Manuel Chaves, presidente de la Junta de Andalucía entre 1990 y 2009, ha abandonado esta mañana la comisión de investigación sobre la Fundación Andaluza de Formación y Empleo (Faffe) del Parlamento andaluz, al considerar que se han “violentado” sus derechos al haber sido citado a 72 horas de las elecciones del próximo domingo. Chaves solo ha intervenido para acusar a la comisión de “instrumentalizarlo” y de “romper la neutralidad política” en campaña electoral.
“Mis derechos se han visto afectados y me acojo al derecho a no declarar ni a contestar las preguntas”, ha afirmado. El presidente de la comisión, Enrique Moreno (Ciudadanos), ha dado entonces paso a las intervenciones de los grupos, pero Chaves ha advertido que se retiraría si se le formulaban preguntas, al considerar que estas “violentaban” sus derechos.
Y así ha sido. Ha recogido la carpeta que llevaba y ha abandonado la sala.
La comisión investiga una fundación creada en 2003, bajo el mandato de Manuel Chaves, y disuelta en 2011, cuando la Junta la presidía José Antonio Griñán. La Faffe acumula gastos por 55,6 millones de euros sin justificar, según un informe de la Cámara de Cuentas. También está siendo sometida a una investigación judicial, donde el PP, ahora en el Gobierno, ejerce la acusación particular por supuesto desvío de fondos públicos.
Los directivos de esta fundación utilizaron tarjetas de crédito institucionales en gastos por un importe de unos 32.000 euros en 12 fiestas en prostíbulos de las provincias de Sevilla, Cádiz y Córdoba. Este viernes está citado el propietario del club de alterne Don Angelo, donde el que fuera director de la fundación y exmiembro de la ejecutiva del PSOE andaluz, Fernando Villén, desembolsó 14.737 euros el 22 de marzo de 2010 en consumos indeterminados. Los pagó con la tarjeta de la Junta. Dos días después, un hombre acudió al local y abonó en metálico esa cantidad.
La intervención del expresidente andaluz ha sido muy tensa. Chaves ha aludido con ironía a que el Parlamento andaluz “a pesar de su intensa actividad parlamentaria haya tenido tiempo para celebrar la comisión de investigación” y ha recordado que el pleno de la Cámara previsto para esta semana ha sido pospuesto precisamente por la celebración de las elecciones.
El presidente de la comisión le ha interrumpido y le ha pedido que se ciñera al “objeto” de la comisión, lo que ha provocado protestas del Grupo Socialista. “No estoy evaluando, sino narrando un hecho objetivo: se coarta mi derecho a expresarme libremente”, ha contestado Chaves, quien ha calificado de “insólito” la citación en plena campaña. “Estoy siendo instrumentalizado en mi condición de expresidente, deberían tener alguna deferencia democrática como expresidente”, ha dicho Chaves. Según él, más que a una comisión de investigación, asistía a “un acto de campaña electoral”.
Tras la marcha de Chaves se ha producido un pequeño receso. Los grupos han consumido su turno con duras críticas al expresidente andaluz, convirtiendo la comisión en un gran espectáculo electoral y reproches entre los distintos portavoces. “Esto ha sido de cachondeo”, ha dicho la portavoz de Ciudadanos, Teresa Pardo. El portavoz de Vox, Alejandro Hernández, ha comparado a Chaves con “un Tartufo [impostor] de la democracia” y ha arremetido contra sus hijos. Le ha lanzado las siguientes palabras: “Ha tenido un histriónico ataque de dignidad de alguien que no ha hecho más que comportarse de manera indigna”.
“Como ya advertimos esto ha sido un circo”, ha subrayado la portavoz de Adelante Andalucía, Maribel Mora. El popular José Antonio Nieto ha calificado de “lamentable” la marcha de Chaves de la comisión. El socialista Rodrigo Sánchez Haro ha salido en defensa del expresidente andaluz, que está a la espera de la sentencia del juicio político del caso de los ERE. Ningún dirigente socialista le esperaba a la puerta del Parlamento. Se reunieron con él una vez dentro de la Cámara.
Chaves será el único ex alto cargo de la Junta que declare hoy en la comisión. Los expresidentes José Antonio Griñán y Susana Díaz han alegado que no han recibido la citación. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha registrado un informe elaborado por los servicios jurídicos del Ministerio en el que aluden a dictámenes del Consejo de Estado en los que se afirma que una Asamblea autonómica no puede ejercer control sobre un ministro.
