Nuevo ataque a la concertada: El PSOE lanza un argumentario en el que supedita la elección de centro a lo que determine el Estado

Mientras la ministra de Educación Isabel Celaá pide «tranquilidad» a las familias y habla de «fake news» cuando los titulares aseguran que el Gobierno de Sánchez ataca a la concertada, el PSOE ha publicado un polémico argumentario sobre la «escuela concertada y el derecho a la educación» en el que cuestiona el derecho de los padres a elegir el tipo de centro que desean para sus hijos.

El polémico documento, al que ha tenido acceso ABC, supedita la elección de centro por parte de los padres a la planificación de puestos escolares que hace la administración. ¿Esto qué significa? Que pretenden suprimir la «demanda social», es decir, las preferencias o peticiones de los padres como uno de los criterios a la hora de adjudicar las plazas de los colegios.

Y lo justifican de la siguiente manera: «La complementariedad de las redes (pública y privada) implica, pues, planificación y una clara definición del mapa escolar, lo que quiere decir que el concierto no depende ni de la creación ni de la demanda, sino de la planificación de los recursos públicos. Este es el equilibrio que el Gobierno del PSOE quiere impulsar, reequilibrando la situación impuesta en al LOMCE en la llamada “demanda Social” y que queda lejos de limitar el derecho de la educación de las familias».

El texto critica, así, la inclusión de la expresión «demanda social» realizada por los populares a través de la Lomce, más conocida como «Ley Wert». El último texto de la LOMLOE o «Ley Celaá», que la ministra pretende aprobar si se forma gobierno, pulveriza dicha expresión.

Lo que parece olvidar el PSOE es que esta inclusión expresa de la «demanda social» es acorde con el derecho a elegir reconocido por la Constitución y no modifica bajo ningún punto de vista el proceso de admisión de alumnos, que sigue una serie de criterios prioritarios contemplados en el artículo 84 de la LOE, ley aprobada por los propios socialistas.

El argumentario del PSOE ha sido enviado a la sede de Murcia de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA), así como a centros concertados de la región, por Raimundo Benzal Román, secretario de Educación y Universidades del PSRM-PSOE. «Es un posicionamiento de hace tres o cuatro días, son documentos oficiales que me llegaron y que he consultado primero y me han dicho que sí y se lo he enviado a algunas asociaciones de padres, tanto de la concertada y la pública», explicó Benzal Román a este periódico.

Sin embargo, Mari Luz Seijó, secretaria ejecutiva de Educacion y Universidades del PSOE, que también confirmó la autenticidad del documento, señaló que se trata de un texto interno que, «como cualquier argumentario», se ha enviado solo a secretarios y portavoces de educación de ayuntamientos y conunidades autónomas, pero no a centros.

«Cobertura legal a la privatización»

Además, en el correo enviado a las asociaciones se adjunta también otro texto en el que el Ministerio de Educación intenta justificar, con una sentencia del año 1981 ya superada del Tribunal Constitucional, las palabras de Celaá del pasado jueves en el XV Congreso de Escuelas Católicas, en el que dijo que la elección de centro no es un derecho constitucional.

Además, el argumentario niega que el PSOE sea una amenaza para la concertada a la vez que sostiene que el PP sí lo es para la pública «con la LOMCE que ha dado cobertura legal a su privatización». El texto, además, culpa a los populares de «obviar el marco constitucional» e «imponer un modelo que pretende amparar su privatización y conformar un sistema injusto de segregación social en el que el centro elige al alumno y no al contrario». Todo ello, dicen, en nombre de lo que el PSOE considera un «supuesto derecho», es decir, el de elección de los padres.

«Violación de derechos»

La portavoz de Educación del PP, Sandra Moneo, ha dicho que «el documento refleja claramente los prejuicios del partido socialista hacia la escuela concertada y su negativa a garantizar la libertad de las familias para elegir el centro donde quieren escolarizar a sus hijos». Además, ha recordado que «la libertad es un derecho de todas las familias, no lo estamos circunscribiendo a la concertada».

Por su parte, Pedro J. Caballero, presidente de Concapa ha señalado que «se confirman nuestras conclusiones sobre las declaraciones de la ministra Celaá en el sentido de que el actual gobierno en funciones tiene concebido un plan para mermar la opción de la escuela concertada y erradicar la demanda social, suprimiendo así la libertad de enseñanza». Caballero ha avanzado que la Confederación que representa se mantendrá alerta y preparada y empleará «los recursos a nuestro alcance para hacer que ninguna familia sienta vulnerados sus derechos fundamentales».

En la misma línea ha opinado Luis Centeno, secretario general adjunto de Escuelas Católicas: «El argumentario demuestra que el discurso de la ministra no fue ningún lapsus y que el PSOE, con el pretexto de derogar la Lomce, se propone restringir expresamente el derecho de elección de centro, planificando la oferta de puestos escolares de espaldas a los padres, lo que supone una violación de sus derechos fundamentales e inalienables, recogidos en la Declaración de los Derechos del Hombre y en la Constitución».