Vox exige que le quiten el sueldo a los «presos golpistas» suspendidos de sus funciones

El Grupo Parlamentario Vox ha registrado un escrito a la Mesa del Congreso donde solicita que no se pague salario alguno a los cuatro diputados en prisión preventiva suspendidos por el Supremo. Con ello, la formación que lidera Santiago Abascal pretende evitar que casi 20.000 euros “de todos los españoles acaben en manos de quienes han atentado contra el orden constitucional”.

Iván Espinosa de los Monteros, portavoz del grupo parlamentario, ha sido el encargado de registrar el escrito acompañado por la secretaria general del Grupo, Macarena Olona, y del senador de Francisco José Alcaraz, que presentará ante el Senado la misma petición en referencia, esta vez, al senador golpista Raúl Romeva.

El escrito recuerda que “la condición de diputado lleva aneja una serie de derechos y deberes parlamentarios” entre los que figuran derechos económicos que, salvo circunstancias particulares, se devengan con carácter retroactivo desde la fecha de celebración de las Elecciones (28 de abril). En este sentido, y de acuerdo a la información publicada en la Intranet del Congreso, estas retribuciones e indemnizaciones serían, según indican en su escrito desde el pasado 28 de abril hasta la fecha de abono (finales de mayo), las siguientes: asignación mensual para los diputados -2.981,86- e indemnización por residencia distinta a Madrid -1.921,20-, lo que suma un total de 4.903,06 euros para cada diputado al mes.

Una vez determinada la suspensión de los diputados Oriol JunquerasJosep RullJordi Sánchez y Jordi Turull, Vox solicita que los efectos de esa suspensión se contemplen desde 28 de abril y no desde el 21 de mayo, como señaló la Mesa tras el anuncio de la suspensión de los presos.

Además, destacan que la resolución judicial que acordó la situación de prisión preventiva de los diputados electos suspendidos es “muy anterior a la fecha en la que resultaron elegidos” y, por tanto, muy anterior también a la del mencionado 21 de mayo de 2019.
Por otro lado, y referido ya a la cuestión de la residencia fuera de Madrid, el escrito presentado por Vox recuerda que Junqueras, Rull, Sánchez y Turull “se encuentran residiendo temporalmente en el Centro Penitenciario Soto del Real, en Madrid”, por lo que, indican, la indemnización de 1.921,20 que corresponde por no residir en Madrid “carece de causa y fundamento, y, por ende, en modo alguno procede su abono, teniendo en cuenta que el día de la Sesión Constitutiva los diputados se desplazaron al Congreso a costa del Estado, en vehículos policiales oficiales. Así, el pago de indemnización por desplazamiento supondría que el Estado asumiera “un doble pago por un mismo concepto”.

Además Vox reclama, que los diputados electos presos devuelvan todos los recursos materiales que el Congreso les haya entregado para el ejercicio de su función parlamentaria “iphone, maletín de cuero y cualesquiera otros elementos materiales entregados”.