El juicio al procés en el Tribunal Supremo empezará el próximo 12 de febrero. Tras una deliberación que se ha alargado más de lo previsto, fuentes jurídicas informan de que el tribunal ha fijado este viernes la fecha de inicio de la vista oral que sentará en el banquillo a Oriol Junqueras y los otros 11 dirigentes independentistas a los que la Fiscalía acusa de rebelión, malversación y desobediencia. Durante las sesiones, que se prolongarán alrededor de tres meses, comparecerán decenas de testigos, entre ellos el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, el lehendakari Iñigo Urkullu, el presidente del Parlament, Roger Torrent, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
El Supremo ha apurado al máximo la difusión de la fecha de inicio de la vista en la que se va a juzgar el pulso soberanista al Estado que desembocó en la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017 y la declaración de independencia unilateral 26 días más tarde. El día ha sido fijado después de que las defensas de varios de los acusados advirtieran al tribunal de que anunciar el inicio del juicio con poca antelación vulneraría su derecho a la defensa. El abogado del exvicepresidente Oriol Junqueras y del exconsejero Raül Romeva pedía tres semanas de plazo, mientras que la del presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, consideraba que menos de una semana era «insuficiente».
Finalmente, las defensas tendrán 11 días para preparar las primeras sesiones. El Supremo solo ha fijado por ahora seis días de los alrededor de tres meses que se estima que durará la vista: el 12, 13, 14,19, 20 y 21 de febrero. En esos días la sala pretende abordar las cuestiones previas y el interrogatorio de los procesados. Las sesiones empezarán a las 10.00.
El ministerio público pide entre 7 y 25 años de cárcel para los 12 acusados: además de Junqueras, los exconsejeros Raül Romeva, Josep Rull, Jodi Turull, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Borràs; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la ANC y actual diputado de la ANC Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart. En un auto redactado por Manuel Marchena, el presidente del tribunal que va a juzgar a los líderes independentistas, el Supremo responde a las peticiones de pruebas y testigos que las defensas de los 12 procesados han solicitado.
La Fiscalía había pedido un total de 256 testigos y la Sala los ha aceptado todos. Entre los citados están el exsecretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto, el exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Milló y el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, encargado de coordinar el operativo policial que debía impedir la celebración del referéndum ilegal de 1 de octubre de 2017. La Fiscalía, que acusa de rebelión a los líderes del intento de independencia del otoño pasado, pretende apuntalar la idea ante el tribunal de que los mandos policiales advirtieron el 28 de septiembre a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras de la posibilidad de que se produjeran actos violentos si seguían adelante con la consulta. La Abogacía del Estado se había adherido a las peticiones del ministerio público y Vox había solicitado 69, entre ellos a Rajoy. Las defensas, por su parte, habían solicitado más de 400.
La Sala ha aceptado la petición para que comparezca diputados como Gabriel Rufián y Joan Tardà, la ex coordinadora general del PDeCAT Marta Pascal y ciudadanos que resultaron lesionados en los hechos enjuiciados, así como agentes de policía y guardias civiles que también sufrieron heridas.También van a ser lamados la exconsejera de Presidencia Neus Munté, el exjede de los Josep Lluís Trapero (procesado por rebelión en la Audiencia Nacional), el que fuera número dos de Junqueras en el Departamento de Economía, Josep Maria Jové, y los cuatro exmiembros de la Mesa del Parlament a los que el Supremo procesó por desobediencia pero que finalmente serán juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Lluís Guinó, Anna Simó, Lluis Corominas y Joan Josep Nuet).
El tribunal rechaza testificales como la del Rey porque lo prohíbe expresamente el artículo 411 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tampoco ha admitido el testimonio del jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín, al no admitir la ley el sistema de «testigo por sustitución» que proponían las defensas
Tampoco ha sido declarada pertinente la declaración propuesta por Vox de Alfredo Pérez Rubalcaba, al venir referido su testimonio a hechos anteriores a la consulta de 2014. También han sido excluidos Carles Puigdemont y algunos de los procesados que están declarados en rebeldía en el mismo proceso. En su auto la sala razona que esa condición es «manifiestamente incompatible» con el deber de declarar y la obligación de decir verdad que asume todo testigo.
Entre los testigo descartados por el Supremo se incluye a Pilar Rahola, al entender los magistrados que «son prescindibles las valoraciones de la testigo propuesta». Se rechaza también la petición de que acuda como testigo de Ignacio Cosidó, actual portavoz del Senado por el PP. En su auto, el Supremo señala que esta solicitud se basaba en las dudas vertidas sobre la imparcialidad del presidente del tribunal de enjuiciamiento, Manuel Marchena, y estas dudas ya fueron descartadas por la Sala del 61 del Tribunal Supremo cuando rechazó la petición de las defensas de que se recusara al presidente del tribunal.
Otra de las propuestas de las defensas era que acudieran observadores nacionales e internacionales para garantizar el respeto a los derechos humanos de los procesados. El Tribunal Supremo rechaza esa posibilidad: «La Sala coincide plenamente con la defensa a la hora de subrayar la importancia de observadores que conviertan su presencia en un sano elemento de fiscalización del ejercicio democrático de la función jurisdiccional. Precisamente por ello ha autorizado -superando así restricciones históricas todavía vigentes en la mayoría de los países de nuestro entorno- que las sesiones del juico sean televisadas en directo y mediante streaming en la web. La consecuencia inmediata es que todo ciudadano que quiera convertirse en observador, nacional o internacional, del desarrollo del juicio podrá hacerlo. Y no en el limitado número de cinco que sugiere la defensa». El Supremo señala que ha optado «por una fiscalización incondicionada de todas y cada una de las sesiones del plenario. Se eluden los problemas que se derivarían de la falta de acreditación, por aquellos a quienes las partes atribuyen la condición de observadores imparciales, de un estatuto de neutralidad e independencia económica respecto de sus proponentes», añade el tribunal.
