El Supremo, en la antesala del juicio al «procés»: «No existe derecho a votar fuera de la ley»

En la antesala del juicio al «procés», el Tribunal Supremo ha recordado cuál es el perímetro de juego de la democracia española. Y ha anticipado sus tesis sobre algunos debates previsibles en la vista oral contra el plan secesionista ilegal, un juicio histórico cuyo pistoletazo de salida apunta a una fecha próxima al 5 de febrero.

Ningún derecho se despliega fuera de la ley –el pilar del Estado de Derecho– y no hay espacio para un referéndum fuera de la legalidad. Alto y claro, en la sentencia sobre la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014, el Alto Tribunal ha marcado el camino.

Con estos argumentos, el Supremo comunicó ayer la sentencia en la que rebajó a un año y un mes la condena de inhabilitación impuesta al expresidente de la Generalitat Artur Mas, el antecesor de Carles Puigdemont y cuyos planes sembraron la semilla del «procés». La decisión, fruto de la resolución del recurso de casación presentado por Mas, ya se conocía, pero ayer se difundió la redacción del fallo.

Los magistrados –entre ellos dos que formarán parte del juicio del «procés»: Antonio del Moral y Luciano Varela– también disminuyeron a nueve y seis meses las inhabilitaciones de la exvicepresidenta catalana Joana Ortega y de la exconsejera Irene Rigau.

En el fallo, el Supremo rebate la tesis de los líderes del «procés» de que cumplían un supuesto mandato democrático derivado de las urnas, que califica de «muy débil excusa». «Esos derechos–en relación a los de participación política– han de ejercitarse según las leyes», sostiene el Alto Tribunal, que compara la votación ilegal con un ciudadano que intentara colarse en el Consejo de Gobierno, «alegando su condición de ciudadano y su derecho a participar en los debates públicos». Tampoco se puede votar para decidir si una persona sometida a un proceso es culpable o inocente, añaden como ejemplo, aunque la Justicia emane del pueblo en su fundamento. Si se desarrollan fuera de la ley y la Constitución, no son derechos.

«No existe derecho a votar en una consulta convocada al margen de la legalidad», argumentan sin dejar dudas los jueces, que califican de «miópe» esa argumentación al desamparar y condenar al «ostracismo» a los ciudadanos que decidieron confiar en la Justicia y abstenerse de votar.

Sobre el 9-N, el Supremo desmonta la coartada de Mas, que se escondió en una supuesta vaguedad de la prohibición del Constitucional. «Quedaba meridianamente claro qué actuaciones no venían consentidaspor ser abiertamente vulneradoras».

En el «procés», doce líderes secesionistas rendirán cuentas por empujar a la independencia por las vías ilegales, asumiendo la violencia como un medio, y llegando a declarar la secesión. Se enfrentan a delitos de rebelión, sedición y malversación. Cuenta atrás.