El Gobierno central ha impedido al barco Open Arms zarpar en una misión de rescate al Mediterráneo al considerar que en otras operaciones se han incumplido normativa internacional que obliga a desembarcar a los rescatados en el puerto seguro más cercano, y la ONG catalana Proactiva Open Arms ha recurrido esta decisión porque «lesiona derechos» constitucionales.
Fuentes de la Delegación del Gobierno en Catalunya han explicado a Europa Press que se trata de una decisión que obedece a criterios técnicos de la Dirección General de la Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Fomento, y que ha permitido a la entidad presentar un recurso para poder operar con garantías.
El fundador de esta organización, Óscar Camps, ha asegurado en su cuenta de Twitter que «el Capitán Marítimo de Barcelona nos ha denegado el permiso para zarpar a la zona SAR», área del Mediterráneo situada frente a las costas de Libia.
«Impedirnos salvar vidas es irresponsable y cruel. Políticos cobardes ponen en marcha el contador de muertos», afirma Camps en su mensaje en las redes sociales.
El jefe de la Capitanía Marítima de Barcelona -integrada en la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes del Ministerio de Fomento-, Javier Valencia, ha denegado el despacho del 8 de enero con destino a la zona SAR de Libia «hasta que no garantice que existe un acuerdo para el desembarco de los auxiliados con las autoridades responsables de las zonas» concernidas.
Según el texto, recogido por Europa Press y dirigido al capitán del barco, afirma que en las últimas misiones de auxilio en regiones de búsqueda y rescate (zonas SAR) no españolas de la ONG se ha «omitido manifiestamente el cumplimiento» de la normativa, ya sea por responsabilidad del buque o de las autoridades de las zonas SAR.
«El buque se está viendo forzado a navegar durante varios días, cruzando el Mediterráneo, para desembarcar a las personas rescatadas en la mar muy lejos del lugar de rescate», lo que se ha repetido varias veces y se aparta de los procedimientos de operaciones reguladas internacionalmente -con coordinación de la autoridad de la zona y desembarque cercano al rescate-.
También considera que el buque «no cuenta con certificados de seguridad que le habiliten a transportar más de 18 personas», por lo que situaciones en las que se supere esta cifra tienen que durar el mínimo posible y hacerse según disposiciones internacionales sobre el salvamento concebidas para emergencias, lo que considera que se está obviando.
El buque Open Arms se encuentra en la actualidad el puerto de Barcelona, donde espera autorización para trasladarse a las costas de Libia y reanudar los rescates marítimos.
La entidad ha presentado un recurso de alzada contra esta denegación, alegando que esta resolución «no atribuye uno sPlo de estos incumplimientos al capitán del buque Open Arms ni a su tripulación, pues todos los incumplimientos se atribuyen en abstracto y en tercera persona a las autoridades responsables; en definitiva, los Estados».
Consideran la denegación de salida al buque «nula de pleno derecho porque lesiona derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional», además de asegurar que el capitán marítimo se excede en sus competencias, además de ver una desviación de poder.
Solicitan al Capitán Marítimo de Barcelona que admita el recurso y, al director general de la Marina Mercante, que lo admita y dé instrucciones para su salida. En reiteradas ocasiones, Open Arms -junto a otras ONG como Sea Watch- ha criticado que se consideren seguros puertos como los de Libia, donde aseguran que se producen torturas y violaciones en campos de refugiados, de los que algunos refugiados que rescatan han huido.
