La Comisión Europea ha hecho circular de cara a la cumbre europea de este miércoles una fórmula para garantizar que Reino Unido no podrá bloquear el funcionamiento del club si el Brexit se prolonga hasta 2020, según señalan fuentes diplomáticas. La propuesta pretende tranquilizar a los socios comunitarios que se resisten a una prórroga larga por miedo a que Londres sabotee la UE desde dentro. El plan apunta a una configuración tácita de 27+1 que permitiría a los Estados miembros pactar por su cuenta la legislación en marcha y presentársela a Londres como un hecho consumado, pues en la inmensa mayoría de áreas no existe el derecho de veto. Bruselas pugna así por aplazar el Brexit hasta el 31 de marzo de 2020, aunque la opción mayoritaria de momento apunta al 31 de diciembre de 2019, según las mismas fuentes.
La propuesta de la Comisión, que podría hacerse oficial en la cumbre extraordinaria sobre el Brexit que esta tarde en Bruselas, pretende perpetuar la fórmula del Consejo con 27 miembros utilizada durante las negociaciones con Londres para el acuerdo de salida.
El club ha utilizado esa configuración para reunirse por separado, tanto a nivel de presidentes de Gobierno como de ministros o embajadores, para poder pactar las condiciones del Brexit sin la presencia en la sala de representantes británicos. La fórmula, que se apoyaba en el artículo 50 del Tratado de la UE, que regula el mecanismo de salida de un socio, ha permitido a los Veintisiete mantener un frente unido durante los casi dos años de negociación y presentarse siempre ante Londres con una posición común prácticamente imposible de soslayar.
La Comisión propone ahora prolongar ese método de trabajo y extenderlo a todos los formatos de reuniones del consejo de ministros de la UE en caso de que la salida del Reino Unido se aplace hasta 2020, como desean algunos socios comunitarios.
La propuesta del 27+1, que algunas fuentes diplomáticas atribuyen directamente al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, pretende convencer a los socios que, con Francia a la cabeza, se resisten a una extensión demasiado larga, por miedo a que la presencia del Reino Unido envenene la convivencia en el seno del club.
El plan no tiene una base jurídica específica. Pero Bruselas espera apoyarse en el precedente del funcionamiento de la zona euro y en unas conclusiones de la cumbre de este miércoles que, en su borrador actual, ya clasifican a Reino Unido en una nueva categoría intermedia de «Estado miembro en proceso de salida», es decir, a medio camino entre socio de pleno derecho (que lo seguiría siendo) y país tercero (objetivo al que aspira Londres desde el referéndum de 2016).
El precedente de la zona euro se remonta a 1997, cuando los futuros miembros de la unión monetaria plantearon la necesidad de disponer de un foro propio donde sus ministros de Economía y Finanzas pudieran reunirse sin presencia de los países que mantuvieran su propia moneda. La idea provocó una gran sacudida y países como el Reino Unido intentaron bloquearla.
Londres logró entonces que el nuevo foro (el llamado Eurogrupo) solo tuviera carácter informal y que el poder de decisión quedara reservado al Ecofin (donde se sientan los ministros de Economía de toda la UE). Pero al poco tiempo, el Eurogrupo (que empezó con 11 miembros y ya cuenta con 19) se convirtió en el verdadero órgano de decisión en materia económica, porque todos los debates del Ecofin llegaban precocinados y con acuerdos suscritos por los socios del euro. El Eurogrupo ha acabado siendo el órgano fundamental de la gobernanza económica de la Unión y su existencia y funcionamiento ya está recogido incluso en un Protocolo del Tratado de la UE.
Juncker, que presidió durante muchos años el Eurogrupo, parece dispuesto a trasladar el mismo esquema al resto de foros ministeriales, que incluyen desde Exteriores a Agricultura, o Industria y Justicia e Interior. Una vez que los 27 ministros de cada área hayan pactado una posición común (por mayoría cualificada o por unanimidad), el voto del Reino Unido pasaría a ser irrelevante.
Tan solo en ciertas áreas de fiscalidad o política exterior Londres dispondría de derecho de veto como el resto de capitales. Pero las instituciones comunitarias han llevado a cabo un inventario informal sobre la actividad legislativa previsible durante la segunda mitad de 2019 (después de las elecciones del Parlamento Europeo) y principios de 2020 y consideran que se trata de un período «valle», en el que la mayoría de las iniciativas se encontrarán en su fase inicial y no serán susceptibles de posible bloqueo.
El capítulo más sensible sería el de los próximos presupuestos de la UE (para el periodo 2021-2027), que deben aprobarse por unanimidad. Pero Bruselas calcula que la aprobación formal de ese marco financiero no se producirá hasta finales de 2020, cuando el Reino Unido podría ya haber abandonado el club o haber renunciado al Brexit de manera definitiva.
Bruselas insiste en que la propuesta del 27+1 no convierte al Reino Unido en un socio de segunda categoría, porque seguiría disfrutando de todas sus prerrogativas y de su presencia en las instituciones, desde la Comisión al Parlamento o al Tribunal de Justicia de la UE. Pero el plan visualiza un ninguneo que puede alentar el resquemor británico. Un factor, que junto a la prórroga interminable, podría incluso ayudar a la primera ministra, Theresa May, a convencer al ala más euroescéptica de su partido conservador a aprobar el acuerdo de salida.
El blindaje circulado por la CE llega horas antes de que la UE y Reino Unido vuelven a reunirse este miércoles al borde del precipicio de un Brexit sin acuerdo. El 21 de marzo, a ocho días del plazo fijado para la salida del Reino Unido de la UE (29 de marzo), ya lograron pactar una primera prórroga que expira este viernes 12 de abril. En esta segunda ocasión, el abismo se encuentra a solo 48 horas. Y aunque la mayoría de los socios comunitarios son partidarios de prolongar un proceso para evitar una ruptura brutal, las divisiones son patentes respecto a la duración y condiciones del nuevo aplazamiento.
Las reuniones previas de este martes (a nivel ministerial en Luxemburgo y de embajadores en Bruselas) han pergeñado ya un primer borrador de acuerdo, aunque los elementos esenciales siguen abiertos y pendientes de la reunión de los 27 presidentes de Gobierno de la UE que comienza a las 18.00 de este miércoles en la capital comunitaria.
El pacto, además, debe ser aceptado por May, que asistirá a la primera parte de la cumbre para solicitar una prórroga del Brexit hasta el 30 de junio. La primera ministra británica está convencida de que antes de esa fecha podrá alcanzar un acuerdo con la oposición laborista para aprobar el acuedo de salida, pactado con la UE el pasado 25 de noviembre y bloqueado desde entonces en el Parlamento británico.
La mayoría de los socios, sin embargo, desconfían de la capacidad de la primera ministra para sacar adelante el acuerdo y trabajan ya sobre otras alternativas para evitar que la incertidumbre sobre el Brexit siga secuestrando casi por completo la agenda comunitaria.
