Casado obligará a todos los cargos electos a acatar con claridad la Constitución

El candidato del PP, Pablo Casado, presentará esta mañana en Barcelona 500 medidas “para cambiar España”. El programa electoral se estructura en 10 bloques, que siguen la estructura del decálogo enunciado por Casado en la Convención Nacional de enero, su “Contrato con España”.

El documento incluye un bloque de propuestas de defensa de la Constitución y de fortalecimiento de España. Para reforzar la cohesión nacional impulsará medidas legislativas como la Ley de Lengua, la Ley de Símbolos Nacionales y la Ley de Concordia. Además, por ejemplo, se tipificará la convocatoria ilegal de referendos y se prohibirán los indultos por rebelión y sedición.

Otra de las medidas que recoge el programa es una iniciativa para garantizar el correcto cumplimiento del requisito de prestación de juramento o promesa de la Constitución por parte de todos los cargos electos y autoridades públicas, prohibiendo cualquier variación o añadido que desnaturalice o vacíe de contenido dicho acto de acatamiento.

En este sentido, el PP considera que debe exigirse claridad y certeza a la hora de solemnizar un compromiso de acatamiento. La fórmula del Juramento de la Constitución es siempre intangible y solemne, por lo que su incumplimiento supondría la pérdida de condición de parlamentario.

En materia fiscal, el Partido Popular defiende dos principios: impuestos bajos y estabilidad presupuestaria porque considera que donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los ciudadanos y que los presupuestos deben responder a los criterios de estabilidad y reducción de deuda. Por ello, Casado impulsará una revolución fiscal que reduzca el IRPF, situando el tipo máximo por debajo del 40%; una bajada del Impuesto de Sociedades a un tipo máximo del 20%; la supresión de los impuestos de Sucesiones, Donaciones y AJD. Además, el PP apuesta por blindar fiscalmente el ahorro para la jubilación.

El programa también subraya que el derecho a la educación pertenece a las familias y al Estado le corresponde proteger la libertad de los padres de elegir la educación de sus hijos, el desempeño profesional de los docentes y la convivencia de los modelos público, concertado y privado, vertebrando, en todo caso, los elementos comunes.

Por eso, el PP aprobará una ley que garantice la libertad educativa, que la lengua vehicular ordinaria de la enseñanza en todo el territorio sea el castellano y un MIR educativo para seleccionar a los mejores profesores.