Si Theresa May tenía alguna opción de ver su acuerdo aprobado, el fiscal general del estado Geoffrey Cox acabó con ella casi de forma definitiva. En su análisis legal de las «garantías» que la primera ministra consiguió ayer respecto a la «salvaguarda» de la frontera irlandesa de su reunión a última hora con el presidente de la Comisión Europea Jean Claude Juncker, Cox argumenta que, si bien los nuevos documentos aportados ayer «reducen el riesgo» de que el Reino Unido permanezca indefinidamente en la polémica salvaguarda irlandesa, el «riesgo legal» permanece «sin cambios».
Lo que supone un mazazo para la «premier», que necesitaba vender esas garantías como cambios definitivos a pesar de no haber conseguido reabrir el texto de retirada de la UE.
Por tanto, parece que el remodelado acuerdo de May volverá a ser rechazado de nuevo esta tarde. De hecho, tanto el DUP, el partido unionista de Irlanda del Norte (cuyos votos son necesarios para aprobar el acuerdo), como el bando más euroescéptico «tory» ya se han posicionado y, si nada cambia, rechazarán de nuevo el pacto abocando al Parlamento a decidir en los días próximos si salir sin acuerdo o retrasar la fecha de salida del club comunitario, el 29 de marzo.
Cox trató de salvar los muebles en el Parlamento tras haber publicado su análisis y pidió a los diputados hacer una «valoración política» del acuerdo y «votar a favor de él» a pesar de que con su documento hundiese las opciones de que fuera apoyado.
En su informe asegura, además, que a pesar de haber creado, en esa «póliza de seguro» firmada ayer, un «instrumento interpretativo» o un mecanismo de arbitraje, el Reino Unido no tendría la garantía de poder renunciar unilateralmente a la salvaguarda irlandesa en el caso de que fuera activada a no ser que desde la UE actuaran de mala fe.
