Se define en su página web como una «coach» profesional especializada en identidad personal y su trabajo está orientado hacia personas con atracción al mismo sexo y adicción a la pornografía. Promete «cambio de hábitos y comportamiento» a todos aquellos que pasan por su grupo de trabajo. Sin embargo, la Comunidad de Madrid decidió ayer abrir un proceso sancionador contra Elena Lorenzo, que fue denunciada en 2016 por ofrecer terapias para curar la homosexualidad, lo que vulnera la ley LGTBIfobia y la discriminación por razón de orientación en identidad sexual. Tendrá que enfrentarse a una multa que oscila entre los 20.000 y los 45.000 euros. La cantidad exacta se decidirá dentro de seis meses, cuando pase el período de alegaciones, pero está calificado como una infracción «muy grave» en el artículo 70.4 de la norma «la promoción y realización de terapias de aversión o conversión con la finalidad de modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona». Es más, da igual que haya consentimiento o no por la personas sometidas a tales terapias.
En su web la sancionada cuenta «casos de éxito» entre los que figura el caso de Leonora, que «dejó atrás el lesbianismo», el de Mónica, una mujer consagrada, que dice que «ha recuperado su verdadera identidad sexual», o el de otro terapeuta estadounidense que asegura haber encontrado «el hombre que hay en mí después de ser consumidor habitual de pornografía transexual».
Ayer precisamente la Comunidad de Madrid anunció la apertura de una investigación por los cursos del obispado de Alcalá para revertir supuestamente la homosexualidad después de que se presentaran varias denuncias. Primero fue Eduardo Fernández Rubiño quien, pese a ser diputado por Podemos esta legislatura, la presentó en nombre de Más Madrid, la lista por la que acude a las elecciones autonómicas. Después vinieron otras en idénticos términos de Arcópoli y Cogam, al considerar que «este tipo de terapias no hacen más que ahondar en el sufrimiento de las personas».
El vicepresidente madrileño Pedro Rollán manifestó ayer que «independientemente de que sea una clínica particular o de cualquier otra índole, se hará una investigación y, si como resultado se determina que se ha incurrido en algún tipo de incumplimiento en base a la legislación LGTBI, se aplicará la sanción».
La asociación Arcópoli valora la posibilidad de interponer una denuncia penal por delito de odio ante la Fiscalía, ya que la Comunidad puede imponer sanciones económicas, pero sólo un juez puede frenar la actividad.
El Obispado de Alcalá, por su parte, califica la acusación de «difamación». «Estamos ante la fabricación de “fake news”, en el colmo de la desinformación de la que habla el Papa Francisco».
Según ha informado la Comunidad de Madrid, se han incoado 18 procedimientos sancionadores (17 leves) de los que 14 han sido objeto de sanción por vulneración de diferentes artículos de la ley. En estos casos la cuantía de las sanciones impuestas han oscilado entre el apercibimiento, en un caso, y los 200 y 1.500 euros en el resto. Así, las 14 sanciones impuestas hasta ahora se han producido por utilizar o emitir expresiones vejatorias por razón de orientación sexual e identidad, expresión de género o que inciten a la violencia contra la persona, sus familias, en la prestación de servicios públicos, en cualquier medio de comunicación o en redes sociales o por discriminar a un trabajador por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género.
