El Gobierno acusa a Arrimadas de «internacionalizar» la crisis catalana con su viaje a Waterloo

El Gobierno ha calificado hoy de «insensatez» el viaje de la líder de Ciudadanos en CataluñaInés Arrimadas, este domingo a Waterloo (Bélgica) para decirle a Carles Puigdemont que «la república no existe y que no es presidente de nada». La visita a esta ciudad, junto a otros diputados de su grupo, ha generado una importante polémica ya que el ex president de la Generalitat, que se fugó a este país para eludir la acción de la Justicia española, ha ofrecido a Arrimadas mantener una reunión y recibirla en su residencia, considerada por los independentistas como la sede de un supuesto gobierno en el exilio.

Arrimadas ha rechazado la oferta pero la portavoz del Ejecutivo y ministra de Educación, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, no ha desaprovechado la ocasión de pronunciarse sobre este asunto. «Ahora que el Tribunal Supremo está haciendo su tarea no es sensato anunciar un viaje a Waterloo para insistir en una política de confrontación que sólo beneficia a los más radicales», ha dicho, refiriéndose al juicio contra los líderes secesionistas.

Para Celaá «que quienes defienden la acción de la Justicia española ayuden a internacionalizar la tensión y el daño causado por el independentismo es una insensatez». En la línea de la dureza emprendida contra los independentistas tras la ruptura del diálogo iniciado con la Generalitat y la convocatoria de elecciones generales, la portavoz ha manifestado hoy que «el Gobierno de Pedro Sánchez va a seguir defendiendo el orden constitucional, no nos vamos a apartar ni un milímetro de ese principio».

«No nos vamos a cansar», ha destacado, «de pedir sensatez y de buscar espacios de diálogo y moderación». La ministra ha indicado que esta misma semana el Rey«nos ha recordado a todos que no es admisible apelar a una supuesta democraciapor encima de la ley», en alusión al planteamiento de los separatistas catalanes de que la voluntad de parte del pueblo catalán y su mandato se impone al cumplimiento de la legalidad.