La CNMV advierte a las cotizadas de que deben informar de los casos de corrupción empresarial

Toque de atención del supervisor bursátil. Ante el goteo de imputaciones o acusaciones a grandes empresas, la CNMV reclama a las cotizadas una actuación más decidida en los escándalos que les afecten. El organismo que encabeza Sebastián Albella no menciona ninguna empresa en concreto, pero manda un mensaje de una dureza inusitada que muestra una profunda preocupación.

La Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV) ha difundido este lunes una carta en la que advierte a los consejos de administración de las sociedades de que deben informar sobre las irregularidades que les afecten. «Los casos de presuntas prácticas irregulares en algunas sociedades cotizadas que se han conocido en los últimos meses, algunos de los cuales han dado lugar a actuaciones de la jurisdicción penal, son motivo de preocupación para la CNMV como entidad supervisora del mercado de valores español», señala el supervisor en un sorprendente comunicado.

«Aunque estos casos solo afecten a algunas empresas o sean imputables a un número reducido de personas, este tipo de situaciones puede comprometer la imagen y reputación de nuestro mercado de valores, a cuya integridad y transparencia sirve la CNMV», abunda el supervisor.

Después de que algunas grandes compañías cotizadas se hayan visto envueltas en procesos judiciales tras destaparse irregularidades, la CNMV anuncia que analiza la posibilidad de reforzar las recomendaciones sobre estos aspectos en el contexto de la revisión parcial del Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas.

Empresas como las constructoras FCC y OHL se han visto involucradas en casos de corrupción. La primera fue imputada como persona jurídica el mes pasado por la Audiencia Nacional, que le acusa de pagar más de 82 millones de euros en mordidas para conseguir adjudicaciones de obra pública en Panamá. OHL no está imputada, pero sí varios exdirectivos. Además, en el marco del caso Lezo, se investiga la adjudicación a una de sus filiales de hasta 12 obras presuntamente a cambio de sobornos.

Sociedades imputadas

BBVA sí ha sido imputado por los presuntos delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios por los pagos efectuados al comisario José Manuel Villarejo de 2004 a 2017. El Confidencial publicó la semana pasada que Iberdrola había ordenado espiar a miembros de ACS para evitar el asalto al consejo de la eléctrica de Florentino Pérez, presidente de la constructora. El también presidente del Real Madrid anunció su intención de personarse como acusación particular en el caso Villarejo por los supuestos espionajes de Iberdrola. La eléctrica ha encargado un informe forensic para aclarar su relación con el comisario jubilado.

Pero hay más. 65 exdirectivos y exconsejeros de Caja Madrid/Bankia —entre ellos, su presidente, Rodrigo Rato— fueron condenados por el uso fraudulento de las tarjetas black; y aún se juzga su salida a Bolsa. Lo mismo ocurre con posibles irregularidades en la ampliación de capital del Popular y su supuesta manipulación de acciones. La Audiencia Nacional investiga la compra de Dia por el magnate ruso Mijaíl Fridman. En diciembre, la cúpula de Nueva Pescanova testificará por su quiebra en 2013. Un juzgado de Sevilla investiga a una decena de directivos de Abengoa por su presunta implicación en una macroestafa supuestamente relacionada con el desmoronamiento de la empresa de renovables…

Ante esta situación, el organismo lanza una serie de advertencias generales a las empresas. La primera es que las sociedades cotizadas impidan o reduzcan al máximo «la probabilidad de que se produzcan prácticas de carácter irregular». También deben asegurar el cese de estas actividades en cuanto se detecten, abunda el supervisor.

Para ello, los órganos de gobierno de las empresas deben establecer «políticas y controles adecuados para prevenir la corrupción y demás prácticas irregulares». En esta función deben intervenir, además del consejo de administración, la comisión de auditoría, «a la que la normativa vigente atribuye la función de supervisar la eficacia del control interno». La CNMV también destaca el papel en este ámbito de los consejeros independientes y otros consejeros externos.

Además de reducir el riesgo, hay que aumentar la transparencia. Y aquí vuelve a ser clave el papel de los consejos de auditoría, señalan en la CNMV, «sin perjuicio de la responsabilidad del consejo de administración».

En la detallada carta de tres páginas, el supervisor enumera las responsabilidades del consejo de administración. Entre estas, destaca la obligación de incluir los riesgos que puedan existir sobre estos asuntos en el informe anual de gobierno corporativo, así como de detallar las políticas establecidas para minimizar estos riesgos en el estado de información no financiera.

«Es importante aclarar que la información debe incluirse en los primeros informes que se elaboren tras el momento en el que se haya tenido conocimiento de las prácticas irregulares o riesgos correspondientes, con independencia de que hayan trascendido o no públicamente a través de medios de comunicación o de otro modo», continúa.

Por último, el organismo pide a los órganos de gobierno de las compañías cotizadas que revisen sus políticas y procedimientos, y su puesta en práctica, «para asegurarse de que son suficientemente exigentes y se apliquen realmente».