Nueva polémica sobre la privacidad de tus datos, y esta vez salpica a los operadores españoles y a tu propio móvil. El Instituto Nacional de Estadística, el INE, comenzará en tres semanasuna operación de seguimiento de los móviles de los españoles para conocer con más exactitud sus hábitos de movilidad y poder actuar conforme a cómo se mueven los ciudadanos. Aseguran que los datos recabados serán anónimos y conseguidos a través de las tres operadoras dueñas de las líneas de teléfono (Movistar, Orange y Vodafone) para cumplir con las leyes, pero abogados y expertos en protección de datos opinan lo contrario sobre su legitimidad.
El INE analizará durante cuatro días laborables consecutivos de noviembre, del 18 y al 21, los movimientos de teléfonos móviles en España, según ha informado El País. El organismo asegura que solo van a recopilar datos de recuentos de móviles en deterrminadas zonas y que se tratará en todo momento de datos anonimizados, es decir, no habrá vinculación al número móvil de los abonados. «Por ejemplo, sabremos cuántos móviles hay a las 17:00 horas en una calle determinada en cualquier ciudad de más de 15.000 habitantes, pero nada más. Las operadoras no nos dan datos de posicionamiento de los clientes, son recuentos anónimos y este uso está sometido a la ley de la función estaística pública, como todo lo que hacemos», señala un portavoz del INE a Teknautas.
El contrato firmado entre el organismo público y los tres operadores asciende a 500.000 euros. Los operadores analizarán la posición de los móviles anonimizados entre las 00:00 y las 6:00 de la mañana para establecer el lugar de residencia. Y entre las 9:00 y las 18:00 se examinarán los flujos de personas. Con esta metodología, el INE podrá saber cuáles son los flujos de personas del hogar al lugar de trabajo, dónde se encuentra el lugar de trabajo de forma agregada y establecer tendencias que se podrán usar para que los ayuntamientos tomen decisiones relativas al transporte y la movilidad.
Según el abogado especializado en derecho y tecnología David Maeztu, el problema, sin embargo, no está en los datos anónimos y la LOPD a la que hacen referencia al hablar de este frente, sino en una ley que está un paso antes, la ley 25/2007 de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas. «La ley pone una serie de supuestos en los que las operadoras pueden conservar distintos datos como el tráfico o la localización del usuario, y entre esos supuestos no está el uso estadístico de los mismos. Es un uso ilegal», apunta este letrado en conversación con Teknautas.
Para Maeztu, la decisión del INE va contra esta ley y por tanto lo de cumplir con la LOPD no sirve de nada si no se cumple con este primer requisito. «Las operadoras no les pueden ceder estos datos con el objetivo que buscan, por tanto lo de que sean anónimos o no, no importa», apunta el abogado. Y el asunto no solo se queda en algo nacional, sino que esta operación puede saltar a la justicia europea. «El TJUE ya anuló hace años una directiva de conservación de datos, que es a la que hace referencia nuestra ley, por los problemas con la recopilación de este tipo de datos para usos estadísticos. En Europa se toman muy en serio este tema».
De momento no hay más información oficial sobre el acuerdo entre el INE y las operadoras que aclare, por ejemplo, si se van a recabar más datos que los recuentos de móviles por zonas aunque no se vayan a publicar. Este diario sí ha podido confirmar que el acuerdo económico de cesión de datos entre las tres operadoras y el INE asciende a medio millón de euros: 185.000 para Orange, 163.000 para Vodafone y 150.000 para Vodafone.
Para Maeztu, que haya una finalidad comercial por parte de los operadores en la cesión de estos datos, aunque sean anónimos, es un incumplimiento aún más claro de la ley de conservación de datos. «La ley establece claramente que si existe una finalidad comercial, se debe pedir el consentimiento expreso de los clientes, y eso no ha ocurrido aquí. Los contratos que firmamos no son una petición de consentimiento expreso: ¿qué hay, por ejemplo, de la gente con móviles prepago?».
Sin embargo, su opinión choca con la de otros expertos como el también abogado especialista en tecnología Sergio Carrasco, que defiende que si de verdad lo que se cede al INE son ‘datasets’ anonimizadas y sin posibilidad de identificar a ningún usuario, estas leyes no afectarían en este caso. «Todo depende de la granularidad de los datos que se ofrezcan. Según el INE van a dividir el territorio en celdas aglutinando a un gran número de personas por celdas y viendo cómo se mueven todos esos usuarios. Si las celdas son amplias y no se trata con detalle la información de cada usuario no harían nada ilegal», apunta este experto.
Según explica Carrasco, esta práctica es algo más que habitual en todo tipo de empresas e incluso las telefónicas tienen sus propias divisiones para tratar toda esta información. «Son como esos estudios estadísticos que te dicen cómo ha votado tu barrio o qué nivel económico de media hay en tu distrito. Te ofrecen las zonas en celdas que muestran los datos pero en ningún momento se da información con el detalle de uno u otro usuario. Ahí está la clave, en que la granularidad sea tan grande que impida cualquier identificación, además de que los datos sean, obviamente, anónimos».
Por su parte, fuentes consultadas de los operadores insisten en señalar que el acuerdo es legal ya que se basa en la “venta de datos totalmente anónimos”. “Es un uso legítimo de los datos en función de nuestro negocio. Solo hay información anónima: por ejemplo, cuánta gente pasa por un sitio en un determinado momento, cuántos son hombres y cuántas mujeres, etc”, explica un portavoz de Orange. “Son datos anónimos y agregados, no hay ninguna duda sobre su legalidad”, señalan desde Telefónica.
