama de la Fiscalidad Autonómica del Reaf, en un ejemplo en el que un soltero recibe una donación de su padre de 800.000 euros, Castilla y León y Extremadura serían las comunidades donde más se paga, con 208.159 euros en 2019 –aunque la primera está tramitando una bonificación del 99% entre familiares directos–. En el otro extremo, un cántabro en esta situación no pagaría un euro, un canario tributaría 200 y un madrileño, 2.000 euros.
Estas amplias diferencias se repiten en otros gravámenes como Sucesiones o Patrimonio, un impuesto que Madrid bonifica al 100%. Una armonización podría introducir un suelo de tributación para establecer un pago mínimo y evitar que haya regiones que eliminen alguno de estos impuestos de facto. Sin ir más lejos, el grupo de expertos para la reforma de la financiación autonómica recomendó en 2017 un tipo mínimo y máximo en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, de forma que las comunidades con mayor presión fiscal podrían reducir los impuestos y las que menos impuestos tuvieran, los subirían.
Una reforma enconada
La última reforma de la financiación autonómica se abordó en 2009 y, a diferencia de la que se aprobó en 2002, no solo no se hizo con el consenso de todas las comunidades autónomas sino que se hizo con un voto de diferencia en el Congreso de los Diputados. El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, trató de impulsarla en 2017 con la correspondiente Conferencia de Presidentes, a la que no asistió Cataluña, en pleno desafío independentista. Precisamente, la ausencia de la comunidad que entonces gobernaba Carles Puigdemont, fue el gran escollo que impidió aprobar un nuevo modelo.
Ahora será difícil poner de acuerdo a comunidades con modelos fiscales tan dispares, en un momento en el que el Gobierno cuenta con escasos apoyos políticos y ante el pulso de los independentistas. Pero, ante la posibilidad de que la propuesta del Gobierno salga adelante, el dinero mueve ficha.
